Perdonan una deuda de casi 60.000 euros a un transportista que sufrió varias bajas laborales durante la crisis del Covid

El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 58.405,11 euros a un transportista que se vio inmerso en una situación de insolvencia a raíz de varios préstamos. El problema creció cuando tuvo que coger varias bajas de larga duración por operaciones quirúrgicas durante la crisis del Covid. El juez ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad al hombre y de esta manera le ha exonerado del pasivo insatisfecho, según ha informado el despacho de abogados de Bergadà Asociados.

En 1995 el hombre constituyó una empresa de transportes, pero al cabo de unos años tuvo que cerrarla y comenzó a trabajar por cuenta ajena en el mismo sector. Más tarde se compró una vivienda, pero no pudo hacer frente al pago de la hipoteca y tras intentar una dación de pago y no conseguir subastarla, le quedó una cola de deuda pendiente. Con el paso del tiempo, las deudas fueron creciendo sin que el hombre se diera cuenta, ya que todavía se iban arrastrando préstamos y avales pendientes que desconocía.

Además, a causa de la crisis provocada por el coronavirus y unas bajas laborales derivadas de unas operaciones, su trabajo se vio afectado y sus ingresos disminuyeron considerablemente. En este sentido, en 2019 estuvo ocho meses de baja laboral a causa de una rotura de los ligamentosa y a finales de 2022 otros tres meses por una operación, por lo que durante dichos periodos de tiempo no pudo ejercer su profesión.

El peor momento llegó en octubre del año pasado cuando su nómina fue embargada por las deudas que se habían acumulado desde hacía años. “Me quedé a cuadros, ya que desde que cerré mi empresa hace poco menos de 20 años siempre he trabajado por cuenta ajena y he estado empadronado en el mismo domicilio, por lo que he estado todos estos años localizable y nunca había recibido una comunicación”, comenta. Así, llegó un momento en el que no pudo hacer frente a lo que se le exigía.

Marta Bergadà, fundadora del despacho que representó al hombre, comenta que “este caso nos sorprendió en el sentido que durante años no se le hubiera comunicado a nuestro cliente las deudas que tenía, lo que provocó que los intereses se fueran multiplicando. No obstante, al tratarse de un deudor de buena fe la Ley de la Segunda Oportunidad se ha vuelto a mostrar efectiva, permitiéndole que pueda tener un futuro esperanzador”.

La Ley de Segunda Oportunidad, implementada en 2015, está diseñada para ofrecer un respiro a individuos y empresas con deudas insostenibles. Esta normativa permite a los beneficiarios reestructurar o incluso cancelar sus deudas bajo ciertas condiciones establecidas por la legislación española.

Para acceder a los beneficios de esta ley, los solicitantes deben cumplir criterios específicos. Entre estos, se encuentra la ausencia de antecedentes penales por delitos patrimoniales, como robos, estafas o falsedad documental, en los diez años previos a la solicitud. Dichos delitos deben también tener penas menores de tres años.

Además, es fundamental no tener deudas pendientes con Hacienda o la Seguridad Social derivadas de otras empresas, ni haber recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos cinco años. Tampoco se debe tener infracciones graves con estas entidades.