Por qué BBVA fue condenado en el caso de una mujer que cobró la pensión de un fallecido seis años

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmó la semana pasada la pena de dos años de prisión y multa de 78.643,72 euros impuesta a una mujer por cobrar durante seis años la pensión de un hombre fallecido. Sin embargo, lo más sorprendente de el caso es que a parte se declaró responsable civil subsidiaria de lo ocurrido a la entidad bancaria BBVA.

La acusada, pese a conocer el fallecimiento del titular de la pensión el 25 de agosto de 2015 en Ecuador y aprovechando su condición de autorizada, eludió informar sobre ello a la administración y a la entidad bancaria, así como a los familiares herederos del fallecido, disponiendo indebidamente del dinero mediante retiradas en efectivo y pagos con tarjeta desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2021. Entonces, ¿Por qué también se ha condenado a la entidad bancaria?

Esto ha ocurrido gracias a la normativa del artículo 17.5 de la OMTSS que exige a las entidades bancarias que informen anualmente a la TGSS sobre la pervivencia del titular de una cuenta corriente.

Los magistrados encargados del caso señalaron que la obstrucción por parte de la acusada no habría sido factible si BBVA hubiera cumplido con esta obligación legal. “La disposición por la acusada de las cantidades ingresadas por la TGSS en concepto de pensión de jubilación no se hubiera producido si BBVA hubiera cumplido con la obligación impuesta en el artículo 17.5 OMTSS”, indicaron los jueces.

Pese a que BBVA apeló la decisión inicial de la Audiencia de Guadalajara buscando su absolución, el tribunal subrayó la “falta total de actuación” del banco y su omisión de control sobre la pervivencia del beneficiario de la pensión. Según el tribunal, BBVA no realizó ninguna verificación ni solicitó ayuda a la Dirección Provincial correspondiente.

La Sala de lo Civil y Penal agregó que, aunque el artículo 17.5 de la OMTSS permite a la entidad pagadora requerir a la TGSS la verificación de la pervivencia de los beneficiarios, esto no exime a la entidad bancaria de su responsabilidad. Los jueces insistieron en que el fraude podría haberse evitado si el banco hubiera comunicado anualmente la situación a la TGSS.

La responsabilidad civil subsidiaria surge cuando el autor del delito no tiene recursos para pagar, y otros deben asumir las consecuencias económicas. Esta medida es crucial para asegurar la indemnización a las víctimas.

Personas comúnmente sujetas a responsabilidad civil subsidiaria incluyen a los padres de menores, dueños de establecimientos donde se cometió el delito, empleadores por acciones de sus empleados, y propietarios de vehículos usados en delitos. Además, avalistas de créditos también pueden ser responsables si el deudor no cumple con las obligaciones de pago.

Un ejemplo común es cuando un padre responde por los delitos de su hijo conviviente debido a negligencia. También, los titulares de medios de comunicación pueden ser responsables por delitos cometidos mediante su plataforma, comenzando con los autores y extendiéndose hasta los directores.

Para que esta responsabilidad aplique, el autor del delito debe haber sido condenado y declarado insolvente, lo que permite acudir al responsable subsidiario. Este último debe tener una relación de dependencia con el autor del delito, ya sea económica o de otra naturaleza.

Importante destacar es que la responsabilidad civil subsidiaria no excluye otras formas de responsabilidad, como la patrimonial por el funcionamiento de servicios públicos. Sin embargo, no se permite la duplicidad de indemnizaciones; esto quiere decir que si se ha pagado una indemnización bajo una forma de responsabilidad, no se puede exigir otra sobre la misma base.