PSOE y PP alejan una “gran coalición” con la reforma de la financiación autonómica y el reparto de menores migrantes sobre la mesa

Un día después del primer gran pacto de Estado entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medio de bloqueo, los dos grandes partidos siguen lejos de enterrar el hacha de guerra. A diferencia de lo que señalan algunos socios de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, como Podemos, en el caso de los primeros, o Vox, en el caso de los segundos, ni los socialistas ni los populares están por la labor de transitar hacia una “gran coalición”.

No será porque no hay otras cuestiones importantes encima de la mesa que necesitan grandes consensos y, por tanto, pactos de Estado entre las formaciones más relevantes de ámbito nacional. Se trata de asuntos enquistados, pero de plena actualidad, como es la reforma del sistema de financiación autonómica, o retos pendientes de abordar, como el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades pactado entre Canarias y el Gobierno.

Ambos asuntos serán tratados en las próximas semanas en sus respectivos espacios sectoriales con las comunidades autónomas, pero los diferentes criterios de cada autonomía complican un acuerdo, más allá de las evidentes diferencias ideológicas. A esto se le suma otra derivada: el Gobierno de PSOE y Sumar tiene que negociar estas cuestiones con las comunidades autónomas, 11 de ellas en manos del PP, además de Canarias (gobernada por Coalición Canaria junto con el PP).

En este sentido, en Génova echan la pelota al Ejecutivo central, a quien encargan la difícil tarea de recabar el consenso entre las autonomías. Frente a la manga ancha de Feijóo, que da autonomía a sus barones para negociar estas cuestiones que les competen, el PSOE reclama al líder del PP que consiga poner de acuerdo a sus dirigentes territoriales. Esta situación, además del propio choque frontal que mantienen el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos del PP, conduce el consenso a un callejón sin salida.

En el caso de reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades autónomas, el Gobierno presentará su propuesta de reforma de la ley de extranjería en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias. Así lo indicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras concluir una primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para recabar apoyos para sacar adelante este texto.

Como resultado de estos encuentros, según el ministro, solo Vox dio un “no rotundo”, mientras que Junts todavía no ha trasladado una respuesta concreta. El resto de las formaciones presentaron sus matices en ciertas materias, haciendo hincapié en la financiación. Al respecto, el Gobierno aclaró que se adoptarán “las medidas financieras que resulten necesarias”.

Después de estudiar las cuestiones planteadas por los grupos, el Gobierno trasladará la propuesta a las diferentes regiones en esa conferencia sectorial. Y, una vez cuente con los apoyos necesarios de manera definitiva, el Gobierno llevará al Congreso para su aprobación final la reforma de la ley, algo que, según el ministro, esperan que pueda producirse antes de que acabe julio.

Fuentes del PP dicen que Feijóo no se opone a una reforma de la ley de extranjería, pero aseguran que “todas las autonomías” tienen que implicarse en el reparto. “No es un no, es un sí, pero todos”, añaden estas voces, que pasan por alto las habituales trabas mostradas por varias autonomías, con Isabel Díaz Ayuso al frente, contra anteriores repartos de inmigrantes llegados a las costas de Canarias.

En cuanto a la reforma del sistema de financiación, el Gobierno intentó abrir este melón hace unas semanas al tender la mano a ERC para lograr una “financiación singular” para Cataluña en el marco de las negociaciones para investir a Salvador Illa. Apenas se puso sobre la mesa, todos los líderes autonómicos (también las distintas federaciones socialistas) salieron a criticar esta posibilidad, reclamando al Gobierno una negociación multilateral que atienda a las singularidades de cada territorio.

En este punto, el Ejecutivo sigue con la mano tendida al PP, ya que es consciente de que un nuevo sistema de financiación (el actual está pendiente de renovarse desde 2014) requiere del pacto entre ambos, pero también aquí exige a Feijóo que sea capaz de aunar las diferentes sensibilidades que sitúan en las antípodas a las comunidades autónomas. Como ejemplo, en Hacienda suelen señalar las posturas dispares de Madrid, Andalucía y Galicia en torno a este asunto, por lo que el PSOE ha exigido al líder nacional del PP que ejerza de árbitro.

Ante la petición de una reunión, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó para el próximo mes de julio un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero fuentes de la parte socialista del Ejecutivo subrayan que hay pocos visos de entendimiento dada la posición de máximos que defiende cada territorio. De hecho, en la dirección popular ofrecen como solución que el “reparto de fondos sea igual entre territorios”, una propuesta que contrasta con las diferentes singularidades expresadas por las autonomías.

Tal como señalan fuentes de Ferraz y de Génova, PSOE y PP sí son proclives a entenderse en otras cuestiones puntuales. En este sentido, en el Gobierno creen que el acuerdo sobre el CGPJ allana el camino para desatacar las renovaciones previstas en otros organismos relevantes, como el Banco de España (el Gobierno y la oposición suelen orientar al gobernador y subgobernador, respectivamente) o las cúpulas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Lo que ha habido es un buen acuerdo para renovar el Poder Judicial. Un acuerdo necesario que determina que hay espacio para los asuntos de Estado y para entendernos”, aseguró este miércoles el portavoz socialista, Patxi López, antes de afirmar que “ojalá” haya pacto para la renovación de otras instituciones pronto. Si bien, en el PP separan estas negociaciones de la que afecta a una parte del consejo de RTVE, al tratarse de una negociación tan compleja o “similar” a la del órgano de gobierno de los jueces.

En resumidas cuentas, después del tono bronco nuevamente exhibido en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en el Ejecutivo comprobaron que prácticamente nada ha cambiado en las relaciones entre ambas partes. Fuentes del ala socialista del Gobierno achacan el pacto de Estado para la renovación del CGPJ a una cuestión “puntual” ante la presión del sector conservador de los jueces de llegar a un acuerdo. “No creo que el PP se vaya a transmutar”, apostillan estas voces que, por el contrario, auguran “nuevos aspavientos” de la derecha para “diferenciarse” tras el pacto de este martes.