Miles de personas se manifiestan en Málaga y Cádiz por una vivienda digna y contra la saturación turística

Unas 5.500 personas en Málaga -según la Policía Nacional- y 3.000 en Cádiz se han manifestado este sábado para denunciar la insostenible situación de la vivienda en sus ciudades y luchar contra los pisos turísticos y la “expulsión” de los vecinos.

La marcha de Málaga, organizada por el Sindicato de de Inquilinas e Inquilinos bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir” ha contado con el apoyo de numerosos colectivos, entre los que destaca Málaga Acoge, Greenpeace, CCOO, Facua y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Entre los asistentes también se encontraba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha solicitado medidas “contundentes y valientes” contra la ‘turistificación’ de la ciudad: “La gente está diciendo alto y claro que las ciudades son para vivir, no son para los turistas”, ha expresado tajante.

El motivo de la marcha ha sido denunciar la dificultad de acceder a una vivienda, la expulsión de vecinos de sus barrios y el cierre de comercios locales. Entre los lemas que se han observado en las pancartas se encuentran “El turismo o la vida. Por una vivienda sin abusos ni especulación”, “Quién ama Málaga no la destruye” e incluso alguna en inglés que invitaba a los turistas a alojarse en hoteles.

En la provincia limítrofe, la marcha ha sido convocada por por la Plataforma Cádiz Resiste, que ha afirmado que la saturación turística actual está “expulsando a vecinas y vecinos de la ciudad”. Además, se ha resaltado la necesidad de establecer zonas tensionadas en la ciudad “para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a una vivienda digna para todos los residentes”.

Entre las exigencias presentadas, los manifestantes han solicitado una moratoria indefinida en la emisión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT), para detener la proliferación descontrolada de estas propiedades y asegurar el acceso equitativo a la vivienda, así como la implementación de una tasa turística y el incremento de impuestos específicos, como los de basuras e IBI para las VUT, con el fin de que estos ingresos mejoren los servicios públicos y mitiguen el impacto negativo en la ciudad.

El pasado mes de abril, miles de canarios se echaron a la calle para exigir un cambio profundo en el modelo turístico de la región, que consideran actualmente saturado, tanto en las islas como en la Puerta del Sol de Madrid. La preocupación central de los manifestantes giraba en torno a la dependencia excesiva del turismo en la economía canaria ya que este sector representa aproximadamente el 35% del PIB y el 40% del empleo en la región.

Entre las demandas planteadas se destacaba la solicitud de una moratoria en el desarrollo turístico, con el objetivo de evaluar y replantear las políticas de crecimiento turístico en las islas. Esta moratoria se plantea como una medida necesaria para frenar el impacto ambiental y social negativo generado por el turismo masivo y descontrolado. Además, se reclama la implementación de una ecotasa, una medida destinada a gravar económicamente la actividad turística con el fin de financiar proyectos de conservación ambiental, desarrollo sostenible y diversificación económica.