Toda la presión sobre Feijóo con los menores migrantes: tiene que poner de acuerdo a sus autonomías pese a las amenazas de Vox

El liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del partido vuelve a estar contra las cuerdas. Hace dos semanas, el dirigente gallego salió reforzado tras pactar con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de más de cinco años y medio de bloqueo, saldando la deuda pendiente de su partido con este mandato constitucional.

Ahora, de cara a la reubicación de los menores migrantes no acompañados para aliviar la presión de Canarias por la presencia de hasta 6.000 niños llegados a sus costas, Feijóo estará obligado a posicionarse en el Congreso sobre el plan pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Canarias, del que el PP forma parte. Ceuta y Melilla, dominadas por los populares, también se han sumado a la exigencia de reformar la ley de extranjería por la presión que soportan al compartir la frontera terrestre que separa a Europa de África.

Pero Génova sigue siendo incapaz de fijar una postura común ante las reticencias expresadas por el resto de autonomías del PP con respecto a la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados. Este debate tiene una parada importante este miércoles, con la Conferencia Sectorial de Tenerife. En esta cita, el Gobierno reunirá a las comunidades autónomas para presentarles su propuesta, elaborada junto a Canarias, para establecer una solidaridad obligatoria entre las autonomías.

A esta indefinición se suma la amenaza de Vox de romper sus gobiernos en coalición si acepta el reparto fijado por el Gobierno central y Canarias, aunque los populares han restado importancia al órdago verbalizado por Santiago Abascal este lunes. “Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos sus medios políticos y legales para evitar la irrupción de menas”, esgrimió el líder del partido ultra.

Ambas formaciones comparten gobierno en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, la Región de Murcia y Castilla y León, además del acuerdo de investidura en Baleares, donde el PP gobierna en solitario y en minoría gracias a Vox. Este martes, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, dejó claro que “romper es romper”, por lo que, si ceden a la “presión” del Gobierno y aceptan el reparto, estarán abocados a gobernar en minoría o pactar con el PSOE.

Pero a Génova no le tiembla el pulso: “Ni nos impresionan los órdagos de Vox ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno”, espetó el portavoz del PP, Borja Sémper. El PP tira balones fuera y, a pesar de que el Ejecutivo ha prometido que compensará este reparto con financiación, exigió la creación de un fondo de contingencia “con dinero suficiente”. “Entre no atender a los menores no acompañados que proclama Vox y el sí a todo sin distinción que propugna el Gobierno de España existe un sistema de ayuda y solidaridad que defiende el PP, un sistema que debe de contar con recursos y con medios. Ofrecemos solidaridad, sí, pero exigimos medios”, esgrimió Sémper.

Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), que comparten gobiernos con la ultraderecha, también han desoído estas amenazas y han exigido mayor financiación. Andalucía o Cataluña ya han avisado que sobrepasan el límite de su capacidad de acogida. Lo cierto es que, según datos facilitados a EFE por el Gobierno, solo cuatro regiones cumplieron con el acuerdo de acoger a 396 menores migrantes no acompañados en 2023: Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra, aunque tampoco alcanzaron el total de lo acordado.

En esencia, en Génova esperarán a la reunión de este miércoles para tomar una decisión con respecto a la reforma de la ley de extranjería que el Gobierno prevé llevar al Congreso en dos semanas, antes de que termine julio. Más allá de lo que suceda en la conferencia sectorial, ante el intento de Feijóo de dejar la decisión en el tejado de las comunidades autónomas del PP, el Ejecutivo obligará a Feijóo a “retratarse” mediante una votación en la Cámara Baja.

Para el Gobierno, no hay un plan B en caso de que el PP no adopte una posición común: “Si no hay acuerdo, Canarias tiene un problema”, resumen fuentes de Moncloa. El Ejecutivo planea llevar la propuesta consensuada con el Gobierno regional de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) mediante una proposición de ley, ya que un real decreto-ley no ofrece las mismas garantías legales ante la posibilidad de incurrir en una invasión de competencias.

“Cuando se ha hecho por decreto no funcionó”, añadió este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Una eventual y necesaria reforma de la ley de extranjería pasa por el PP, toda vez que Junts exigió dejar a Cataluña fuera del reparto para apoyar la norma en la Cámara Baja, algo que “no es aceptable”, tal como señaló Torres, quien fuera presidente de Canarias hasta el año pasado. “Estamos frente a una política de Estado. No se nos puede olvidar. Les hablo como madre, hablamos de personas, menores de edad, que abandonan sus países de origen. Pedimos una acogida equitativa para atender a esta situación compleja, exige solidaridad y humanidad”, espetó la ministra portavoz, Pilar Alegría.

El Ejecutivo sigue confiado en poder tener los apoyos del PP, no solo porque se trata de una materia sensible, sino también porque implicaría un choque entre la dirección nacional y los populares de Canarias, Ceuta y Melilla. Tienden la mano al mismo tiempo que redoblan la presión sobre el presidente del PP, una fuerza que también ejerce Vox a su derecha y en dirección contraria. El futuro sobre el reparto de menores migrantes quedará en manos de Feijóo.