El plan de la Conferencia Episcopal para reparar los abusos de la Iglesia no será obligatorio y deja fuera a una parte de las víctimas

El informe sobre abusos en la Iglesia que presentó en octubre el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, estimó que 440.000 personas podrían haber sufrido abusos sexuales, un 1,13% de la población adulta. En el documento, de 777 páginas, no se cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, pero aporta una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso.

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, se ha caracterizado, “durante mucho tiempo”, por “la negación o la minimización del problema”. En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la “negación y a la ocultación”, sino incluso a “presiones” de representantes de la misma en las que “se les culpabilizaba de los abusos sufridos”. Ahora, la Conferencia Episcopal, tras varios años en los que se han publicado informes como el del Defensor del Pueblo y artículos periodísticos que no dejan de aparecer en la prensa con el relato de las víctimas, quiere responder con un Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos (PRIVA).

Este plan -cuyo borrador ha publicado en exclusiva elDiario.es- se aprobará el próximo martes y se implementará a partir de septiembre en todos los órganos de la Iglesia española para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical cuyos casos hayan prescrito o no estén siendo juzgados por el ordenamiento civil. Es el primer paso en firme que da Iglesia católica española, sin embargo, deja fuera de la comisión que decidirá sobre las indemnizaciones a las víctimas, que, una vez más, se quedan sin voz ante los religiosos y excluye a una parte de las víctimas del proceso de reparación.

En el borrador del documento, la Conferencia Episcopal admite el dolor que ha causado: “Las víctimas necesitan una respuesta, clara y precisa, y esta solo puede venir de un marco que debería contemplar una relación colaborativa entre las diferentes sensibilidades y realidades de la Iglesia, los poderes públicos y otras instituciones, haciéndonos cargo de la evidente responsabilidad que tenemos en este doloroso asunto que ha hecho sufrir a tantísimas personas, poniendo en el centro la voz y las necesidades de las víctimas”. De hecho, el primero de los cinco ejes que contempla el documento se centra en “reconocer y reparar” y el segundo en “atener a las víctimas y/o supervivientes”.

Como sistema de reparación, el documento contempla compensaciones económicas “en forma de indemnizaciones en virtud de sentencia judicial firme”; compensaciones a partir prestación de servicios asistenciales o asunción, por parte de la Iglesia, de gastos derivados de asistencia médica y terapéutica; y compensaciones económicas en forma dineraria reconocidas y asumidas voluntariamente por la Iglesia de forma unilateral.

La Conferencia Episcopal admite como víctimas en este documento a “toda persona menor de edad o mayor de edad en situación de especial vulnerabilidad”. Define a estas últimas como aquellas que tienen “un uso imperfecto de la razón”, sin embargo, excluye de este concepto y deja fuera a “aquellos supuestos en los que la condición de “vulnerabilidad” deriva, no ya de las condiciones específicas relativas a la capacidad o uso de razón de la víctima, sino de las peculiaridades derivadas de la relación de poder o ascendencia moral o espiritual que pueda ejercerse sobre una determinada persona o personas que, sin llegar a anular su consentimiento, pueda llegar a mediatizarlo o condicionarlo, como pueden ser los casos de abuso de poder o de autoridad”. De este modo, aquellos adultos, que se vieran en una situación de abuso sexual condicionada por la relación de poder que ejercían sobre ellos los religiosos, quedan fuera de los ejercicios de reparación que pretenden llevar a cabo.

El plan anuncia la creación de una Comisión Asesora que se encargará “asesorar sobre la procedencia de la reparación del daño causado a una víctima, así como su debida evaluación y la posible forma de satisfacción”. Estará compuesta por: un representante de la Conferencia Episcopal; un representante de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER); cuatro juristas “de reconocido prestigio procedentes de la carrera judicial y/o fiscal, o de los altos cuerpos de juristas al servicio del Estado, o de la universidad” que no se encuentren en servicio activo; dos médicos psiquiatras forenses especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales; y dos psicólogos forenses especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales.

En este apartado, señalan que “cuando la Comisión Asesora lo estime oportuno para el buen desarrollo del procedimiento, se podrá convocar a un representante de una asociación de víctimas de abusos sexuales o que tengan por finalidad la acogida, el acompañamiento y la reparación, que asistirán a la sesión correspondiente en calidad de invitado”. Es decir, las asociaciones de víctimas y las víctimas quedan fuera.

“Serán las diócesis y entidades religiosas las que libremente acogerán estas recomendaciones para implementarlas”, relatan, de manera que habrá sectores de la Iglesia que podrán omitir y pasar por alto el sistema de reparación. Por lo que, de nuevo, habrá víctimas que se queden fuera.