El Supremo determina cuánto tiempo tiene un miembro de la pareja para encontrar otra vivienda tras un divorcio

El componente emocional de un divorcio pesa mucho, pero el económico también. La vida está hecha para vivir de dos en dos y, tras una separación, uno de la pareja debe abandonar la vivienda y trasladarse a otra. Pero ¿cuánto tiempo tiene para ello? En un caso reciente, el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia. Así, en casos de divorcio o separación sin hijos menores de edad, la vivienda familiar solo podrá ser utilizada por el cónyuge económicamente más necesitado durante un año. Esta sentencia representa un cambio significativo en la interpretación del uso de la vivienda familiar y tiene importantes implicaciones para futuros casos de separación y divorcio en el país.

La sentencia se basa en la consideración de que doce meses es un período suficiente para que los litigantes puedan tomar decisiones económicas respecto a la vivienda, ya sea vendiéndola o alquilándola para obtener ingresos. Además, se establece que este tiempo es adecuado para que ambos cónyuges busquen nuevas soluciones habitacionales que satisfagan sus necesidades.

El Tribunal Supremo resolvió el caso a favor de un hombre que, en desacuerdo con la decisión del tribunal de instancia y de su exesposa, argumentó que se había vulnerado el artículo 96.2 del Código Civil. Este artículo dispone que, en ausencia de hijos menores, el uso de la vivienda familiar puede atribuirse al cónyuge no titular por un tiempo que se considere prudente, siempre que las circunstancias lo hagan aconsejable y se demuestre que el cónyuge es el más necesitado de protección. En este caso, el Tribunal determinó que otorgar el uso exclusivo de la vivienda a uno de los cónyuges por tiempo indefinido constituiría una “expropiación forzosa” y no sería compatible con los principios de equidad postseparación.

La controversia surgió cuando una mujer presentó una demanda de divorcio solicitando la atribución de la vivienda familiar para ella y su hijo, quien ya era mayor de edad. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Leganés falló a favor de la mujer, aunque no le concedió la pensión compensatoria que también había solicitado.

El exmarido, desempleado de larga duración y con ingresos limitados a un subsidio de 450 euros mensuales, apeló esta decisión argumentando que su situación económica y habitacional era crítica. Desde su salida de la vivienda conyugal, vivía en una propiedad compartida con otros familiares, la cual estaba en proceso de liquidación. Solicitó que el uso de la vivienda familiar fuera limitado a un año para su exesposa, y que posteriormente se alternara anualmente entre ambos, petición que finalmente no fue aceptada por el Tribunal Supremo.

Desde su salida de la vivienda conyugal, el hombre ha residido en una propiedad que pertenece a seis personas debido a una herencia familiar. Esta situación le ha colocado en una posición precaria, ya que la vivienda heredada estaba en proceso de liquidación por parte de los copropietarios, dejándolo en una incertidumbre habitacional constante. Ante este escenario, el demandante solicitó que el uso de la vivienda familiar se limitara a un año para su exesposa, alegando que esto le daría tiempo suficiente para encontrar una solución habitacional más estable.

El Tribunal Supremo consideró que, aunque la exesposa del demandante también se encontraba en una posición vulnerable, no era justo atribuirle el uso exclusivo de la vivienda por tiempo indefinido. El tribunal argumentó que una atribución de este tipo podría considerarse una “expropiación forzosa” de un bien con valor económico significativo, especialmente dado que el demandante también necesitaba el valor de la vivienda para resolver su situación económica y habitacional.

El contexto económico y social del demandante fue un factor clave en la decisión del Tribunal Supremo. La corte tomó en cuenta que el hombre no había trabajado desde 2019 y que sus ingresos eran insuficientes para asegurar una vivienda alternativa. Además, la incertidumbre sobre la liquidación de la propiedad heredada añadía una capa adicional de vulnerabilidad a su situación.

La decisión del Tribunal también subraya la importancia de considerar la equidad y la protección de ambos cónyuges en casos de divorcio o separación. En su fallo, el Tribunal determinó que ambos litigantes debían tener la oportunidad de utilizar la vivienda familiar de manera justa, promoviendo la búsqueda de soluciones habitacionales y económicas que fueran viables para ambas partes.

Esta sentencia del Tribunal Supremo marca un precedente importante en la jurisprudencia española, al reducir el período de uso de la vivienda familiar para el cónyuge más necesitado a un año, cuando antes se estipulaba un plazo de hasta dos años. Esta decisión obliga a ambos cónyuges a tomar medidas rápidas para resolver su situación habitacional y económica, promoviendo así una solución más equitativa y realista tras la disolución del matrimonio. Además, este fallo permite que los acuerdos privados entre los cónyuges puedan prevalecer si ambos están de acuerdo, ofreciendo cierta flexibilidad dentro del marco establecido por la ley.