Garamendi se abre a acordar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas tras la nueva propuesta de Trabajo

El presidente de la CEOE reconoce que los empresarios están “entrando en la negociación” después de que la cartera de Yolanda Díaz haya propuesto más flexibilidad durante 2025 para que los sectores con dificultades se adapten a la nueva norma

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El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, preside la asamblea general anual de la patronal, este martes en Madrid. (EFE/ Daniel González)
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, preside la asamblea general anual de la patronal, este martes en Madrid. (EFE/ Daniel González)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado más conciliador con el Gobierno que en anteriores ocasiones durante su discurso de este martes en la Asamblea General de la organización. El líder de la patronal ha avanzado que los empresarios “estamos de nuevo entrando en la negociación” de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, aunque no ha querido detallar la opinión concreta de los empresarios sobre la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo.

La cartera de Yolanda Díaz entregó un nuevo borrador legislativo a los agentes sociales que ofrece más flexibilidad en la distribución irregular de la jornada durante el año 2025 para dar margen de adaptación a las empresas de los sectores con más dificultades. Trabajo pretende con este movimiento atraer a CEOE y a Cepyme al pacto, y la nueva propuesta fue acompañada además de una moderación del tono del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que el lunes anterior cargó duramente contra la patronal acusándole de “descuelgue” y de hacer “burla” al diálogo social.

En este contexto de acercar posturas, al menos en el plano dialéctico, Garamendi ha reconocido que “podemos estar trabajando en estos momentos por cumplir pactos políticos” refiriéndose a la reducción de la jornada incluida en el acuerdo de coalición, a pesar de que no sea del agrado de los empresarios porque, considera, “esto es gobernar contra las empresas”. Según ha señalado durante su discurso, reducir la jornada máxima legal en 2,5 horas “equivale a regalar por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año”, cifra que se está debatiendo en la mesa de negociación.

En una atención a medios posterior, Garamendi ha pedido al Gobierno que “tenga sensibilidad” para aplicar la reducción y evitar así equivocaciones y ha incidido en que CEOE “va a seguir sentada, vamos a seguir hablando y planteando”. No obstante, se niega a valorar las propuestas en público porque considera que “la mejor manera de que no salga nada es contar lo que estoy negociando, por eso me reservo. No vamos a entrar en qué es lo que estamos hablando porque nuestra vocación, desde luego, es llegar a un acuerdo”.

Por otra parte, ha recalcado que la CEOE tiene “la capacidad de decir que no” si finalmente no le convence la propuesta del Gobierno y ha criticado que no haya “ninguna sensibilidad por las empresas que contratan con la administración” a la hora de legislar la reducción de la jornada laboral, ya que las licitaciones se hacen por periodos de un conjunto de años y no se pueden modificar sus condiciones aunque haya cambios legislativos. Esta rigidez ya ha sido criticada tanto por la patronal como por los sindicatos porque dificulta la aplicación de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en estas empresas al no poder repercutir los costes de los aumentos a la administración, lo que les lleva a tener que reducir su margen de beneficio o a recortar en otros costes.

Critica el aumento de costes laborales

Haciendo un análisis más general de la situación empresarial, el líder de la CEOE ha reivindicado que las empresas han “aguantado el tirón” de las subidas de costes laborales vía SMI y cotizaciones sociales y ha advertido de que “no sabemos cuantas más podremos aguantar”. “Quizás el Gobierno tenga algún día que dar cuenta del deterioro del empleo y de por qué las empresas ya no contratan como antes. Las decisiones de hoy no se miden hoy, se miden mañana y pasado mañana”, ha afirmado.

En esta línea ha vuelto a sugerir la polémica propuesta de que “para entender mejor el coste real del empleo” las empresas paguen “todo el bruto de la nómina a los trabajadores” y que el pago de las cotizaciones lo reclame la Seguridad Social a los empleados, como hace a los autónomos. En su opinión, de esta forma se conocería “realmente cuál es el esfuerzo de las empresas” y los ciudadanos tendrían más explicaciones.

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