La explotación sexual continúa siendo un problema en España. En 2023, la Guardia Civil pudo identificar 294 víctimas de trata de personas con fines sexuales y otras 370 víctimas de explotación sexual: el 98% fueron mujeres. En los últimos años, las organizaciones criminales que se lucran con este delito han desarrollado una nueva modalidad para delinquir, trasladando la prostitución de lugares públicos a espacios residenciales de carácter privado, como pisos y chalets, lo que dificulta combatirla.
“Los pisos donde se explota a las mujeres y niñas de manera clandestina se han convertido en una herramienta de muy fácil funcionamiento para las organizaciones criminales”, ha asegurado la teniente Paula Matutano Jiménez, de la sección de trata de seres humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, durante la presentación este viernes de la campaña de concientización Y tú, ¿a quién llamarías, desarrollada por la entidad social Diaconía en colaboración con la Benemérita.
Matunato ha detallado que los proxenetas aprovechan “la protección legal que se otorga al estatus de domicilio” del que se benefician estos sitios, lo que redunda en una “invisibilización del problema” y que, a su vez, les permite a los criminales contar con otra serie de ventajas para llevar a cabo esta actividad ilícita. “Es la discreción y la privacidad que se ofrece a los demandantes de este servicio, donde pasan totalmente desapercibidos por parte de los vecinos. Las víctimas se encuentran totalmente aisladas, no pueden salir del domicilio, viven y ejercen la prostitución en el mismo lugar”, ha detallado la teniente.
La Guardia Civil ha señalado que estas viviendas particulares están repartidas por todo el territorio nacional y carecen de cualquier apariencia de establecimiento comercial abierto al público. De esta manera, no existe una característica o lugar concreto en el que puedan ubicarse este tipo de sitios.
Además, ha asegurado Matunato, se aprovecha este aislamiento para agredir física y psicológicamente a estas personas”. En este sentido, desde la fuerza de seguridad han explicado que estas organizaciones criminales obligan a las víctimas a ejercer la prostitución mediante el uso de la violencia, el engaño, la manipulación o la intimidación. Asimismo, han señalado que del beneficio económico que los tratantes perciben por este delito, las víctimas sólo perciben “lo imprescindible para mantener una vida en condiciones deplorables”, teniendo en muchos casos que pagar incluso una contrapartida a sus explotadores.
Campaña de concientización
Por esta razón, la Guardia Civil y Diaconía pretenden concienciar al mayor número de personas posible de la existencia de esta realidad mediante la campaña Y tú, ¿a quién llamarías, mediante la que solicitan la colaboración de los vecinos que día a día conviven con esta problemática, que además genera problemas por el trasiego constante de hombres que acceden a estos lugares. La denuncia puede hacerse de forma anónima mediante el correo trata@guardiacivil.es, en cualquier puesto de este cuerpo o contando con el asesoramiento de una ONG especializada.
Los protocolos de colaboración entre el instituto armado y la ONG buscan también garantizar la atención psicosocial y económica de las víctimas garantizando desde el primer momento su protección. La directora del Área de Mujer y Lucha contra la Trata de Diaconía, Eva Márquez, ha comentado que en relación con la prostitución “la ciudadanía está muy callada y ni siquiera tenemos ni ley contra la trata ni contra el proxenetismo”. De igual manera, aunque ha celebrado la liberación de más de 650 víctimas, Márquez ha advertido que todavía “hay muchas más”.