Le inhabilitaron y pagó una multa, pero no quiere la amnistía: “Es importante ir a Europa para que no vuelva a pasar en España”

El exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà (Lleida, 1973) fue condenado por el TSJC a medio año de inhabilitación para ejercer un cargo público y a una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia. El motivo fue negarse a quitar unos lazos amarillos del despacho municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Lleida (para protestar contra la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) en período electoral tras una denuncia de Ciudadanos y después de varios avisos de la Junta Electoral Central, inelegibilidad sobrevenida mediante.

Su caso, enmarcado dentro del procés catalán, se encuentra bajo el paraguas de la ley de amnistía, pero tras ejecutarse la sentencia y pagar la multa, el exconcejal cupaire ha renunciado acogerse a la ley de amnistía y recurrirá en el Tribunal de Estrasburgo. En una entrevista con Infobae España, este biólogo de profesión explica los motivos y los pasos que seguirá para “sentar un precedente” en España y que su caso “no vuelva a ocurrir”.

Pregunta: ¿Por qué no quiere recurrir a la amnistía?

Respuesta: Por dos motivos. Porque tener la amnistía puede significar que no puedo ir a Europa. Consideramos que es importante ir a Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque entendemos que en mi caso lo que se hizo es una vulneración de derechos, de libertad de expresión y libertad ideológica. Y creemos que es importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falle para evitar que esto no vuelva a pasar y siente un precedente. Entonces, si yo me acojo a la amnistía, el Estado español podría decir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, como es un delito que ya no existe, no hay lugar a ir a Europa y, por tanto, no hay nada que alegar.

P: El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo que presentó. Por tanto, ¿qué garantías tienes de que Estrasburgo le de la razón?

R: Yo soy biólogo, pero mis abogados, que han llevado algún caso a Europa y lo han ganado, ven muy claro que sí. Hay posibilidades, básicamente, porque ellos entienden que mi acción no era una llamada al voto y, por tanto, la Junta Electoral no tenía que inmiscuirse en esto. Aparte, significaba un ataque contra la libertad ideológica y de expresión. Además, el Tribunal de Derechos Humanos es bastante proclive a proteger el derecho de expresión y de ideología.

P: ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso?

R: La admisión o inadmisión en principio tarda entre tres y seis meses. Si se admite, teniendo en cuenta el precedente de Cuixart y Sànchez [indultados por el procés], puede tardar entre dos o tres años para que empiece el juicio. Una vez se admite, esto entra en curso durante dos o tres años. Entonces, el TEDH reclama a las partes sus escritos de defensa. Una vez los tienen, vuelven a requerir un segundo escrito para que se puedan contestar. Y, a partir de aquí, empieza ya el procedimiento. Pero va a tardar tres o cuatro años mínimo, creo.

P: Si Estrasburgo lo inadmite o no le da la razón, ¿recurrirá entonces a la vía de la amnistía?

R: La verdad es que no me he planteado esta situación ahora porque creo que vamos a ganar, pero si es así, lo tendría que valorar en su día.

P: ¿Hay más compañeros que hayan optado por esta vía?

R: Que yo sepa que hayan dicho que no a la amnistía, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Josep Costa, que fue miembro de la mesa del Parlamento en la legislatura anterior a la mía. Pero que hayan recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo sepa solo Cuixart y Sànchez.

P: ¿Qué opina del resto de encausados que se acojan a la amnistía?

R: Yo no estoy en contra de la amnistía. Es una ley que lo que hace es poner en relieve la existencia de un problema político. Y creo que los problemas políticos se solucionan políticamente. Entonces, para mí es un primer paso para la normalización de un problema político y creo que es una ley positiva, pero creo que la ley debe ir más allá. No a nivel de amnistía, sino a nivel de que los problemas políticos se han de resolver políticamente.

En mi caso, yo creo que incluye, por ejemplo, por qué no puedo poner urnas. Yo creo que las urnas no nos tienen que dar miedo, nunca en general. La libre determinación de las personas es democrática y, por tanto, si existe un problema o como quieras decir, un problema, un encaje, se debe preguntar a la gente cuál es su mejor manera de encajar, si es que quiere encajar. La manera más fácil es poner urnas y, por tanto, la ley de amnistía es un primer paso para la libre determinación en cualquiera de los sentidos que decidan los ciudadanos de Cataluña, los catalanes y catalanas.

P: Más allá de que el TEDH sentencia o no a España, ¿cree que la amnistía supone ya una suerte de rapapolvo contra el propio Estado?

R: Me gustaría pensar que no, porque yo no creo que esto, y te lo digo sinceramente, vaya de vencidos y vencedores. Una amnistía es como una tabla rasa donde, al final, lo que se tiene que poner es que esto es un problema político. Por tanto, yo no diría el Estado pierde o el Estado recibe un rapapolvo. A mi entender, la gestión del Estado o de una parte del Estado, que es la que gobernaba en aquel momento contra la voluntad del pueblo catalán de autodeterminarse, o de una parte de él, es muy negativa, ya que ofrecía represión frente a un problema político.

Y yo que he estado trabajando en la parte internacional de la CUP, la gente se sorprendió mucho con lo del 1 de octubre (referéndum de autodeterminación) fuera de España, de que la policía cargara contra la gente que iba a poner urnas. Por tanto, para mí la gestión fue muy mala. Dicho esto, yo no quiero pensar en ánimos de revancha porque creo que esto no es nada positivo.

Lo que sí que creo, y esto tiene que ver con la intención de que se siente un precedente, es que tenemos una junta electoral que a veces actúa extralimitándose en sus funciones y arrogándose funciones que no tiene como función electoral, o sea, ejerciendo como una cuarta cámara legislativa. En mi caso, y otros casos, yo creo que la inhabilitación que se hace en determinadas personas, tiene que ser más objeto de jueces que de junta electoral. En el caso de la inhabilitación sobrevenida, la figura que se han inventado para poder cercenar los derechos políticos de mucha gente, tenía que ser un tribunal quien decida esto, no la junta electoral, que está para vigilar la limpieza del proceso electoral.