Gonzalo Boye, a quien el PP ha identificado como el autor “al menos material” de la ley de amnistía, posee una rocambolesca trayectoria, que le ha merecido incluso ser protagonista de un documental sobre su vida. Uno de los abogados más polémicos de nuestro país, ha participado en casos tan mediáticos como los juicios del 11M, el caso Bárcenas o la defensa de Snowden. A día de hoy, se piden 10 años de prisión para él por presunto blanqueo de capitales en el contexto de la ‘Operación Mito’.
Hijo del periodista chileno Gustavo Boye, cursó sus estudios de primaria en el colegio británico The Mackay School. Se trasladó a Alemania para estudiar Ciencias Políticas y Economía en la universidad alemana de Heidelberg, sin llegar a finalizar sus estudios.
Llegó a España en 1987, donde comenzó a trabajar en su propia consultoría. Apenas cinco años después, fue detenido y condenado por el juez Baltasar Garzón a 14 años de prisión, de los que cumplió 7 años, 11 meses y 23 días, período que aprovechó para sacarse la carrera de Derecho. Según la resolución, quedó probado que el grupo chileno al que pertenecía Boye (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fue una especie de subcontrata a la que ETA cedió la parte “logística” de los seguimientos y que el ahora abogado “participó plenamente” en estas labores, que culminaron en el secuestro durante 249 días del empresario Emiliano Revilla.
Carrera profesional
Tras su puesta en libertad, y tras unos comienzos difíciles, se ha convertido en uno de los abogados más prestigiosos en el ámbito de los Derechos Humanos y ha participado en casos muy trascendentales y mediáticos. Uno de los primeros fue en el juicio del 11M. Este tuvo lugar en 2007, y el letrado representó a la viuda de una de las víctimas de los atentados ocurridos en Madrid en 2004. También es asesor del European Center of Constitutional and Humand Rights de Berlín y del Palestinian Center for Human Rights de Gaza.
Otro caso destacado es la defensa de José Miguel Arenas Beltrán, conocido artísticamente como Valtònyc. Este rapero y compositor fue condenado a tres años y medio de prisión por la Audiencia Nacional de España en 2017 por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas, contenidos en las letras de sus canciones.
Blanqueo de capitales
A día de hoy, la Audiencia Nacional (AN) ha señalado para el 18 de noviembre el arranque del juicio por presunto blanqueo de capitales al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 46 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta implicación en la ‘operación Mito’. En un auto de este viernes, el tribunal de la Sección Tercera de la Sala Penal, explica que la vista oral se extenderá hasta el 30 de enero de 2025 y que previsiblemente se celebrarán hasta 20 sesiones. Tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, durante los años 2016 a 2018, Sito Miñanco, aún estando encarcelado en la prisión de Algeciras, Cádiz, siguió operaciones de narcotráfico en España, utilizando una extensa red de contactos en Sudamérica y una sofisticada logística en territorio español. Miñanco coordinó la introducción y distribución de grandes cargamentos de drogas en el país, basándose en su influencia y en la infraestructura criminal previamente establecida.
Entre las acciones que llevó a cabo en este tiempo, la más destacada el transporte de 3,3 toneladas de cocaína en octubre de 2017 y la incautación de un contenedor con 615 kilos de esta sustancia en Holanda, en noviembre del mismo año. Para ello contó con la ayuda de expertos en temas de narcotráfico como Luis García Arango y Sabino Fernández Fernández, quienes ya habían sido condenados por delitos similares.
En este entramado, el papel de Boye, que en ese momento era el abogado de Sito Miñanco en otro procedimiento, era el de, según la Fiscalía, dirigir y asesorar a otros abogados que “confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio de acuerdo con los cuales, González Rubio las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero”.
Por todo esto, el Ministerio Público pide una pena de 31 años de prisión para ‘Sito Miñanco’, así como una multa de más de 959 millones euros, y solicita 9 años y 9 meses de cárcel y una multa de al menos 2,7 millones para el letrado.