La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por “pagos indebidos”: “Me han arruinado la vida”

Paula, una mujer de 29 años desempleada y madre de dos hijas, no puede pegar ojo desde hace una semana. En concreto, desde que recibió una carta en la que la Seguridad Social le reclama 39.000 euros por “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante cuatro años, a pesar de que ella asegura haber aportado “toda la información correctamente”. Paula, que se ve obligada a compartir piso con su expareja por la necesidad económica y prefiere no desvelar su verdadero nombre, solicitó esta ayuda en 2020, aunque no se la concedieron hasta 2021, cuando le comunicaron que debía incluir en el certificado de empadronamiento al padre de sus hijas como parte de la unidad de convivencia. Y así lo hizo, explica.

Tras subsanar el error, la Administración le otorgó esta ayuda con carácter retroactivo, desde que la pidió en 2020, y durante otros tres años más, hasta que hace unos meses y, sin previo aviso, dejó de recibirla. La semana pasada le comunicaron que debía devolverla de forma íntegra, del primer al último euro cobrado. La Administración señala en una carta que la unidad de convivencia de su expediente de Ingreso Mínimo Vital “está mal conformada, ya que en el momento de la solicitud de la prestación tendría que haber incluido al padre de sus hijas”, pues cabe recordar que esta ayuda se concede por familia, no por miembro, excepto que viva una persona sola. Sin embargo, Paula tiene la conciencia “bien tranquila”, ya que insiste en que ella envió la documentación corregida en su momento, tal y como le indicaron.

“No sé qué voy a hacer, esto es un error suyo y no mío, y ahora me piden que devuelva más de 39.000 euros cuando ni siquiera tengo trabajo. Cómo voy a pagar esa deuda”, se pregunta angustiada. “Llevo días sin dormir y esto supone un enorme daño psicológico”. Paula, que se ha visto ahora obligada a contratar los servicios de un abogado para poder interponer una reclamación, explica además que la Administración llegó incluso a equivocarse con los datos de una de sus hijas, “poniendo el nombre y apellidos de otra niña”. “Es un desastre”, resume.

Durante el primer año de prestación, Paula cobró 200 euros mensuales, mientras que en el segundo la cantidad aumentó hasta los 800 euros. Durante el tercer y cuarto año, esta ayuda ascendió a algo más de 1.000 euros, lo cual le ha permitido poder pagar, entre otros gastos, su parte del alquiler, “ante la imposibilidad de conseguir uno social” y de encontrar un trabajo que le permita conciliar con dos niñas pequeñas. “Me parece una locura que ahora me pidan casi 40.000 euros. Esto me va a dejar arruinada el resto de la vida. Nos están arruinando”, lamenta. “En mi vida pensaba que me concedieran una ayuda y me fuera a pasar esto, porque era mejor haberme quedado en cero. El trabajo de la Seguridad Social es saber si las personas cumplimos los requisitos o no y, si me la han concedido, es porque los he cumplido”, asevera.

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Cabe recordar que el IMV se puso en marcha en 2020 como una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia y a lo largo de estos cuatro años ha llegado a un total de 625.382 hogares en los que viven 1.883.124 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y la cuantía media de la prestación es de 484 euros por hogar.

Al igual que Paula, son tantas las personas a las que la Seguridad Social ha reclamado estas devoluciones que han decidido crear una plataforma de afectados para denunciar las “injustas resoluciones” que, a su juicio, está aplicando la Administración. Critican, entre otros aspectos, la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo, pues “no responden cuando se reclama o retiran la ayuda sin ningún tipo de explicación”.

Estos mismos afectados, a través del Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, han denunciado a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa” y que fue suscrito por España.

A pesar de que el IMV se presentó como una herramienta para la lucha contra la pobreza extrema, la organización sostiene que “ha agudizado los problemas que ya venían arrastrando muchas personas” y recuerda que, tras las numerosas quejas relacionadas con esta prestación, instituciones como el Defensor del Pueblo han recomendado que se introduzcan cambios organizativos y legislativos para garantizar que llegue a quien lo necesite.