“El legislador ya ha hecho su trabajo”: el Gobierno se lava las manos con la amnistía y fía el regreso de Puigdemont al Constitucional

El Gobierno da por cumplido el acuerdo alcanzado con los partidos independentistas en torno a la ley de amnistía a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Desde la aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado de la medida de gracia a los encausados por el proceso independentista catalán, la norma ya está en manos de los tribunales, a quienes le corresponden aplicarla. Pero el resultado de esta acción ya no incumbe al Gobierno.

“El legislador ya ha hecho su trabajo”, sostienen fuentes de Moncloa después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye a Carles Puigdemont y a otros dos exconsellers fugados y acordara mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Asimismo, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplicó la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre los que destacan el exvicepresident y exlíder de ERC, Oriol Junqueras (inhabilitado hasta 2031), al entender que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.

Aunque en Ferraz y en Moncloa discrepan de la decisión tomada por el alto tribunal, se lavan las manos en lo relativo al futuro de la norma para evitar que sus posibles efectos políticos salpiquen a Pedro Sánchez. “Hay cosas que no nos corresponden a nosotros”, rematan fuentes de la parte socialista del Ejecutivo acerca de las resoluciones judiciales. En cualquier caso, recuerdan que será el Tribunal Constitucional el órgano encargado de resolver la patata caliente: “Si hay algún tipo de diferencia en aplicación, para eso está el Tribunal Constitucional”, rematan estas voces gubernamentales.

En abierto, la ministra portavoz, Pilar Alegría, mostró este martes el “respeto” del Ejecutivo a estas decisiones, pero reiteró que los jueces deben aplicar la amnistía. ”El texto de la ley de amnistía es absolutamente claro y meridiano. La voluntad del legislador también. Tan clara como las letras y el texto de la propia ley”, apostilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el marco de la “voluntad del legislador”, fuentes del PSOE ponen el foco en el artículo 1.4 de la ley de amnistía. Este precepto señala que “no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

En el Ejecutivo son conscientes de que la amnistía, que permitió dar vida a la actual legislatura, puede plantear ahora dudas (después de la decisión del Supremo) sobre la estabilidad del periodo legislativo en Madrid y la investidura del socialista Salvador Illa en Cataluña. Ambos elementos dependen de los partidos independentistas, ERC y Junts, que de momento desvinculan la negativa del Supremo de la enrevesada situación política catalana.

En Junts afirman que Carles Puigdemont mantiene su compromiso de volver a España, aunque eso suponga arriesgarse a una detención. De hecho, el abogado del expresident de la Generalitat, Gonzalo Boye, señaló que el líder de Junts está “preparado para ir a la cárcel”. Por otro lado, fuentes de los independentistas poscongerventes destacan a Infobae España que Junts “no pedirá” un cambio en la ley de amnistía, una puerta que el PSOE siempre ha tenido cerrada.

Lo que harán con toda seguridad Junts y ERC es agotar la vía judicial. En este sentido, los encausados por el procés y condenados por delitos de malversación tienen que recorrer todavía los caminos que le llevan al Constitucional. Por un lado, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa presentarán primero un incidente de nulidad ante la sala que les juzgó para llegar al TC. En el caso de Carles Puigdemont y los otros dos exconseller fugados, recurrirán la decisión del juez Llarena ante el Supremo, pero como no se espera que no les den la razón, se verán previsiblemente obligados a acudir al Constitucional.

En el caso de que los recursos al TC (con mayoría progresista) prosperasen, el Supremo tendría que aplicar la ley de amnistía, pero el alto tribunal todavía tiene la opción de activar la vía de la cuestión prejudicial en el TJUE. El Supremo desestimó adoptar esta decisión al entender que no hay dudas sobre la no aplicación de la ley, pero si más adelante decide consultar a Europa, se volvería a posponer la aplicación de la norma más allá de que el Constitucional así lo estimara.