“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”. El 24 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba una carta a la ciudadanía en el que se planteó dimitir. El motivo fue que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas. Esa fue la línea roja para Sánchez, que, sin embargo, no llegó a proceder. Sin embargo, ese círculo mediático y judicial era solo el principio para Gómez.

Poco más de dos meses después, la mujer del presidente tenía que comparecer este viernes en calidad de investigada para responder a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado. Finalmente, no ha sido así. El magistrado ha suspendido su declaración a los pocos minutos de que comenzara el juicio y se ha aplazado para el próximo 19 de julio. El motivo del aplazamiento es que Gómez no había sido notificada de la querella de Hazte Oír. A esto hay que sumarle que esta ha resaltado varias veces, a través de su abogado, que “no” conoce los hechos por los que se la investiga.

El autoproclamado “sindicato” Manos Limpias denunció a Begoña Gómez en el mes de abril por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Para tramitar dicha denuncia, el colectivo ligado a la ultraderecha se basó en informaciones publicadas en medios de comunicación. Más tarde admitieron que no sabían si las informaciones eran “ciertas o no”.

Al parecer, la esposa de Sánchez mantuvo reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual Gobierno. También aseguraban que Gómez habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez, que habría ayudado a que las empresas se llevasen un contrato del Gobierno de 7 millones de euros.

Al mismo tiempo, El Confidencial publicó que la compañía firmó un acuerdo de patrocinio de 40.000 euros al año con el IE Africa Center, por entonces dirigido por la esposa del presidente del Gobierno. Ante este contexto, la Fiscalía Europea pidió al juez que le informara de los hechos que investigaba por si tenían relación con un presunto delito de fraude que afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea.

Tras la apertura de diligencias contra Gómez, Sánchez, publicó una misiva a la ciudadanía en X (antes Twitter) por el que anunciaba que se tomaba cinco días para meditar sobre si continuaba al frente del Ejecutivo. “No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, expresó. Finalmente, anunció que seguía al frente del Gobierno “con más fuerza si cabe”.

Entretanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un informe que no apreciaban delito de tráfico de influencias por parte de la mujer de Pedro Sánchez en relación con el rescate de Air Europa o las ayudas al empresario Barrabés.

Poco más mes después de la carta de Sánchez, el 4 de junio, el presidente del Gobierno publicó por segunda ocasión una nueva misiva en el que señaló la acusación contra su mujer como un “zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”. “Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”, dijo. Sánchez publicó la carta el mismo día que el juez Juan Carlos Peinado citó a Gómez para declarar en calidad de investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios este 5 de julio.

Mientras tanto, España y Argentina atravesaban una crisis diplomática. Durante su primera visita a España como presidente, Javier Milei calificó de “corrupta” a Begoña Gómez en un acto de Vox en Madrid, posteriormente a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuara que el presidente argentino consumía “sustancias”.

La UCO se presentó en la sede de Red.es, en el marco de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea, para recabar los correos relacionados con las contrataciones a Barrabés. Se solicitó acceso a los mails sobre los contratos otorgados a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley, recomendados por Begoña Gómez en dos cartas.

Luego, la Fiscalía Europea pidió al juez Peinado la competencia sobre esta parte principal del procedimiento, lo que generó un cruce de acusaciones entre la defensa de Begoña Gómez y el magistrado acerca de los indicios y hechos bajo investigación. Inicialmente, Peinado señaló que investigaba dos bloques no relacionados con los contratos adjudicados a sociedades de Juan Carlos Barrabés, que fueron asumidos por la Fiscalía Europea. Tras la insistencia del abogado de Gómez, explicó que investigaba “todos los actos, conductas y comportamientos” de Begoña Gómez “desde que su esposo es el presidente del Gobierno”, contenidos en la denuncia inicial presentada por Manos Limpias

El magistrado insiste en que “no está obligado” a informar de los hechos que investiga. Tras suspender la declaración de Gómez este viernes, el juez Peinado la ha vuelto a fijar el 19 de julio.