Los adultos sí quieren porno: los padres, los expertos y la industria del cine para adultos critican la Cartera Digital del Gobierno

A principios de semana, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha presentado la iniciativa del Gobierno para limitar el acceso al porno de los menores: la Cartera Digital Beta. Esta consistirá en una aplicación que corroborará que los usuarios cumplen la edad mínima para acceder al contenido pornográfico de ciertas páginas webs.

Una vez descargada la aplicación, el usuario tendrá que verificar su identidad a través de alguno de los sistemas de identificación estatales, como el DNI electrónico o el Certificado Digital. Al corroborarse que todo está en orden, se le facilitará a la persona una serie de códigos QR -30 códigos cada 30 días- que le servirán para acceder a las páginas webs que publiquen contenido pornográfico. Cada código se podrá utilizar 10 veces en una misma página, y en caso de que se acaben antes de los 30 días, se podrá solicitar una renovación.

Sobre el papel, esta propuesta puede parecer eficiente, pero pasados unos pocos días del anuncio ya se han comenzado a conocer las primeras limitaciones de la aplicación y su funcionamiento, que también ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales.

Una de las primeras partes interesadas en reaccionar ha sido la de los padres a cuyos hijos se les intenta limitar el acceso a la pornografía. Esta idea les parece adecuada, pero no ocurre lo mismo con el hecho de que también ellos, y los mayores en general, tengan un cupo limitado de códigos para acceder a un determinado contenido.

“El Estado no debe limitar la libertad del adulto”, ha declarado Begoña Ladrón de Guevara la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) a la agencia Europa Press. Del mismo modo, se ha mostrado desconfiada con el hecho de que el Gobierno “pueda y deba cercenar las libertades” de los adultos.

Otra limitación importante, pero en otro sentido, ha salido a la palestra cuando se ha conocido el hecho de que las páginas web que no estén domiciliadas en España no tendrán la obligación de implantar este sistema de identificación. Esto, en caso de que no estuvieran interesadas en adherirse a la propuesta del Gobierno -algo lógico, por sus propios intereses-, dejaría fuera del control a las diez páginas porno más visitadas en España.

Una institución que no ha tardado en ver en esto un problema ha sido la Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales (APEOGA), que, según informa el diario La Razón, ha publicado un comunicado en el que han criticado la medida por llegar “tarde y mal”.

Esta agrupación de productores y editores de cine para adultos critica el hecho de que se esté “facilitando que los usuarios de contenidos para adultos elijan las plataformas internacionales en vez de las nacionales”. A su entender, son precisamente estos últimos, entre los que se incluyen los integrantes de la asociación, quienes respetan “escrupulosamente el marco legal” del sector.

Con ese fin, elaboran “protocolos muy estrictos para evitar, con la máxima eficacia, el acceso a menores a los contenidos para adultos con los que trabajamos”. En esa línea, han impulsado este mismo año una iniciativa propia: Su móvil, tu responsabilidad, que incluye tres cortometrajes para concienciar acerca de la problemática del acceso de los más jóvenes.

Paulita Pappel, propietaria de la web de porno amateur Lustery, también se ha mostrado contrariada. “Esta iniciativa favorece a las plataformas ilegales de Rusia o Nueva Zelanda. Nosotros estamos aquí en un marco legal”. Ella entiende la propuesta del Gobierno como “una medida de control disfrazada de protección de menores. Lo único que se está haciendo es censurar y discriminar a un colectivo en concreto”.

La privacidad de los datos de los usuarios que descarguen la cartera también ha quedado en entredicho por parte de algunos expertos, como los responsables del Xnet-Instituto para la Digitalización Democrática, una red de especialistas en derechos digitales que ha manifestado que “todo sistema que permite la identificación de las personas puede ser peligroso para la privacidad”. Un peligro que puede minimizarse si se permitiera, a su entender, que los datos no fueran almacenados por una entidad central y sí por el propio usuario.

El problema, en este sentido, es que “para saber si el sistema propuesto en este caso por el Gobierno es realmente así, se debe poder auditar el código para verificar lo que ejecuta. por lo que sabemos, el código, al menos de momento, no está disponible”, algo que no tiene por qué cambiar.

El ministro José Luis Escrivá aseguró en la presentación que la herramienta garantizaría “el anonimato, la privacidad y la imposibilidad de trazar al usuario”, pero según expertos como Jorge J. Ramos, “ningún sistema digital o analógico puede garantizar esto al 100%. Este informático asegura en sus redes sociales que “es una temeridad afirmar algo así solo porque las especificaciones lo ponen”. En su opinión, este tipo de medidas son “poner puertas al campo”, mientras la verdadera solución estaría, también, en la educación.

Otra figura muy consultada en distintos medios han sido los psicólogos y sexólogos, que también han ofrecido su punto de vista sobre el tema. Estos han relacionado la limitación de la Cartera Digital con otro aspecto clave: en la actualidad, el porno no solo llega a través de las páginas web, sino que aparece también con frecuencia en redes sociales o incluso llega a las manos de los niños enviado por amigos o conocidos.

“La clave está en capacitar y educar para que los chicos y las chicas antes de que vean porno tengan una mirada diferente a lo que van a encontrarse”, ha dicho José Luís García, psicólogo especializado en Sexología, en una entrevista en La Sexta, muy en la línea de lo que otros compañeros de profesión han manifestado.