Impuesto de sucesiones en Castilla y León: cuánto se paga y quiénes tienen bonificaciones

El Impuesto sobre Sucesiones, que grava la transferencia de bienes entre individuos en los casos de herencias, presenta variaciones importantes dependiendo de la comunidad autónoma en la que el difunto residiese. Este impuesto se aplica sobre el valor neto de los bienes y derechos adquiridos por el heredero tras el fallecimiento de una persona y es progresivo, por lo que cuanto mayor es el valor de la herencia, mayor será la carga tributaria impuesta a los descendientes. En el cálculo se descuentan deudas y gastos asociados, considerando así el valor total del patrimonio del fallecido.

Debe ser pagado por todos los herederos del fallecido, ya sea testamentarios (mencionados en el testamento) o legales (definidos por el Código Civil o el derecho foral aplicable en caso de sucesión intestada, siguiendo un orden de consanguinidad: hijos y descendientes, ascendientes, cónyuge viudo, otros parientes colaterales y, en última instancia, el Estado), aunque hay excepciones en algunas comunidades autónomas.

La administración de este impuesto está descentralizada y es competencia de las comunidades autónomas, que tienen la potestad de establecer deducciones, bonificaciones y exenciones. Esta descentralización resulta en disparidades significativas en la carga fiscal entre las diferentes regiones del país. Algunas comunidades autónomas aplican tasas elevadas, mientras que otras permiten reducciones fiscales considerables.

El plazo en el que debe pagarse es de seis meses tras el fallecimiento, aunque puede extenderse otros seis meses mediante una solicitud de prórroga. En este caso, es importante destacar que realizar el pago durante el periodo de prórroga podría hacer que los herederos pierdan las bonificaciones por pago anticipado que algunas comunidades autónomas ofrecen.

Por lo tanto, el coste de heredar puede variar significativamente dependiendo no solo del valor total de los bienes sino también de la ubicación geográfica del fallecido.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas que tiene prácticamente suprimido el impuesto de sucesiones en las herencias entre parientes de primer grado. Según su normativa, en las sucesiones entre cónyuges, descendientes y ascendientes, los herederos cuentan con una bonificación del 99% en la cuota. Además, la comunidad cuenta con reducciones en la base imponible:

• para sujetos pasivos con discapacidad
• por la adquisición de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico
• para las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas a los herederos de los afectados por el síndrome tóxico y las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo
• por la adquisición de explotaciones agrarias situadas en Castilla y León
• por la adquisición de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades sin cotización domiciliadas en Castilla y León.
• para las adquisiciones cuando la persona causante sea víctima del terrorismo o víctima de violencia de género
• para sujetos pasivos víctimas del terrorismo.

Los partidos políticos, inmersos en una campaña continua, aprovechan la fiscalidad como arma electoral. La eliminación de impuestos causa grandes desigualdades entre las comunidades y suele desencadenar disputas fiscales. De hecho, la competencia fiscal no es nueva, ya que lleva más de una década en marcha. En regiones como Baleares o la Comunidad Valenciana este impuesto está completamente suprimido.

Otras cinco comunidades casi lo han suprimido: Cantabria, Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León cuentan con deducciones del 99% para los parientes de primer grado. Las diferencias en algunos casos son tan significativas que puede haber desajustes de hasta 100.000 euros en función de la comunidad en la que herede un contribuyente.

En La Rioja o País Vasco, solo se paga si la herencia excede los 400.000 euros y en territorios como Aragón, Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha existen distintas bonificaciones y deducciones.