La EBAU común que el PP busca y no encuentra: por qué España no puede tener una prueba única

El próximo curso desaparecerá la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o EvaU) que dará paso nuevo modelo de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que aprobaba el Consejo de Ministros en junio. Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Educación, Pilar Alegría, celebraba la inclusión de “criterios comunes y homogéneos”, que sean “idénticos” para la evaluación “desde el punto de vista de la sintaxis y de ortografía”. Meses antes, el líder popular Alberto Núñez Feijóo adelantaba la creación de una EBAU propia para las comunidades del PP que se materializó el pasado lunes con el anuncio de una prueba con criterios comunes para las comunidades autónomas en las que gobierna, donde los exámenes se basarán en los mismos contenidos, con criterios de corrección comunes y las mismas fechas de realización.

“Habrá un sistema común de corrección y un contenido mínimo y común de la normativa por la que se regulará la prueba. Además, se ha acordado la homogeneización del contenido de materia y examen. Y de cada una de las 15 materias de la fase obligatoria se ha desarrollado una matriz de especificaciones y la descripción de la prueba”, indica el documento que recoge el acuerdo, aunque matizan que “mientras que los contenidos no sean idénticos, no podemos poner un examen con las mismas preguntas, en el sentido literal de la palabra. Lo que sí que podemos hacer, y se ha hecho, es poner el mismo tipo de examen”.

Los intentos, tanto del Gobierno como de la oposición, de crear una prueba de acceso a la universidad lo más universalizada posible son una respuesta a los estudiantes que se presentan a las pruebas y alegan que sería más justo que todos los que aspiran a la educación universitaria pasasen una misma barrera y para evitar los supuestos desequilibrios entre las comunidades autónomas. Sin embargo, España no puede tener una prueba de acceso común en todos sus aspectos porque la competencia está delegada.

Con el anuncio de los populares en enero, la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, ya advertía de que “en estos momentos una prueba única es imposible” porque no hay un Bachillerato único en todas las comunidades y cada región tiene un sistema educativo diferente con un currículo diferente. Aun así, el documento de los populares indica que los exámenes se basarían en “un acuerdo básico sobre el contenido de la prueba, respetando el currículo oficial, pero organizándolo de forma que permite diseñar pruebas comunes con la misma estructura y ponderación de cada una de sus partes”. Sin embargo, actualmente el Ministerio de Educación se encarga de fijar los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de las distintas etapas educativas, pero del resto se encargan las comunidades autónomas.

El Ministerio explica que “dentro del marco común establecido, son las administraciones educativas las competentes para establecer los currículos que han de aplicarse en sus respectivas áreas de gestión. Dichos currículos deben, necesariamente, incluir dichas enseñanzas mínimas, que requerirán del 50% de los horarios escolares en los territorios con lengua cooficial, y del 60% en los demás casos”. De modo que, los contenidos comunes a los que alude el PP están muy limitados.

Por otra parte, tres de las comunidades en las que gobierna -Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana- cuentan con una lengua cooficial. Tienen una asignatura para estudiar la lengua y la literatura de su región. Otro aspecto también se queda fuera del alcance de los populares.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que la EBAU común que ha anunciado el “no es solución”. Sin embargo, condicen en la necesidad de unificar todos los criterios. “Exigimos una EBAU única y reclamamos consenso entre Gobierno y comunidades autónomas. La propuesta del PP no es solución”, sentenciaba el lunes el responsable de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

Gutiérrez explica que, al haber un distrito único para el acceso a la universidad, “no tiene ninguna lógica las actuales diferencias en las diferentes comunidades autónomas”, lo cual, en sus palabras, “conlleva una desigualdad de oportunidades y una competencia del alumnado para acceder a los mismos puestos universitarios”. Por eso, señalan que la solución está “dentro de un consenso y dentro de un pacto de Estado para que sea de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional”.