La Guardia Civil reclama un aumento de las penas a los agresores de agentes: “El principio de autoridad se está menoscabando diariamente y debe ser reforzado”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha pedido a los responsables políticos que realicen las modificaciones que haga falta en el Código Penal para aumentar las penas en las agresiones sufridas por los agentes durante sus intervenciones. Consideran que “el principio de autoridad se está menoscabando diariamente en diversas actuaciones y debe ser reforzado”, por lo que también piden que se les considere “profesión de riesgo”.

“Desde la AUGC de Alicante, nos vemos obligados a volver a solicitar al Ministro de Interior y al resto de los responsables políticos que los guardias civiles deben ser considerados, al igual que las policías autonómicas, como “profesionales de riesgo” y que deben realizar las modificaciones pertinentes en el Código Penal para que en este tipo de delitos se produzca un endurecimiento de las penas reforzando así el “principio de autoridad”, así como volvemos a insistir en solicitar a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos”, aseguran en un comunicado.

Esta petición viene, según explican, a varias sentencias condenatorias que han salido en los últimos días, en las que los acusados habían provocado lesiones de distinta consideración a agentes de la Guardia Civil, “mostrando así una total falta de consideración y menoscabo del principio de la autoridad”.

El primer caso que describen ocurrió en noviembre de 2020. Una patrulla de la Guardia Civil identificó a un individuo a causa de un altercado anterior en la vía pública en Alcoy, Alicante. Cuando fueron a detenerle, el acusado no acató las órdenes de los agentes y en un intento de defenderse “acometió contra ellos, golpeándolos lanzando patadas y puñetazos con el propósito de menoscabar su integridad física hasta que se pudo proceder a su detención”.

“Como consecuencia de los hechos ambos agentes resultaron lesionados, así como el vehículo policial resultó con desperfectos ocasionados al lanzar patadas en el momento que era introducido en el mismo”, relatan desde AUGC.

La magistrada de lo Penal número ocho de Alicante condenó al autor a las penas de seis y un mes de multa con cuota diaria de tres euros por un delito de resistencia y dos delitos leves de lesiones. Además, tuvo que indemnizar a los agentes con 560 y 700 euros por las lesiones sufridas y 346,57 euros por los daños ocasionados al vehículo policial, así como a las costas procesales.

El 31 de mayo de este año los agentes fueron requeridos para echar a una madre y sus dos hijas de la finca Langostina, un vestigio único de la tipología de vivienda agrícola tradicional de 200 años. Las tres estaban protestando para evitar que la mercantil Lideralis Empresarial en desarrollo SL e Inversiones Silarcusa la tirarán abajo para crear pisos turísticos, ya que los juzgados se la habían entregado a estas empresas.

Al llegar los agentes les “indicaron en repetidas ocasiones que abandonaran el lugar y se identificaran”, pero continuaron “en actitud de gran excitación, desafiantes y sin atender los requerimientos de los agentes, por lo que en el momento que procedían a su detención se resistieron fuertemente cayendo al suelo y causando distintas lesiones a los guardias civiles actuantes”.

Por éstos hechos, cada una de las acusadas han sido condenadas por el Juzgado de lo Penal número tres de Orihuela (Alicante) a las penas de ocho meses de multa con cuota diaria de seis euros por delito de resistencia y a dos meses de multa con cuota diaria de seis euros por cada uno de los cuatro delitos leves de lesiones, así como al pago de las costas procesales. Además deberán indemnizar a los agentes con cantidades que ascienden a 1800 euros por las lesiones sufridas.

El último de los sucesos descritos ocurrió el 18 de octubre de 2020 en un encuentro de fútbol entre los equipos Pego CF y CF Gandia, que terminó con una confrontación que involucró a un centenar de personas.

Los hechos tuvieron lugar cuando los acusados, junto con otros individuos, se congregaron fuera del Estadio Municipal de Pego debido a la presencia de aficionados del CF Gandia que, aparentemente, “simpatizaban con ideologías de ultraderecha”. Debido a las tensiones, los directivos del Pego CF decidieron cerrar las puertas del estadio para evitar altercados.

Finalizado el partido, los acusados impidieron la salida de jugadores, miembros de los equipos y aficionados mediante una actitud violenta y amenazas. La Policía Local y la Guardia Civil intentaron mediar, pero la situación escaló, resultando en insultos y amenazas de muerte a los aficionados del CF Gandia. Esta situación llevó a que estos últimos tuvieran que refugiarse dentro del estadio, mientras se llamaba a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) para asistir en el desalojo seguro del estadio.

A la llegada de la USECIC, los agentes fueron recibidos con lanzamientos de piedras y otros objetos, además de la colocación de barricadas con contenedores para bloquear las puertas del estadio. Seis guardias civiles resultaron heridos y hubo daños en el material policial.

Como resultado de estos hechos, el juez ha impuesto varias penas: seis meses y un día de prisión por desórdenes públicos, tres meses y un día por atentado, y otras condenas por lesiones menos graves y leves, además de multas y una indemnización total de 6.253,82 euros a la Guardia Civil por los daños sufridos.