La doble vara de medir del PP: consuma otra semana de ataques al Constitucional mientras alaba al Supremo por no aplicar la amnistía

Para el PP, “el Estado de Derecho no cambia de opinión” después de que el Tribunal Supremo denegara aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a otros líderes del procés condenados por el delito de malversación. En la misma semana, el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, volvió a cuestionar la imparcialidad del Tribunal Constitucional por anular las condenas por malversación en el caso ERE en Andalucía, unas acusaciones que se han repetido en los últimos días y que se suman a otras polémicas declaraciones vertidas por dirigentes populares contra el tribunal de garantías.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo admitió el pasado martes que agotará los plazos para recurrir ante el Tribunal Constitucional la “chapuza” de la ley de amnistía, a pesar de que su partido tiene “dificultades para aceptar la imparcialidad” del tribunal de garantías al estar “trufado de dos cargos del Gobierno”, en alusión al ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Asimismo, señaló que los antecedentes del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, “no le tranquilizan”, al recordar que “ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista”.

Desde el Gobierno afearon las palabras del líder del PP y pidieron que rectificara su postura por unas declaraciones “de extrema gravedad y muy preocupantes”. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, alegó que estas nuevas acusaciones se sumaban al intento del líder del principal partido en España de “poner en cuestión” las instituciones, como ya hizo en su día con la Fiscalía, el Congreso de los Diputados o la Agencia Tributaria. “Cumplir con la Constitución también es respetar y legitimar las instituciones de nuestro país. Le pido una rectificación inmediata sobre las graves acusaciones y afirmaciones sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional”, espetó desde la sala de prensa de Moncloa.

Lo cierto es que el PP ya se vio obligado a rectificar en enero de este año las declaraciones vertidas por el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, que llamó al Tribunal Constitucional “el cáncer del Estado de Derecho” y llegó a plantear la posibilidad de que el PP dejara dejar de presentar recursos ante el TC para impedirle “la posibilidad de mutar la Constitución”.

Más allá de estos ataques, el PP obvia que en la actual composición del tribunal de garantías, con mayoría progresista tras un acuerdo entre PSOE y PP en 2021, están Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, dos figuras jurídicas polémicas por su marcado perfil político. El primero llegó a estar imputado en el caso de corrupción del PP balear Palma Arena, además de “moverse” para colocar a fiscales afines a Ignacio González en el caso Lezo, según se desprenden de unas grabaciones del sumario sobre la causa que afecta al ex presidente madrileño. También participó como ponente en conferencias organizadas por FAES, la fundación del PP, entre otros asuntos también relacionados con el partido de Feijóo.

En cuanto a Espejel, su nombramiento como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional generó bastante polémica por su vínculo con el PP, especialmente con la que fuera secretaria de ese partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Esta proximidad provocó, incluso, que fuera apartada por sus compañeros de los juicios del caso Gürtel, cuya primera sentencia condenó al partido conservador como partícipe a título lucrativo.

Además, como consecuencia del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pronto se sumará al tribunal de garantías José María Macías, todavía vocal del órgano de los jueces en funciones, muy crítico con la ley de amnistía y otras importantes legislaciones impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, el PP también se ha visto beneficiado del reparto de las mayorías en otras ocasiones, tanto en el CGPJ como en el propio Constitucional. Así lo recordó el pasado jueves el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, durante el debate de la toma en consideración de la ley de PP y PSOE que, precisamente, busca “despolitizar la justicia” al plantear el endurecimiento de las incompatibilidades para pasar del poder Ejecutivo y Legislativo al Judicial.

“Si los nombres los ponía el PP, perfecto. Eran y son personas magníficas, que van a dar lustre a la institucional judicial. Si los nombres provenían del PSOE o de partidos progresistas, catástrofe, vamos al asalto de las instituciones para degradarlas y ponerlas a nuestro servicio. Estamos acostumbrados a esa doble vara de medir, ¿pero sabe qué hacemos los socialistas? Cuando no nos gusta una sentencia, un auto, una decisión de un tribunal o un organismo público, podemos criticar esa decisión porque en democracia todo está abierto a la crítica, pero lo que nunca hacemos es jugar a deslegitimar a quien la produce”, afeó López.

En este sentido, cabe destacar casos como los de Andrés Ollero, magistrado del Constitucional después de ser diputado del PP durante 17 años, o Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC que alardeaba de tener el carnet de militancia en el PP.

Frente al eterno debate sobre la independencia judicial, el próximo 31 de julio se aprobará previsiblemente la reforma de PP y PSOE (con el resto de partidos en contra) para avanzar en la despolitización de los perfiles y del sistema de elección de los jueces que integran el CGPJ, el órgano que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de “garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.

Entre las novedades de la reforma, los jueces que entren en política no podrán dictar sentencias en los dos años posteriores a su vuelta a la justicia y quedarán vetados para siempre en asuntos en los que se juzgue a partidos o cargos públicos. Asimismo, se exigirán mayorías reforzadas en los nombramientos que haga el Consejo General del Poder Judicial. También se establece la prohibición de nombrar fiscal general del Estado a quien haya tenido un cargo político en los últimos cinco años.