Lo que enseña la jornada laboral de 35 horas de Francia: creó 350.000 empleos porque redujo las cotizaciones empresariales

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas o a cuatro días a la semana se ha dado en varios países europeos en las últimas décadas y ya existen ejemplos legislativos o proyectos experimentales en Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, por citar algunos. Estos casos previos señalan los aciertos, los errores y las dificultades para mantener en el tiempo las reducciones de jornada cuando se producen cambios de Gobierno y señalan las vías para que la reducción del tiempo de trabajo sea eficaz en las empresas. Aunque 25 países de la UE mantienen todavía jornadas máximas legales de 40 horas, en ninguno se llegan a hacer de media y las horas trabajadas por empleado se reducen progresivamente.

El FMI ha hecho referencia recientemente al caso de Francia ante la medida que plantea el Ejecutivo español: rebajar la jornada máxima legal a 37,5 horas, pero con condicionantes sustancialmente distintos a los del país vecino. También señalan al otro lado de los Pirineos los empresarios españoles, ya que según Antonio Garamendi, líder de la CEOE, hay “muchísimas cosas que se pueden hacer, que se hacen en Francia, y que aquí parece que no se pueden”. En Francia se trabaja menos que en España, pero el camino no ha sido sencillo ni ha estado exento de controversia.

Desde el año 2000, Francia redujo su jornada máxima legal de 39 horas semanales a 35 sin reducción salarial. La medida entró en vigor en un periodo transitorio de dos años, según lo establecido en las conocidas como leyes Aubry, apellido de la ministra de Empleo del Ejecutivo de Lionel Jospin. El objetivo principal de la reducción de jornada fue repartir el trabajo para disminuir el desempleo, no obstante, la reducción tuvo muchos matices y medidas compensatorias. Las principales fueron la reducción de las cotizaciones sociales a las empresas desde el año 2000 y permitir reorganizar la producción en cada caso particular.

Según reconoce el servicio técnico del Ministerio de Trabajo en la revista de Actualidad Internacional Sociolaboral de abril de 2024, “en la práctica, los empleados podían seguir trabajando 39 horas, pero algunas de las horas extra que trabajaban (4 horas semanales) se acumulaban para utilizarlas en forma de medio día o día completo libre”. Las horas medias realizadas por trabajador en Francia cayeron de las 1.578,3 en 1999 a las 1.503,9 en 2002, según la Comisión Europea, pero la jornada apenas se ha reducido desde entonces a pesar de la reforma: la Comisión estima 1.500,2 horas para 2023. Lo que ha sucedido en este periodo es que se han aprobado reformas que han rebajado la ambición de la original y en Francia todavía existe un debate de fondo sobre la idoneidad de las 35 horas.

La contrarreforma principal fue la realizada por François Fillon entre 2003 y 2004, que aumentó el máximo de horas extraordinarias anuales a 220 (en España son 80). Esta medida fue acompañada también de una reducción permanente de las cotizaciones sociales para todas las empresas, rebajas que profundizó posteriormente Sarkozy. En 2007 también se fijó una bonificación del 25% de las horas extras para abaratarlas, lo que hizo mucho más atractivo para las empresas recurrir a ellas ante el tope legal de 35 horas.

La semana laboral de 35 horas de Francia se introdujo empresa por empresa con negociación entre los empleadores y los trabajadores porque la jornada que supera las 1.607 horas anuales (equivalente a 35 semanales) se puede computar como horas extras, vacaciones o jornadas libres. Además, hay excepciones para los cuadros directivos, el sector público, el agrícola y los supermercados. Por tanto, “las 35 horas semanales como tal no son una realidad mayoritaria” en Francia, señala la publicación del ministerio de Yolanda Díaz, aunque forman parte de “los derechos y mejoras sociales francesas que son ejemplares para el resto de los países”.

Según explica el documento, los cuadros directivos y las profesiones liberales siguieron trabajando jornadas “mucho más largas” y transformaron las 35 horas en diez días de vacaciones extra, “una mejora tangible”, considera. En el otro extremo, en puestos menos cualificados o sin responsabilidades directivas, los efectos fueron “poco beneficiosos”. Por ejemplo, el personal cajero del sector de la distribución no ganó días extra de vacaciones, sino mañanas o tardes de días laborables cuando hay pocos clientes, lo cual “no les permite aprovecharlas al ser ajustes puntuales y habitualmente no encajados con las cuestiones personales o familiares”.

En cuanto al impacto en términos agregados, la publicación del Ministerio de Trabajo defiende que “no se puede concretar una opinión uniforme y clara”, aunque sí resalta algunas ideas clave. Hace hincapié en que “la teoría de creación de muchos empleos” como consecuencia del reparto del trabajo “no está claramente acreditada”. El servicio de estadísticas del Ministerio de Trabajo francés cifró la creación de 350.000 empleos entre 1998 y 2003, pero en lo que coinciden todos, “incluyendo a economistas de todas las tendencias, es que esa contratación extra se atribuye principalmente a la baja de las cotizaciones que acompañó a la reducción de jornada”, indica el documento. Algunos trabajos académicos incluso encuentran un descenso de la productividad tras la aprobación de las 35 horas que fue de alguna manera compensado por las rebajas de los costes laborales.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo no contempla ninguna medida compensatoria en las empresas, siendo las líneas principales del borrador entregado a los agentes sociales la modificación el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a la jornada semanal máxima y a las características del registro horario. La mesa de diálogo se volverá a reunir el próximo lunes, pero CEOE y Cepyme no tienen pensado llevar ninguna propuesta por escrito, como la que verbalmente han planteado de aumentar las horas extras anuales, por lo que todo apunta al cierre de un acuerdo solo con los sindicatos, lo que aumentaría su influencia en el texto final.

“Queremos alcanzar un acuerdo, pero si la patronal española no quiere avanzar, nosotros sí vamos a hacerlo. Vamos a cumplir con el compromiso democrático y lo haremos con los sindicatos de clase”, ha afirmado este miércoles la vicepresidenta segunda en el Congreso. Los organismos internacionales que se han pronunciado hasta la fecha, FMI y OCDE, dan unas recomendaciones generales al respecto centradas en que la reducción tenga flexibilidad y se implante de manera negociada.

En la revisión económica anual del FMI, publicada en abril, el organismo señaló que la reducción de jornada debería tener en cuenta la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva, ofrecer flexibilidad mediante la anualización de la reducción de horas para no perjudicar a la productividad y tener en cuenta la interacción con el salario mínimo. Fuentes del FMI se refirieron a la reforma francesa como un buen modelo.

Por otra parte, la OCDE (organismo originario de París) consideró en junio en la presentación de un informe sobre productividad que en España “se puede reducir la jornada sin impacto en el crecimiento si está negociado en el diálogo social”. En este sentido, el documento animó al Gobierno a “promover una mejor comprensión de los efectos de una semana laboral más corta, facilitando la experimentación de políticas y ampliando la base empírica”.

El país que más ejemplifica estas recomendaciones es Dinamarca, donde no hay una duración máxima de jornada laboral fijada por ley (tampoco hay un SMI), por la fortaleza del modelo de negociación colectiva. Los daneses son los segundos que menos horas realizan al año en la UE, 1.380,3 horas de media en 2023, solo por encima de los alemanes, 1.342,4 horas. También tienen una de las economías más productivas de los 27.