¿Modificar la indemnización por despido improcedente? El Gobierno ya lo ve una “reparación adecuada”

El Gobierno no tiene previsto por ahora modificar la regulación sobre la indemnización por despido improcedente pese a los cambios que ha pedido el Consejo de Europa. En una respuesta a una serie de preguntas parlamentarias presentadas por diputados de Vox en el Congreso de los Diputados, el Gobierno considera que la actual indemnización por despido improcedente es “adecuada”, tasada y basada en criterios objetivos y otorga seguridad jurídica al sistema.

Los diputados de Vox le preguntaban al Gobierno si se había evaluado la posibilidad de una reforma que alterase la indemnización, actualmente fijada en 33 días por año trabajado tras la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Antes de la citada reforma de 2012, la indemnización era de 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Tras ella, la indemnización quedó fijada en los 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 pagos.

Para argumentar su pregunta, los diputados de Vox se referían a un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que otorgó una indemnización adicional de 30.000 euros a un trabajador despedido basándose en la Carta Social Europea, lo que, según ellos demostraba lo insuficiente de la cuantía vigente en España conforme a los preceptos europeos.

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La declaración del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de abril afirmaba que los despidos improcedentes en España no se ajustan a la Carta Social Europea. En dicha resolución, emitida a raíz de una reclamación colectiva del sindicato UGT en 2022, el órgano europeo con sede en Estrasburgo manifestó que la normativa española no es “suficientemente reparadora ni proporcional al daño” que producen los despidos sin causa, ya que fija de manera predeterminada y única la indemnización y esta metodología no permite, denuncian, compensar todas las pérdidas eventuales sufridas por el trabajador.

En su respuesta parlamentaria del pasado 18 de junio, el Ejecutivo recuerda que en el Estatuto de los Trabajadores se prevé una fórmula de cálculo de indemnización por despido basada en el salario y la antigüedad en la empresa del trabajador y que esta actual indemnización “tasada y basada en criterios objetivos, otorga seguridad jurídica al sistema y ofrece ventajas tanto para los trabajadores (al eximirles de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente) y para las empresas (al lograrse un efecto neutro en la decisión de contratación)”.

También defiende que el marco legal español ya es coherente con el artículo 24 de la Carta Social Europea, proporcionando “una reparación adecuada” a los trabajadores despedidos sin razón válida, lo que se considera un despido improcedente.

Esta postura del Gobierno no coincide con la expresada en anteriores ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha asegurado que la indemnización por despido improcedente es “demasiado barata” y requiere una reforma. Desde Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, se aboga por un despido que sea disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores, asegurando que la legislación actual no cumple con la Carta Social Europea.

Asimismo, partidos como Esquerra Republicana (ERC), Podemos, EH Bildu y BNG han reclamado repetidamente la derogación de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente. De hecho, algunas de estas formaciones políticas votaron en contra de la reforma laboral de 2021 por no abordar el tema del despido y han presentado propuestas legislativas para mejorar las indemnizaciones.

Podemos, actualmente fuera del Gobierno de coalición, ha propuesto recuperar los 45 días de indemnización en caso de despido nulo y eliminar la figura del despido improcedente, sin considerar la opinión de la patronal.

*Con información de Europa Press