Sumar y PSOE negocian para que las ayudas al transporte público del decreto anticrisis se vuelvan permanentes

Sumar y PSOE continúan negociando las medidas del decreto anticrisis que se votará este mes en el Congreso. Uno de los acuerdos gira entorno a si hacer permanentes las ayudas al transporte público vigentes durante este 2024. Estas ayudas, incluidas en el decreto convalidado en enero, contemplan la gratuidad de los servicios de cercanías y trenes de media distancia, además de una aportación estatal del 30% para la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano, siempre que las comunidades autónomas aporten un 20% adicional.

El partido liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, defiende que hacer permanentes estas ayudas fortalecería la economía familiar y ayudaría a combatir la inflación.

A esta negociación se añaden otras medidas que Sumar quiere hacer permanentes como los impuestos temporales a bancos y empresas energéticas, previstos para todo 2024. Sin embargo, este acuerdo se alcanzaría a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A diferencia de Podemos, que advirtió el pasado lunes que no respaldarían la aprobación del decreto si las medidas de protección incluidas son temporales y no se aseguran de manera permanente, hay algunas normas que Sumar defiende que no tienen que ser estructurales, como las relacionadas con la regulación de los precios de la luz (que surgieron como respuesta a los incrementos producidor por la guerra en Ucrania).

“Desde Podemos venimos pidiendo desde el primer día que estas medidas no fueran temporales, sino que se convirtieran en algo permanente, algo estructural”, argumentó el portavoz de la formación en el Congreso, Javier Sánchez Serna, que indicó que existen miles de familias en situación de “vulnerabilidad existencial” que dependen de estas ayudas, señalando medidas como la prohibición del corte de servicios básicos para familias vulnerables y los descuentos en el bono social eléctrico.

El pasado 25 de junio, el Gobierno volvió a extender el escudo anticrisis, aprobando un nuevo real decreto-ley por el que se prorrogaron el grueso de las medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, algunas de ellas vigentes desde 2022 y 2023.

Una de las principales novedades fue la supresión del IVA en el aceite de oliva, desde este 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, con la intención de fomentar el consumo de un producto saludable cuyo precio ha aumentado significativamente debido a la inflación y la sequía.

Además, se ha mantenido suprimido el IVA para los alimentos básicos (pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales), y rebajado al 5 % para pastas y aceites.

El decreto también prolonga hasta fin de año la prohibición de cortar los suministros básicos a consumidores vulnerables por falta de pago y extiende el descuento del bono social eléctrico hasta el 30 de junio del próximo año. También se aprobó un aumento del 2% en los salarios de los empleados públicos y la actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos.