El Gobierno rechaza conceder de oficio el Ingreso Mínimo Vital a pesar de los afectados por los reintegros

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se puso en marcha en mayo de 2020 y desde entonces ha beneficiado a miles de personas y ha contribuido a reducir la pobreza. Según calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe publicado este miércoles, antes del IMV 239.227 hogares percibían las rentas mínimas de las comunidades autónomas, mientras que a fecha de octubre de 2023 más de 500.000 hogares percibían el IMV y/o una renta mínima, por lo que la población cubierta por una ayuda mínima es superior. La duración mediana de la prestación asciende a 30 meses y el 40% de los perceptores del IMV lo son desde su implementación hace cuatro años.

Sin embargo, el IMV tiene un notable problema de non take-up (no solicitarlo aunque se tenga derecho) y de revisiones de la prestación por usar datos de renta y de composición de la unidad familiar que no corresponden con las situaciones más actuales de los beneficiarios. Es por esto que la AIReF ha vuelto a pedir “acercar el IMV al ciudadano de forma automática utilizando esquemas de concesión de oficio”. Pone como ejemplo la pasarela automática legislada en el Real Decreto-ley 2/2024 para trasladar al IMV a los beneficiarios del subsidio por desempleo que agoten la prestación.

Sin embargo, el Gobierno ha respondido a la propuesta de la AIReF asegurando que “conceder el IMV de oficio es inviable y no recomendable”, según detallan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según argumenta la cartera de Elma Saiz, la prestación se configura según los miembros de la unidad de convivencia y “no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa sobre las unidades de convivencia para que su tramitación se pudiese iniciar de oficio”.

También alegan que se necesitarían “cambios en la estructura de datos administrativos del conjunto del Estado y cambios legislativos”, tanto del IMV como de otras materias, fundamentalmente dentro de la “protección de datos”. Además, señalan que las prestaciones gestionadas por el INSS son rogadas, es decir, que “otorgan derechos, pero también implican un régimen de obligaciones e incompatibilidades que son conocidas por las personas beneficiarias”.

La realidad es que para solicitar el IMV es necesario entregar más documentación que la que se pide para otras prestaciones, como los subsidios por desempleo, por lo que los usuarios demandan más información y más acompañamiento en el trámite, como identifica la AIReF en su estudio. “La falta de información, el desconocimiento del lenguaje y el miedo a los reintegros son los motivos de non take-up más frecuentes en el discurso de las entidades mediadoras”, señala el documento.

En 2023, un 65% de los hogares beneficiarios vio revisada su prestación, de los cuales el 25% sufrió un reajuste a la baja en siguientes nóminas, un 33% al alza y un 7% causó baja. A estos últimos el Ministerio de Seguridad Social les pide reembolsar lo cobrado por un importe mediano de 3.000 euros, aunque hay casos en los que se piden cuantías mucho más elevadas, de hasta 39.000 euros.

La organización Internacional ATD-Cuarto Mundo denunció en junio a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales por estas situaciones, que se siguen produciendo, aunque el porcentaje de beneficiarios que han experimentado una revisión se ha reducido en comparación con 2022, cuando fueron el 83%, de los cuales al 16% se les pidió el reembolso al causar baja. A esta mejora ha contribuido el mecanismo de incentivo al empleo aplicado ya en 2023.

Existe una vía para impedir los “cobros indebidos”, pero apenas se aplica, según ha constatado la AIReF. Se trata de la petición de que la Seguridad Social determine si se tiene o no derecho a la prestación con la renta del año en curso (modalidad de ingresos de año en curso). Desde la entrada en vigor del IMV, el 30% de las solicitudes se han realizado con esta modalidad, sin embargo, solo se ha terminado aplicando en 3.964 expedientes, un 2% de los que lo habían solicitado y finalmente fueron perceptores de la prestación.

En 2023, el 56% de los potenciales beneficiarios del IMV (532.953) no lo pidieron por este u otros motivos (non take-up) y un 8% de los posibles beneficiarios (un total de 951.702) lo solicitó, pero cometió algún error en el trámite o no lo finalizó, por lo que terminó sin recibirlo. Esto hace que solo el 36% de los potenciales beneficiarios (342.856) hayan cobrado la prestación.

Teniendo en cuenta el non take-up, el Gobierno solo ha gastado en el IMV el 48% del coste potencial, 2.504 millones, y ha conseguido reducir la tasa de pobreza en 0,8 puntos porcentuales. El IMV plenamente desplegado reduciría 1,6 puntos porcentuales la tasa de pobreza calculada con el umbral del 40 % de la mediana y llegaría al 53% de los hogares en pobreza severa frente al 17% actual.

A pesar de que los datos “tienen margen de mejora”, según la AIReF, se ha producido un avance respecto a 2022, cuando la prestación llegó a 284.000 hogares (el 35% de los potenciales beneficiarios). Lo que ha sucedido entre un año y otro es un incremento de los potenciales beneficiarios por el aumento del 15% de la renta garantizada, pasando de ser 808.000 en 2022 a 951.702 en 2023.

Por otra parte, la AIReF ha destacado que en torno al 53% de los hogares que no solicitan el IMV teniendo derecho a recibirlo, están cubiertos por otras rentas mínimas o asistenciales, aunque este dato proviene de la primera opinión sobre la prestación (publicada en 2022), y está en vías de actualización.