El “calvario judicial” de los 46 policías amnistiados por las cargas del 1-O: seis años imputados sin juicio para defenderse

Un “calvario judicial”. Así define el entorno de los 46 agentes de la Policía Nacional amnistiados su periplo desde que fueron imputados por las cargas del referéndum del 1-O hasta que este martes el juez instructor les ha aplicado la medida de gracia. Algunos de ellos se decantaban por ir a juicio para defender su inocencia, aunque las fuentes consultadas por Infobae España creen que el juez, en su auto, les ha acabado dando la razón.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que había agrupado varias causas contra agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y mandos, reflejó que las actuaciones de los agentes en los colegios electorales “fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo”. Por esos motivos, y porque no se superaba el “umbral de gravedad”, el juez consideró que las torturas que se imputaban a algunos de los funcionarios encajaban en la aplicación de la ley de amnistía.

La medida fue apoyada por la Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de 29 de los agentes investigados, y la Fiscalía, aunque las fuentes preguntadas por este medio critican que el ministerio público fue “escueto” en su argumentación, ya que se limitó a señalar que, aunque las acusaciones independentistas vieran posibles delitos de torturas, los hechos “no rebasaban el umbral mínimo de gravedad establecido por la ley”.

El “calvario” al que aluden los agentes comenzó pocas semanas después del referéndum ilegal del 1-O. El Govern de la Generalitat denunció “desproporcionalidad” en las cargas de los funcionarios de la Policía Nacional que participaban en la denominada operación Copérnico, uno de los dispositivos más exigentes en la carrera profesional de muchos de ellos.

El caso cayó en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que ordenó a la Policía que identificase a los agentes que participaron en esas cargas, que se saldaron con más de un centenar de heridos. Así fueron llamados a declarar como imputados los primeros funcionarios, hace ya casi seis años y medio.

Se les atribuían delitos de lesiones -leves y graves- y contra la integridad moral. Los agentes defendieron en todo momento que actuaron cumpliendo las órdenes de sus superiores y en cumplimiento de un mandato judicial. Durante el procedimiento, las defensas de los policías han criticado las “excesivas dilaciones” que impedían a los investigados defenderse en un juicio justo y con todas las garantías.

Tras conocerse que su caso podría estar bajo el paraguas de la ley de amnistía, algunos de los ya procesados -la Audiencia de Barcelona confirmó el juicio el pasado mes de febrero- pedían que no se les aplicase la medida de gracia, puesto que querían defender su “inocencia” en un juicio. Sin embargo, fuentes del entorno de los procesados señalan que han recibido con “alivio” la noticia de este lunes, aunque son cautelosos, ya que contra la resolución del juez cabe recurso en un plazo máximo de cinco días.