“Lo que pasó con las hermanas que se suicidaron en Cataluña el día de su desahucio fue una auténtica aberración, un asesinato”

“He visto como la falta de vivienda ha mermado la salud física y mental de muchas personas y la cosa empeora cuando se trata de migrantes que no pueden regularizar su situación porque no tienen una vivienda donde empadronarse”. Estas fueron unas de las causas que motivaron a la enfermera Assiatou Diallo a formar parte del Sindicato de Inquilinas.

El caso de Andrés Pradillo es parecido. Acudió al sindicato porque tenía un problema con su alquiler y se quedó: “Cuando vi la potencia que había y la posibilidad de cambiar estructuralmente el problema de la vivienda me dije, “este es mi sitio”, porque cuando las clases populares nos organizamos para defender nuestros derechos podemos cambiar las cosas”. Andrés, tras aprobar una oposición, está esperando destino mientras realiza junto Assiatou Diallo labores de portavocía del Sindicato de Inquilinas.

En la siguiente entrevista desgranan a Infobae España los problemas del alquiler en nuestro país generados por precios en máximos históricos, escasez de oferta de pisos en renta y una nueva Ley de Vivienda que consideran “un parche que no está generando un impacto real en el mercado del alquiler”.

Pregunta: El Sindicato de Inquilinas se creó en 2017. ¿Cuáles son los principales logros que habéis conseguido en estos siete años?

Assiatou Diallo: Lo más importante ha sido que hemos puesto sobre la mesa el problema de la vivienda y de cómo el rentismo inmobiliario se está aprovechando de la situación. Hemos dado a conocer que se trata de un problema social y político, y que hay mucho negocio con la vivienda al convertirse en un mercado en el que se ha disparado la especulación. En este contexto pedimos que no se especule con ella porque hacerlo perjudica a muchas personas, principalmente las más vulnerables. También incidimos en que las leyes y la regulación relacionadas con la vivienda no pueden ser parches. En definitiva, desde nuestro sindicato intentamos frenar los abusos que se están produciendo con los alquileres.

Andrés Pradillo: En estos siete años hemos construido una herramienta: la autoorganización de quienes vivimos de alquiler. No solo hemos puesto la problemática encima de la mesa, sino que hemos construido un instrumento para defendernos, para no vivir este problema en soledad. El mejor ejemplo son nuestras asambleas donde cientos de personas cuentan sus problemas, se organizan, reciben asesoramiento... Hemos construido una herramienta de autodefensa que nos sirve para defender a quienes vivimos de alquiler.

P: En mayo del año pasado el Gobierno aprobó la Ley de Vivienda con el objetivo de frenar los precios de compra y de alquiler. ¿Cómo la valoráis? ¿Ha conseguido alguno de los objetivos que se propuso?

A. D.: La ley de Vivienda ha sido un parche que no está generando un impacto real en el mercado del alquiler. Es verdad que nos ha permitido denunciar los honorarios que cobran las inmobiliarias a los inquilinos, pero, a pesar de que lo prohíbe, lo siguen haciendo a través de otros conceptos. Nosotras nos respaldamos en la nueva ley para denunciarlo y estamos demandando para conseguir que devuelvan ese dinero a los afectados, pero no creemos que sea suficiente. La nueva ley no recoge medidas que sí solucionarían el problema como los contratos de alquiler indefinidos. Además mantiene los alquileres de temporada y los turísticos. Por estas cosas y muchas más creemos que la Ley de Vivienda no es suficiente.

R: ¿Tiene arreglo reformándola o habría que derogarla y dictar una nueva?

A. P.: La Ley de Vivienda ha sido una huida hacia adelante. Había que sacar una ley para aparentar que se estaba haciendo algo y la realidad es que esa ley no toca alguno de los pilares esenciales como de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es lo que de verdad regula el alquiler. Deja fuera muchos elementos importantes como ha comentado mi compañera. La cuestión es que necesitamos medidas estructurales que vayan más allá, como la Ley de Arrendamientos Urbanos. La Ley de Vivienda antepone el derecho a especular por encima del derecho a la vivienda y permite que la especulación y el rentismo sigan campando a sus anchas.

P: ¿Cuáles son los mayores defectos o carencias de esta ley?

A. P.: Sólo establece topes de alquileres en algunos casos, es decir, permite que los alquileres sigan subiendo, deja fuera a los alquileres de temporada y por habitaciones y no establece alquileres indefinidos, que es algo que reivindicamos y que existe en otras ciudades europeas como Berlín. Pero el problema fundamental es que no necesitamos que se topen los alquileres, necesitamos que bajen, porque no puede ser que destinemos la mitad de nuestro salario, de un salario ya precario de por sí, a pagar un alquiler y que este se convierta en una forma de empobrecimiento y de explotación. Los ciudadanos necesitan que bajen los alquileres y eso puede hacerse con una nueva normativa. Deben bajar a un índice real en vez de fijarse en el índice que ha establecido el Gobierno, que está muy inflado en la mayoría de los territorios.

P: Los sindicatos de inquilinas e inquilinos han presentado en junio en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones que han quedado fuera de la Ley de Vivienda, ¿con qué objetivo? ¿Sois optimistas respecto a su aceptación?

A. P.: Durante la negociación de la Ley de Vivienda avisamos de que se estaba dejando fuera el alquiler de temporada y por habitaciones y de esa manera los caseros y los rentistas pueden esquivar la ley. Con la proposición pretendemos que se pare este fraude de ley. Los propietarios pasan de un alquiler residencial al de temporada para seguir especulando y subiendo los alquileres más aún, es decir, para evadir cualquier tipo de regulación. Pretendemos que los alquileres de temporada se ajusten a la Ley de Arrendamientos Urbanos y que los inquilinos tengamos los mismos derechos en ambos tipos de alquileres.

P: Otro de vuestros frentes son los pisos turísticos que han disparado el precio de los alquileres. ¿Es otra modalidad de arrendamiento que sirve de coladero para saltarse la ley y encarecer las rentas?

A. D.: Sí. Por ello reivindicamos que se eliminen los pisos turísticos, primero los ilegales y luego el resto, porque están expulsando a las vecinas de los barrios y fomentan la gentrificación generando barrios en los que no hay vida. Un ejemplo es Lavapiés donde ahora los fondos buitre están expulsando a mucha población migrante y culpabilizándola de todos los problemas que hay allí, cuando lo único que quieren es especular a costa de todas las personas que viven en esas zonas. Por ello estamos totalmente en contra de los pisos turísticos.

A. P.: Queremos cerrar los pisos turísticos para que vuelvan al alquiler habitual, para que se usen para vivir no para hacer negocio. Porque en estos casos la vivienda no cumple su función social sino una función especulativa.

P El precio del alquiler sigue batiendo récords mes a mes y lejos de tocar techo. ¿Este problema tiene solución? ¿Qué medidas habría que tomar?

A. D.: La solución al problema del alquiler es que la vivienda deje de ser un negocio, que no sea un mercado. Por ello, no es suficiente topar el alquiler o poner parches aprobando leyes, sino afrontarlo como un problema estructural. Los gobernantes tienen que sentarse a hablar con nosotras, con la gente. Mientras el alquiler siga siendo un negocio aumentarán las personas en situación de vulnerabilidad respecto a la vivienda. El problema no se va a solucionar con las medidas parciales que se están intentando aplicar.

P: Vuestra lucha parece la de David contra Goliat. Os enfrentáis a fondos buitre que gestionan millones de euros, a grandes tenedores, a bancos, a socimis, a inmobiliarias… ¿Vuestra principal enemiga es la especulación?

A. P.: Sí. Al final es un problema político porque ha habido siempre un interés en este país en que la vivienda sea un bien con el que especular, y, para ello, se ha creado un marco normativo como el que se aprobó en 2013, se impulsó la venta de viviendas a fondos buitre, la ley de las Socimis, incluso la propia Ley de Arrendamientos Urbanos. Es todo un marco, toda una alfombra roja para que puedan especular todo tipo de rentistas sean caseros pequeños o grandes. No es que haya una culpabilidad concreta, es un problema político general, porque en este país a través de la vivienda se ha hecho mucho negocio y se ha hecho mucha gente muy rica. El problema reside ahí, que mientras haya gente que se haga más rica habrá gente que se haga más pobre a través del alquiler, a través de la vivienda, a través de la turistificación, porque en realidad parte del mismo problema. Muchos grandes propietarios están metiendo mano y haciendo mucho negocio a costa de los inquilinos y estos cada vez son más pobre. De hecho, los datos hablan de que la mitad de la población que vive de alquiler vive en riesgo de pobreza. Esto no es casualidad, es porque destinamos la mitad de nuestro salario en pagar un alquiler.

P: ¿Esto también tiene que ver con que en España una de las principales inversiones es el sector inmobiliario?

A. P.: Sí tiene que ver. Acaban de publicarse unos datos que hablan de que, a pesar de que hay una parte importante de la población, cerca de un 9%, que son caseros, esa cifra se está reduciendo y cada vez hay una concentración mayor de capital inmobiliario. Esto se produce porque a medida que se profesionaliza el alquiler como una forma de negocio, los que pueden sostenerlo son empresas o fondos de inversión. Lo que antes era una familia que complementaba sus ingresos alquilado una vivienda ahora está desapareciendo. Como hay negocio, los que pueden invertir más en vivienda de manera abrumadora son empresas y fondos buitre. Otro dato que ratifica esta teoría es que la mitad de las compras que se hacen de vivienda no necesitan financiarse con una hipoteca porque no las compran las familias para vivir. ¿Quién puede comprarse una vivienda a tocateja? Desde luego no las familias de clase trabajadora, ni siquiera de clase media, sino empresas y fondos de inversión que se dedican a esto de manera profesional.

P ¿Por qué los fondos buitre extranjeros buscan ‘carnaza’ en el inmobiliario español? ¿Ocurre en la misma medida en otros países de nuestro entorno?

A. D.: En España se ha puesto siempre una alfombra roja para que los fondos acudan, desde la ley de Socimis a la ley de 2013. El turismo masivo también contribuye a ello. Tras la crisis financiera de 2008 no hubo ningún tipo de bloqueo a que todas estas empresas vinieran a comprar pisos. Ahora tampoco vemos que importe mucho.

A. P.: Al final, los fondos de inversión o los fondos de extracción, como lo queramos llamar, operan internacionalmente. Lo que pasa es que en España hubo un arreglo político financiero para que viniesen de manera masiva porque había que salvar la economía española. El Gobierno decía entonces que había que salvar la economía española y en vez de defender la economía de las familias, lo que defendían era que los fondos buitre inyectarán millones y millones en nuestra economía para hacer negocio con la vivienda pública a costa de la gente. Pero esto es un problema generalizado. En toda Europa hay fondos de inversión que se están haciendo con carteras de vivienda de manera masiva. Incluso en países donde la vivienda tiene mayor protección que aquí. Es un problema endémico del capitalismo.

P: Entonces no se puede decir que en España se especula más con el inmobiliario que en otros países de nuestro entorno.

A. P.: En la mayoría de los países de nuestro entorno la vivienda es un problema y se especula con ella y con el alquiler. Es un problema generalizado. Lo que pasa es que en España nuestro punto de partida es peor porque solo tenemos un 1% de vivienda pública, mientras que otros países tienen un 20%. Nosotros tenemos contratos de alquiler de tres. de cinco o de siete años, mientras que en otros países y ciudades como Berlín, los alquileres son indefinidos. El problema aquí es endémico porque la protección y la estabilidad que tenemos quienes vivimos de alquiler es mucho menor. Nosotros defendemos que el alquiler tiene que ser una forma digna de vida para quien no quiere o no puede comprar una vivienda.

P: ¿Pagar ahora un alquiler supone renunciar a comprar una vivienda en el futuro debido a que las elevadas rentas hacen imposible ahorrar”

A. D.: Ahorrar para comprar una vivienda al mismo tiempo que se vive de alquiler es prácticamente imposible para la mayoría de ciudadanos. ¿Cómo vas a poder permitirte hipotecarte si ya estás depositando más de la mitad de tu sueldo en el alquiler? ¿De dónde vas a sacar un ahorro que te permita hipotecarte?

P: ¿Los inquilinos están ahora suficientemente protegidos por la ley?

A. D.: No. Hay que facilitar que los que quieran vivir de alquiler o no tienen más remedio puedan hacerlo dignamente, que se acabe con esa inestabilidad de no saber qué va a pasar a los cinco años cuando cumpla el contrato. Te pueden echar incluso antes si se justifica que se va a usar esa vivienda. No hay ningún tipo de protección a los inquilinos y por eso peleamos con nuestra organización de base. Cada vez hay más gente que vive de alquiler y está más expuesta.

P: Desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno Central se están impulsando las viviendas de alquiler asequible. ¿Son tan asequibles como dicen o en ocasiones las rentas son superiores a las del mercado libre?

A. P.: Este tema es curioso porque el alquiler asequible es la apuesta de todas las administraciones públicas, autonómicas, estatales o municipales, pero también la de la patronal inmobiliaria y del capital inmobiliario en general. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué están de acuerdo en este sentido la administración pública y el capital inmobiliario?

La respuesta es sencilla: porque es un negocio. No son ni alquileres asequibles ni alquileres que garanticen que no se especule con la vivienda. Está el ejemplo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, los dos bloques de alquiler asequible ya están organizados con el sindicato porque las rentas son incluso más altas que las del mercado. Lo más perverso de esta dinámica es que esos alquileres asequibles son subvencionados. Es decir, se está regalando dinero público para que empresas y fondos buitre supuestamente bajen el alquiler, pero en realidad es lo que conocemos como colaboración público privada, que es básicamente dar dinero público a manos privadas para, supuestamente, acometer un fin social, que son los alquileres asequibles, pero que en realidad no lo son. Otro ejemplo es la Operación Campamento. Los alquileres asequibles son una auténtica estafa. Ante ello, nosotros pedimos que bajen todos los alquileres porque es la única solución. Los alquileres asequibles es poner dinero público en manos privadas.

P: ¿Cómo valoran que solo una comunidad autónoma, Cataluña, haya solicitado la declaración de zonas tensionadas para topar la subida del precio del alquiler, cuando es un problema común en todas las grandes capitales del país?

A. P.: En Cataluña se ha solicitado la declaración de zonas tensionadas porque hay una presión social muy fuerte. Allí el problema del alquiler es incluso más complejo y más difícil que en Madrid. Los sindicatos de inquilinas catalanes han presionado a la Generalitat y esta se ha visto obligada a hacerlo. En otras comunidades, incluso las gobernadas por los socialistas, no están planteándose pedir la declaración de zonas tensionadas porque los grandes partidos de este país están de acuerdo en que la vivienda sea un negocio, una mercancía, y mientras estén de acuerdo en eso, hay poco poco que hacer.

P: Esta semana ha saltado la noticia de que dos hermanas se han suicidado en Cataluña porque las iban a desahuciar ese mismo día debido a que no tenían dinero para pagar el alquiler. ¿No hemos aprendido nada desde la crisis de 2008 para que sigan produciéndose estas tragedias?

P. A.: No hemos aprendido nada. En 2008 se prefirió salvar a los bancos y al sistema financiero en lugar de salvar a las clases populares. Ahora estamos en una situación muy parecida. El hecho de que hay una familia de dos hermanas que se han tenido que suicidar porque no veían otra salida es un fallo y una violencia del sistema hacia ellas. Eso es un problema real de cómo se estructura el sistema rentista en el que vivimos, que antepone de nuevo la vivienda como negocio y la propiedad a los derechos de quienes tenemos que pagar por una casa. También demuestra que los desahucios no se han acabado, que siguen estando ahí y que, a pesar de las leyes y de los decretos que supuestamente los paralizan, si no somos los sindicatos de inquilinas quienes paramos los desahucios, estos siguen sucediendo. Si no hay un acompañamiento, una lucha de base y un sindicalismo que ayude a que la gente se autoorganice y pelee por sus causas, las leyes no los van a proteger. Lo que pasó con las dos hermanas en Cataluña fue una auténtica aberración, un asesinato.