Ayuso estudia sancionar por ley a las universidades madrileñas que permitan escraches, vandalismo o actos incívicos en sus instalaciones

Al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no le gustó que los universitarios madrileños se concentraran pacíficamente en mayo en distintos campus para protestar por la invasión israelí de Gaza. Las acampadas “politizan” los espacios docentes, señaló entonces la presidenta. Las críticas del Ejecutivo autonómico crecieron después de que la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense aprobara además una declaración que pedía la suspensión de la cuenta bancaria que la universidad tiene con el Banco Santander tras acusar a la entidad de “financiar la industria fósil y la industria armamentística implicada en el genocidio sobre Gaza”. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, recogió el guante de su jefa y reiteró que “la política debe estar fuera de las aulas”.

Una tarea bastante complicada. La Comunidad de Madrid quiere encontrar el equilibrio entre “libertad de expresión y libertad de cátedra”, por eso estudia incluir algún tipo de régimen disciplinario con sus respectivas sanciones en la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, cuyas líneas generales ya se han presentado a los rectores de los centros públicos y privados y que Ayuso quiere llevar a la Asamblea antes de que acabe 2024 para su aprobación. Con la mayoría absoluta del PP no será difícil. El objetivo es ‘castigar’ a la universidad (no al alumno) si, por ejemplo, permite en sus instalaciones escraches violentos (en la retina las protestas que sufrió la propia Ayuso en su visita a la Complutense en 2023), algún tipo de vandalismo o actos incívicos que impidan dar clases o acceder a los edificios. “La autonomía universitaria no es ilimitada”, señaló este lunes el consejero Viciana en un encuentro informativo con periodistas para hacer repaso del primer año de legislatura.

Ya veremos cómo se plasman las infracciones y las respectivas sanciones. La regulación no será fácil. “Hay que garantizar el orden público y el decoro”, explicó Viciana, que puso un ejemplo. “Una cosa es una concentración pacífica. Ahí no nos vamos a meter. Y otra cosa es impedir la libre circulación de vehículos o personas que impidan la libertad de cátedra. Hay límites fundamentales que no se puede cruzar”, sentenció, asegurando que solo se busca “el respeto a la legalidad” y que aún se está delimitando este capítulo dentro de la ley. Desde Más Madrid y el PSOE desconocían que la consejería quisiera regular sanciones a las universidades. “Es un globo sonda, una declaración de intenciones. No es fácil que esto pueda salir adelante porque es incompatible con la autonomía universitaria, que ya garantiza la convivencia”, explica Antonio Sánchez, parlamentario de Más Madrid y profesor en la Complutense. Esteban Álvarez, portavoz del PSOE en materia de educación en la Asamblea, critica el cinismo de la consejería. “En el fondo es un problema de ideología. Siempre acusan a las universidades públicas de difundir ideología, cuando quien realmente lo hace son las privadas”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

La verdad es que ya existe desde 2022 una ley estatal de convivencia universitaria que establece sanciones leves, graves y muy graves para aquellos que incumplan el régimen disciplinario, que van desde las expulsiones por un determinado periodo de tiempo a la pérdida de algunos derechos, como la matriculación o la amonestación privada. Pero son sanciones a estudiantes. Lo que pretende el Gobierno regional es multar a universidades por las acciones que cometan los alumnos. Por ejemplo, en la ley estatal se consideran faltas leves “acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso o realizar actos que deterioren los bienes del patrimonio de la universidad. Entre las muy graves se han regulado “realizar novatadas o cualesquiera otras conductas o actuaciones vejatorias, física o psicológicamente, que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas” y “acosar o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria”.

El mes pasado, la presidenta Ayuso ya presentó a los rectores un avance del borrador de la ley. Se desconoce si se habló de este régimen sancionador. Este diario ha intentado hablar con un portavoz de la CRUMA, la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas. “Los rectores de las Universidades Públicas de Madrid están analizando globalmente el documento de la Comunidad y se establecerá una interlocución con esta entidad para avanzar en la nueva Ley. Se trabaja de manera positiva y colaborativa”, se limitan a decir.

El texto también contempla aspectos como una financiación de los centros asociada a objetivos, una financiación que será revisada cada cinco años por la Comunidad de Madrid, un distrito único de prácticas o el requisito del español para extranjeros que cursen másteres y doctorados en la región. Según Emilio Viciana, la futura ley pretende dar respuesta a “grandes desafíos” como la actualización del sistema de investigación y ciencia, la conexión entre FP y la universidad, y el reconocimiento de las escuelas de negocios. El sistema educativo de la Comunidad de Madrid cuenta con 19 universidades (6 públicas y 13 privadas), más de 320.000 alumnos, 32.000 profesores y 12.000 trabajadores de Administración y Servicios.