La Justicia belga ordena el embargo de 32 millones a España por impagos en el sector de las renovables

La Justicia belga ha autorizado este jueves 11 de julio el embargo de 32 millones al Reino de España por los impagos de las renovables y su cobro por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments. Los tribunales belgas de esta forma siguen los pasos de los británicos, que autorizaron el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo, según informaron fuentes jurídicas.

Estos pagos, transferidos de forma mensual por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarán a manos de Blasket Renewable, una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.

La Justicia belga responde a una petición presentada en un principio ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por el fondo estadounidense.

En su decisión, el juez Degreef señala que los artículos 1.412 y 1.539 del Código Penal belga abren la posibilidad del embargo de activos a terceros países. Este mecanismo permite a los acreedores solicitar el embargo de los ingresos españoles en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol canaliza mes a mes en sus pagos a la empresa pública Enaire.

En su fallo, el juez concluye que “el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado” y considera asimismo que “no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables”.

Por otro lado, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaron a Europa Press que el Reino de España no ha sido notificado de este intento de ejecución en Bélgica por parte del fondo americano del laudo arbitral.

Desde el Gobierno señalan que el Reino de España “se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional”.

Además, consideraron que el fondo americano, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas, instando al embargo de los derechos de crédito que Enaire, entidad encargada de prestar servicios de navegación aérea, ostenta frente a Eurocontrol, organismo internacional.

La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros, partiendo de un laudo original de 28 millones al que se sumaron cuatro millones en intereses de demora. Además, España ha pagado más de 4,6 millones en condenas en costas, llegando la factura total por esta disputa a unos 41 millones de euros.

Las 26 empresas de energía renovable afectadas por los impagos indican que la suma total, incluyendo compensación, intereses y costos legales, alcanza actualmente alrededor de los 1.800 millones de euros. España también enfrenta embargos aprobados por tribunales británicos y belgas, y la amenaza de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda que podría impactar en cuatro títulos de deuda pública.