En España faltan 42 centros de crisis para víctimas de violencia sexual y a las regiones se les acaba el tiempo: “Algunas están buscando terreno”

España debería tener antes de final de año un total de 52 centros de atención integral especializada para víctimas de violencia sexual, uno por cada provincia y ciudad autónoma como establece la Ley de Libertad Sexual de 2022, pero a día de hoy solo hay diez. La norma, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, en principio dio de plazo seis meses para ejecutar la medida, hasta septiembre de 2023, y ante el retraso de las regiones, fue prorrogado hasta diciembre de 2024. Se trata de un recurso que deben poner en marcha las propias comunidades autónomas para facilitar atención multidisciplinar a las víctimas, lo que incluye atención psicológica, jurídica y social, como así recomienda el Consejo de Europa, por lo que organizaciones como Amnistía Internacional piden que se pongan en marcha cuanto antes.

“Estos centros ya deberían estar funcionando en todas las provincias porque es una obligación que adquirió España a través del Convenio de Estambul con su ratificación. También está previsto en los artículos 33 y 35 de la Ley de Libertad Sexual y Europa ha dado fondos para ello”, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, explica a Infobae Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España, que recuerda que esos fondos también han sido prorrogados hasta diciembre de 2024 y se ha aumentado incluso su cuantía. “Si no se utilizan, hay que devolverlos, y no solo la parte que no se ha utilizado, sino en su totalidad”, advierte.

Si bien algunas comunidades autónomas están acabando de resolver algunos trámites para en breve poner en marcha estos centros, conocidos como centros de crisis, “el tiempo va pasando”, advierte Álvarez, por lo que las mujeres víctimas de violencia sexual siguen sin poder acceder a estos servicios. “Hay regiones con las que hemos conversado que están resolviendo temas de licitaciones y otras aún [están inmersas] en la búsqueda de terreno. Algunas prefieren construir un edificio mientras que otras optan por comprarlo o incluso utilizar centros hospitalarios” para implementar estos servicios, añade. En Asturias, por ejemplo, el Ejecutivo autonómico ha invertido este mes de junio 1,1 millones de euros en la compra de un edificio para reubicar el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, ya que el anterior inmueble “carecía de capacidad para ofrecer alojamiento, cubrir necesidades especiales, organizar terapias de grupo e impartir formación”, según informó el propio Gobierno.

Los centros de crisis deben cumplir con una serie de requisitos, como que operen 24 horas al día los 365 días del año, que presten un servicio de atención psicológica, jurídica y social “de calidad” y que haya un acompañamiento. También deben contar con servicios de traducción e interpretación, asistencia personal para las mujeres con discapacidad y una atención especializada en el caso de niñas y niños víctimas de violencias sexuales y de víctimas de trata y explotación sexual, entre otras condiciones, según indica la ley.

“Debe haber personal cualificado, con una formación específica, para que puedan apoyar a las víctimas”, explica la representante de Amnistía Internacional, que recuerda que no se trata de centros de emergencia, sino que deben tener “disponibilidad para que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia puedan buscar lo que consideren”.

Hasta el momento, son ocho las comunidades autónomas que cuentan con centros completos de este tipo: Asturias, que fue pionera al inaugurarlo en Oviedo en 2020; Madrid, que dispone de dos en la capital; Cantabria, con uno en Santander desde octubre de 2023; País Vasco, que tiene uno en Bilbao y otro en Vitoria; Murcia, que dispone de uno en la capital desde finales del año pasado y Navarra, que abrió uno en Pamplona hace dos meses. También en abril abrieron sus puertas los de Melilla y Albacete. En total diez centros de 52 que deben haber a finales de año.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, que lleva desde 2022 manteniendo reuniones técnicas periódicas con las comunidades autónomas, a lo largo del verano está previsto que abran nuevos centros en Madrid, San Sebastián, Teruel, Huesca, Toledo, Guadalajara, Alicante y Valencia, además de otros cinco en Galicia, de forma que habría dos en A Coruña, uno en Lugo, otro en Ourense y uno más en Pontevedra. Mientras que a lo largo del cuarto trimestre abrirán sus puertas los centros en las provincias restantes, según indica el ministerio en un comunicado.

Cabe recordar que en 2023 el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó en un 12%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de mayo, al igual que un total de 1.800 menores de edad fueron registrados como víctimas de esta violencia, un 32% más que en el año anterior.

Además, en lo que va de año, el número de feminicidios en España asciende a 16, de acuerdo a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y a un total de 1.260 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos.