Trabajo propone mayor flexibilidad en la distribución de la jornada irregular durante 2025 para atraer a la CEOE

La cartera de Yolanda Díaz ofrece un mayor periodo de transitoriedad a los sectores que lo necesiten, pudiendo concentrar más horas de trabajo en periodos de elevada carga y recortándola en otros

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Reunión del Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal para reducir la jornada laboral. (Ministerio de Trabajo)
Reunión del Ministerio de Trabajo con sindicatos y patronal para reducir la jornada laboral. (Ministerio de Trabajo)

El Ministerio de Trabajo da marcha atrás en su intención de cerrar ya un pacto solo con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y ha presentado este lunes un nuevo borrador legislativo que incluye medidas de flexibilidad para intentar atraer a CEOE y a Cepyme a un acuerdo. El giro se produce después de que el tono de las declaraciones se elevara en las últimas semanas y de que el Ministerio de Economía haya incidido en la necesidad de que la medida tenga consenso en el diálogo social.

Según ha informado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el ministerio ha planteado que durante 2025 las empresas puedan distribuir irregularmente la jornada en los límites vigentes actualmente en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, pero “en lugar de con las horas que resultarían tras la reducción, con las horas previas”.

Es decir, que los sectores con más dificultades de adaptación podrían distribuir un 10% de la jornada actual (superior a las 37,5 horas en cómputo anual) de manera irregular durante el próximo año. Esto permite un mayor periodo de transitoriedad en sectores como la hostelería o el agrario y se propone pensando en que de esta manera podrían concentrar jornadas más largas en los periodos en los que sean necesarios y recortar jornadas cuando haya menos carga de trabajo para prepararse a aplicar completamente las 37,5 horas.

Trabajo espera que este nuevo documento sirva para “alcanzar un acuerdo” y, a diferencia de lo manifestado en declaraciones anteriores, ha incidido en que la principal voluntad del ministerio es el acuerdo a tres bandas. “Creo que hoy la mesa ha avanzado”, ha asegurado. No obstante, ninguna de las partes acepta por el momento la propuesta. Como ha señalado tanto UGT como CCOO en declaraciones a los medios, los órganos internos de los sindicatos tienen que valorar la nueva propuesta, incidiendo en que les “parecía aceptable” el borrador anterior y que no tienen aún una opinión clara sobre el nuevo, aunque han admitido que pueden “ser flexibles”.

En este clima de intentar rebajar la tensión, Pérez Rey ha moderado el tono contra la CEOE: “Hoy se ha asistido a una mayor concreción de propuestas que la patronal ha puesto encima de la mesa. Han pedido medidas de flexibilidad que no sean temporales, que permitan una mayor distribución una vez reducida la jornada a 37,5 horas”, ha explicado. Uno de los planteamientos de CEOE y Cepyme es que la jornada reducida se aplique solo cuando vayan venciendo los convenios vigentes y se negocien otros nuevos.

Según Trabajo, esto llevaría el plazo de aplicación de la reducción a 2030, un periodo no admisible ni para el Gobierno ni para los sindicatos. No obstante, el ministerio no cierra la puerta a estudiar más medidas de flexibilidad para las pymes o para las empresas concesionarias para atraer a la patronal al acuerdo, aunque se trata de propuestas que no se han detallado. La mesa se volverá a reunir el próximo miércoles 17 de julio y volverá a haber un nuevo borrador.

Agravamiento de las sanciones por salud laboral

Otra novedad del borrador de este lunes es que el Ministerio de trabajo propone un agravante para las infracciones que las empresas cometan en el tiempo de trabajo. En concreto, las que hayan provocado daños a la salud y a la seguridad de la plantilla se considerarán muy graves en vez de graves, lo que conllevaría mayores cuantías a pagar. Esto se suma a las novedades ya propuestas anteriormente de fijar multas más altas y por persona, no por empresa, si las empresas incumplen los registros horarios, obligatorios desde 2019. Las sanciones podrán llegar hasta los 10.000 euros.

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