Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, podrían enfrentarse a seis años de cárcel por los presuntos tratos “vejatorios” contra la tía de ella

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, acusados de un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal. El Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) abrió esta causa tras la muerte de la tía de Arancha, que se llamaba Isabel Suárez, tenía 85 años y falleció el 28 de julio de 2021 en la casa del actor y su pareja.

Amos enviaron el cuerpo de Isabel, quien tenía un diagnóstico de demencia y otras enfermedades propias de la edad, a Asturias, donde tenía fijada su residencia habitual. Junto a sus restos había un certificado donde se registraba que la muerte se había producido por causas naturales. Los familiares de la fallecida sospecharon de que podría tratarse de una muerte no natural y solicitaron una autopsia que determinó que se trató de una muerte de etiología homicida, por envenenamiento con cadmio y manganeso.

Pero informes forenses posteriores consideraron que no había datos objetivos para asegurar eso, y que esa cantidad de metales pudo deberse a una redistribución postmortem. En 2022, la Guardia Civil detuvo a Luis Lorenzo y a Arancha Palomino como presuntos autores de la muerte de Isabel, quienes la habrían envenenado para quedarse con la herencia de esta. Y es que la pareja había invitado a Isabel a pasar unos días a su casa de Rivas Vaciamadrid para cuidar a sus hijos, durante pocos días. Una vez en su domicilio, la mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos y le impidieron hablar con ellos.

Seis años de cárcel

Ambos mantuvieron aislada a la tía de Palomino durante varios meses, sometiéndola a un “absolutamente vejatorio” y tratando de quedarse con todo su dinero, sin apreciar el presunto delito de homicidio por el que abrió la causa, ya que no se ha aclarado el motivo de la muerte de la anciana.

Así lo expone el fiscal en su escrito de acusación de cara al juicio, cuya fecha aún no ha sido fijada, en el que acusa a la pareja de un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal, y a la persona contratada para cuidarla los últimos meses de su vida de un delito contra la integridad moral, por el que pide para ella dos años y medio de cárcel.

El pasado mes de febrero la magistrada propuso juzgar a ambos y a una cuidadora de la anciana por “aislar” e “incomunicar” a la fallecida, con el objetivo de controlar su patrimonio, sin concretar el delito específico. Ahora la Fiscalía pide para la pareja seis años de prisión por tener a la mujer aislada de forma “sistemática” durante varios meses, sometiéndola a un trato “absolutamente vejatorio”, ya que la privaban de los cuidados y atenciones más básicos, como la higiene, y además trataron de hacerse con su dinero.

Para la cuidadora pide dos años y medio de cárcel, puesto que accedió a cuidarla por un sueldo elevado —cobró 6.300 euros en dos meses— pese a ser “totalmente consciente del deplorable estado en el que se hallaba, de la falta de atención, cuidado e higiene”.

Su objetivo: las cuentas bancarias de Isabel

Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino se aprovecharon de que la anciana se encontraba fuera de su entorno habitual y padecía deterioro cognitivo, cuya gravedad aumentó de manera “fulminante” desde su traslado a Madrid, y la privaron de los cuidados y atenciones más básicos, obligándola a ir a los baños de la urbanización, no dándole la medicación que necesitaba, ni espesante para la comida.

No le proporcionaron andador ni silla de ruedas, discutían con ella, “a veces a gritos”, y en una ocasión dejaron a la anciana nueve horas en un restaurante de un centro comercial porque se fueron con su hijo a un parque temático. Los acusados perseguían controlar el dinero de la cuenta corriente de la anciana porque lo necesitaban para mantener su ritmo de vida y soportar importantes gastos mensuales “sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos”, añade esta acusación.

Así, el 7 de mayo de 2021 llevaron a la mujer a un notario donde revocaron su testamento anterior y designaron heredera de todos sus bienes, a excepción de dos fincas rústicas, a Arancha, y tres semanas después regresaron a la notaria para que la anciana le diera a su sobrina un poder especial para disponer de su dinero.

Cuando se dieron cuenta de esto era insuficiente para realizar todas las gestiones que querían hacer, regresaron a la notaria para que ampliara dicho poder, pero el notario se negó al ver que la mujer carecía de capacidad para ello, por lo que la llevaron a otro notario, que también se negó. Ambos acusados lograron acceder a la cuenta corriente que tenía la mujer con un saldo de 60.884 euros y en la que percibía una pensión de 950 euros mensuales, y fueron incorporando dinero a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400 euros en total.

Con información de EFE