Este es el impuesto que hay que pagar en una herencia cuando se hereda un piso y que varía según la comunidad autónoma

En España, recibir una herencia es un proceso mucho más tedioso que recibir los bienes y derechos de una persona fallecida. Se trata de un procedimiento legal, con implicaciones y obligaciones fiscales que pueden variar significativamente dependiendo de la comunidad autónoma. Hacer frente a estos pagos es una obligación que recae exclusivamente sobre el beneficiario de la herencia, o, lo que es lo mismo, el heredero. Además de los conocidos pagos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal), el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), los herederos tendrán que abonar el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Este tributo se aplica a la formalización de ciertos documentos notariales, mercantiles y administrativos. Este impuesto se abona generalmente cuando se firman escrituras públicas, como en la compra de inmuebles, y es exigido en varias jurisdicciones de España. La base imponible suele ser el valor del acto o contrato que se documenta, y la tasa puede variar según la comunidad autónoma donde se realice el acto jurídico.

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, lo que le confiere un régimen jurídico complejo determinado por el artículo 27 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Esta ley regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, además de modificar determinadas normas tributarias.

De acuerdo con el Real Decreto 1/1993, el AJD grava todos aquellos actos jurídicos que se documenten en alguna de las siguientes formas:

1. Documentos notariales.
2. Documentos mercantiles.
3. Documentos administrativos.

Los documentos notariales sujetan a dos tipos de cuotas en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD): fija y variable.

• Cuota fija: Se aplica a matrices, copias de escrituras y actas notariales, y testimonios, documentados en papel timbrado a 0,30 euros por pliego o 0,15 euros por folio.
• Cuota variable: Se aplica a primeras copias de escrituras y actas notariales que involucren cantidades o bienes evaluables, y actos o contratos registrables en el Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y Oficina Española de Patentes y Marcas, excluidos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Ejemplos incluyen transmisiones de inmuebles sujetas al IVA o segregaciones registrables. La tasa aplicada depende de cada Comunidad Autónoma, con un mínimo del 0,50%.

El sujeto pasivo es el adquirente del bien o derecho, o quienes soliciten los documentos notariales o en cuyo interés se expidan. La base imponible para las primeras copias de escrituras se basa en el valor declarado, sujeto a comprobación administrativa. Existen reglas especiales para casos como las escrituras de segregación, agregación o agrupación de fincas, préstamos con garantías, declaraciones nuevas o constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal.

El impuesto se aplica a la expedición o emisión de documentos que funcionen como giro o incorporen créditos transmisibles, como letras de cambio, certificados de depósito transmisibles, pagarés de cambio, bonos, obligaciones y títulos de deuda corporativa con vencimiento menor a 18 meses. Un documento cumple la función de giro si acredita una remisión de fondos o una orden de pago. Toda persona o entidad que participe en la negociación o cobro de estos efectos es responsable solidaria del pago del impuesto. En documentos empresariales, el impuesto se devenga al expedir o liberar el documento.

Son considerados documentos administrativos los tipos de escrituras que se citan a continuación:

• La rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios está sujeta a un impuesto según una escala de gravamen. Las anotaciones preventivas en registros públicos, cuando implican derechos o intereses evaluables, como embargos, también están gravadas al 0,50%, excepto si son ordenadas de oficio por la autoridad competente.
• Las transmisiones directas de grandezas y títulos nobiliarios entre ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que uno de los progenitores los haya ostentado, también están sujetas al impuesto. La rehabilitación de estos títulos se grava en caso de interrupción en su posesión, liquidándose un solo derecho al sujeto pasivo correspondiente.

El beneficiario del título es el obligado al pago del impuesto, salvo en el caso de las anotaciones preventivas, donde recae en el solicitante.