El Gobierno también se verá afectado por el plan de Sánchez sobre la publicidad institucional: no detalla a qué medios destina el dinero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio este lunes una pista más sobre lo que va a consistir “su plan de acción y de calidad democrática”, que esbozará el próximo 17 de julio en el Congreso. En una entrevista en la Cadena Ser, el líder del Ejecutivo confirmó que modificará la ley de Publicidad y Comunicación Institucional, en vigor desde 2006 y que, por tanto, “no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación”.

Fuentes socialistas conocedoras de esta agenda de regeneración democrática confirman que, dentro de la intención del presidente de dar transparencia a la financiación con recursos públicos de los medios digitales, todas las instituciones y organismos públicos se verán interpelados. Es decir, la reforma de la ley impactará desde los ayuntamientos hasta el propio Gobierno central, pasando por los ejecutivos autonómicos y los respectivos organismos dependientes.

En este sentido, cabe subrayar que la falta de transparencia en lo relativo a la publicidad institucional es un fenómeno generalizado en España, a pesar de las regulaciones que afectan a los diferentes gobiernos y de las peticiones a los portales de transparencia. La normativa también se incumple por parte del Gobierno central, que no ha detallado en los casi 20 años de vigencia de la norma cómo es el reparto de dinero a los diferentes medios de comunicación.

La actual norma contempla la publicación de un plan anual de publicidad y comunicación institucional. “La Comisión de publicidad y comunicación institucional elaborará anualmente, a partir de las propuestas recibidas de todos los ministerios, un plan de publicidad y comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales que prevea desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de las entidades adscritas a esta”.

Asimismo, establece “el Gobierno elaborará un informe anual de publicidad y de comunicación en el que se incluirán todas las campañas institucionales previstas en esta Ley, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y, en el caso de las campañas publicitarias, los planes de medios correspondientes. Este informe se remitirá a las Cortes Generales en el primer periodo de sesiones de cada año y será puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector”.

El resultado es que, en los 18 informes publicados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez solo aparecen las campañas ejecutadas y el precio destinado, pero no a quién (ni el medio ni el grupo de comunicación). Precisamente, este es uno de los principales elementos en los que Sánchez ha depositado todas las miradas a la hora de hablar de “transparencia” de la publicidad institucional.

“Es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales y tabloides digitales porque lo que no es aceptable es que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha”, señaló en su entrevista radiofónica en virtud de los datos hechos públicos sobre administraciones gobernadas por el PP, como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid.

Recientemente, El Confidencial publicó una información sobre el dinero invertido en publicidad institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018 hasta 2023, después de varias peticiones al Portal de Transparencia. Según estos datos, clasificados por grupos de comunicación, Vocento (su cabecera más importante es el ABC) fue el que más recibió, “con casi siete millones de euros”.

Además de modificar la ley de publicidad institucional para incorporar “transparencia” a la financiación con recursos públicos de los medios digitales, Sánchez se comprometió a “establecer un máximo de financiación pública” a los medios de comunicación. “Lo que sucede es que hay medios de comunicación que solo tienen recursos públicos, no tienen lectores y, por tanto, eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación, que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digital”, justificó.

Estas medidas se suman a otras anunciadas dentro de su plan de regeneración democrática, como es la reforma de las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación. Una vez exponga su plan en sede parlamentaria, el Gobierno abrirá una ronda de consultas de trabajo con “todas las fuerzas parlamentarias que quieran participar de este plan de acción y calidad democrática”. La previsión de los socialistas es poder sacar adelante estas iniciativas a partir del verano y contar con los aliados parlamentarios del PSOE, ya que no ven al PP con actitud de formar parte de estas negociaciones.

De hecho, los de Alberto Núñez Feijóo tildaron de ”caza de brujas” el anuncio de Sánchez de limitar la financiación pública de los medios de comunicación al entender que el presidente “busca ahogar a la prensa que no oculta la corrupción del Gobierno, del PSOE y de la familia del propio Pedro Sánchez”, tal y como apuntaron fuentes de Génova.