Veinte euros de gastos de gestión tuvieron que pagar los fans de AC/DC para acudir a su concierto en Sevilla los días 31 de mayo y 1 de junio. Un sobrecoste que se añadía a unos precios ya altos de por sí, que no bajaban de los 100 euros. Episodios como este no son aislados, sino que están en la tónica general del sector de venta de entradas: según la OCU, alrededor del 80% de las páginas web oficiales de venta de entradas online cobran gastos de gestión y estos pueden llegar a superar el 10% del precio final, con casos extremos en los que rondan el 20%.
Las organizaciones de consumidores denuncian desde hace tiempo esta práctica como “abusiva” y afirman que genera “una sensación de inseguridad en los compradores”. Frente a estos recargos, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado los requisitos que deben cumplir estos gastos de gestión para que puedan respetarse los derechos de las personas consumidoras. “Cuando se compra una entrada, los gastos de gestión no pueden ser un recargo arbitrario y oculto hasta el momento del pago. Hoy comunicamos a los operadores estos requisitos y recordamos que hay una campaña en curso de vigilancia del mercado para este sector”, ha expresado el ministro Pablo Bustinduy en redes sociales.
Desde su cartera, avisan de que el precio de consumo no puede variar de una pantalla a otra: siempre debe reflejar el precio final y desglosarlo para conocer el coste de cada servicio o producto. En caso de que no se cumpla, el consumidor no tendrá por qué pagar estos gastos. Los recargos por la gestión no podrán ser superiores al propio precio de la entrada ni variar entre la compra online y la compra presencial, salvo que se justifique con servicios adicionales ofrecidos al usuario.
Aquellas empresas que incumplan estas normas, indica Consumo, podrían enfrentar sanciones por práctica abusiva o violación de los derechos de las personas consumidoras. Según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se consideran como prácticas abusivas “la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados” y “los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso”. Estas infracciones podrían considerarse como graves, según la normativa. Por ello, las sanciones irían de los 10.001 a los 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
¿Qué puede considerarse como gasto de gestión y qué no?
Consumo se ha dirigido a los grandes operadores este lunes para comunicarles la normativa respecto a estos recargos:
- Los gastos deben referirse exclusivamente a servicios que reciban los usuarios finales, sin poder traspasarles con las entradas costes por servicios que reciba únicamente la empresa promotora.
- Cuando las entradas sean nominativas, no se puede cobrar el cambio de nombre, siempre que la rectificación se deba a un error ortográfico o tipográfico en la contratación online.
- La impresión, recepción y almacenaje de la entrada en un dispositivo móvil deben ser gratuitas.
- Si se opta por recibir por correo postal la entrada, el recargo no puede ser desproporcionado sobre el valor de impresión y de envío.
La publicación de estas normas forma parte de una campaña nacional de vigilancia del mercado coordinada por la Dirección General de Consumo. Entre otras medidas, se realizan más de 30 controles de inspección oficiales para verificar el cumplimiento de la ley. Esta campaña estará activa hasta finales de 2024.