Impuesto de Sucesiones en Castilla-La Mancha: cuánto hay que pagar y qué herederos están exentos

En España, heredar no sale gratis. El impuesto sobre sucesiones grava la transferencia de bienes y derechos entre personas, imponiendo una carga fiscal sobre los incrementos patrimoniales, provenientes de herencias. Este impuesto se aplica sobre el valor neto del patrimonio del fallecido, considerando sus activos menos deudas y gastos, y se calcula sobre los bienes adquiridos por cada heredero.

Es importante mencionar que este tributo no es compatible con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que significa que los ingresos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones no se gravan con el IRPF. Además, el gravamen es progresivo, incrementándose conforme crece el valor de la herencia.

Su gestión corresponde a las comunidades autónomas, muchas de las cuales ofrecen descuentos para facilitar el pago a los herederos. Dependiendo de la región, las bonificaciones y reducciones pueden variar considerablemente, proporcionando alivio fiscal a determinados beneficiarios.

En el caso de Castilla-La Mancha, existen normativas específicas para regular el impuesto sobre sucesiones, estableciendo cómo se calcula y aplica. La cuantía de las tasas pueden oscilar entre el 7,65% y el 34% y dependen del valor de los bienes heredados y del parentesco con el fallecido. Cónyuges, ascendientes y descendientes directos tienen una carga fiscal menor en comparación con hermanos, tíos o sobrinos. Además, esta comunidad autónoma ofrece reducciones significativas en la base imponible.

Así, los cónyuges, ascendientes y descendientes directos se encontrarían con un impuesto más reducido que en el caso de que se diera una herencia entre hermanos o tíos y sobrinos. En cualquier caso, esta comunidad autónoma aplica una serie de reducciones en la base imponible que también pueden ser significativas.

Los descendientes, cónyuges y ascendientes del fallecido pueden beneficiarse de bonificaciones en la cuota tributaria según el valor de la herencia. Por ejemplo, las herencias inferiores a 175.000 euros pueden recibir una bonificación del 100%, mientras que si supera esa cantidad, la bonificación es del 95%. Para herencias iguales o superiores a los 225.000 euros, la bonificación disminuye al 90%, al 85% en caso de ascender a 275.000 euros, y baja al 80% si el importe heredado alcanza los 300.000 euros.

Asimismo, en Castilla-La Mancha existen otras ayudas. Si la herencia incluye la vivienda habitual del difunto, puede estar exenta del impuesto hasta un límite establecido. Además, los herederos con una discapacidad reconocida del 33% o más pueden obtener una reducción de 125.000 euros o 225.000 euros si la discapacidad supera el 65%.

También gozarían de una bonificación los menores de 21 años y, en el caso de que lo heredado fuese una empresa individual, un negocio o una serie de participaciones, se otorgaría una reducción del 4% sobre el valor neto. Eso sí, para esto último serían necesarios varios requisitos, entre ellos que lo heredado estuviese domiciliado en la comunidad autónoma y allí permaneciese durante al menos cinco años.

Para pagar el impuesto de sucesiones, los herederos deben presentar su autoliquidación a través del Modelo 650, donde calculan y detallan los impuestos a abonar a Hacienda. Este proceso debe completarse dentro de un periodo de seis meses.

Si el resultado de la autoliquidación es negativo o cero, el heredero no debe realizar ningún pago. Si es positivo, deberá ingresar la cantidad correspondiente a la Hacienda Pública. No cumplir con estas obligaciones puede resultar en el pago de intereses de demora y en sanciones económicas. Los intereses se calculan sobre la cuota no ingresada y se aplican desde el final del plazo hasta la regularización, basándose en la tasa anual fijada en los Presupuestos Generales del Estado.

Las sanciones por incumplimiento pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cuota defraudada, dependiendo de la gravedad y la ocultación de información. Sin embargo, estas sanciones pueden reducirse si el sujeto pasivo acepta la regularización y paga voluntariamente dentro del plazo estipulado.