Gobierno y comunidades buscan un acuerdo en el reparto de menores migrantes

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este miércoles ha marcado el inicio de las negociaciones para reformar la actual ley de Extranjería. El objetivo de estas conversaciones es garantizar y coordinar la acogida solidaria de los menores no acompañados que llegan a Canarias, actualmente por encima de la capacidad máxima que el Gobierno habría propuesto en su propuesta.

Sin embargo, muchas comunidades autónomas se han mostrado disconformes con varios de los criterios planteados en la ley, como la falta de financiación, claridad o papel de decisión de las regiones. Algunas han negado incluso la posibilidad de “avalar” la propuesta del Gobierno hasta que no se adecúen las cláusulas a sus propias necesidades y peticiones, puesto que el Ejecutivo nacional ya adelantó que las comunidades deberían asumir los cambios con “carácter obligatorio”.

La idea general del Gobierno es centralizar, a través de la gestión de un órgano competente de la Administración General del Estado, el traslado de los menores no acompañados en caso de que la primera comunidad autónoma haya sobrepasado un cupo máximo de ocupación, algo que se ha podido ver en zonas como Canarias, especialmente, y también en Ceuta y Melilla, las cuales serían las que entrarían en la reforma de la ley.

La agencia Europa Press ha tenido acceso al documento y ha señalado que el máximo número de plazas disponibles en las islas sería de 2.000, mientras que en el caso de Ceuta sería de 88 y en Melilla de 166. Eso sí, el órgano en cuestión no podría entrar en acción hasta que se hubiera alcanzado una sobreocupación del 150%, es decir, de 3.000 plazas ocupadas en Canarias, 132 en Ceuta y 249 en Mallorca.

En caso de que la reforma entrara en vigor, se evaluaría la sobreocupación actual de estas comunidades autónomas y se daría un plazo máximo de un año para, de forma transitoria, trasladarlas una vez fueran identificadas. En el caso se mantuviera la sobreocupación, con los nuevos menores que llegasen se procedería al registro y al traslado en un plazo de 15 días naturales.

Otro de los aspectos a tratar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia era el cupo de menores migrantes que correspondería a cada comunidad autónoma en este 2024, para lo que se destinarían 20 millones de euros.

Para este año, las intenciones del Gobierno pasaban por trasladar a 347 menores, que se distribuirían de la siguiente manera: 31 para Cataluña, 30 para Madrid, Andalucía y Extremadura, 29 para Cantabria, 26 para Galicia, 24 para Asturias, 23 para la Comunidad Valenciana, 21 para Castilla y León, 20 para Castilla-La Mancha, 18 para País Vasco, 16 para la Región de Murcia, 15 para Navarra, 10 para Baleares y 4 para La Rioja.

Algunas autonomías ya han compartido públicamente su postura al respecto, como es el caso de Asturias o Extremadura, que han reafirmado su intención de respaldar esta medida de acogida solidaria. Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del ejecutivo asturiano, ha recordado que la asistencia a los menores es “una responsabilidad del conjunto de España, de todas las comunidades autónomas”.

En cambio, la distribución que no ha gustado nada al consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, el cual no ha visto ni el suficiente orden ni la suficiente dotación económica como para mostrarse de acuerdo con la idea. De hecho, pese que aseguró a los medios haber acudido con “ánimo constructivo”, recordó que en Cataluña han llegado 14.000 menores no acompañados desde 2017, muchos de los cuales ya son mayores de edad y aún así no les han “echado a la calle”, insistiendo en que Cataluña debería tener también la consideración de territorio sobreocupado.

En un punto medio han quedado otras autonomías como el País Vasco o Castilla-La Mancha. Bárbara García, consejera manchega de Bienestar Social, ha expresado su apoyo a la reforma, pero ha subrayado la necesidad de que la financiación sea mayor, pues consideran que debe ser una acción conjunta asumida, en el aspecto económico, por el Gobierno español e incluso Europa.

El Gobierno Vasco, por su parte, ha emitido un comunicado poco después de que la Conferencia Sectorial diera inicio, situando como prioritario el no vulnerar los derechos humanos de los menores. Algo para lo que es necesario un plan de contingencia con cuatro elementos: “Una planificación, una previsión de posibles escenarios diferentes, una serie de indicadores que nos permitan evaluar las actuaciones desarrolladas y una memoria económica”.

Otras comunidades como Galicia han pospuesto su decisión, al asegurar que por la tardía entrega de la propuesta no han tenido tiempo para estudiar el texto y tomar una decisión.