El Gobierno propone a los pueblos y ciudades de toda España que se unan a la investigación de pisos de alquiler turístico sin licencia

“En este país se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos ilegales. Si una vivienda no tiene licencia, no debería poder publicitarse”, expresaba Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a principios de junio, cuando anunciaba que se había abierto una investigación a las principales plataformas de viviendas turísticas con el objetivo de identificar posibles prácticas comerciales desleales en estos sitios web, en los que se anuncian alojamientos que operan sin licencia. Ahora, desde Consumo se han puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación.

Desde el ministerio señalan que las plataformas con anuncios de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia podrían estar atentando contra la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y pueden “generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”. Por ello, y retomando el convenio que se suscribió entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores, la Dirección General de Consumo ha enviado una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades españolas que se unan a las acciones emprendidas por el ministerio para poner fin a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia.

En su carta a la FEMP, el ministerio recuerda el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turísticas y “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.

Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico -como podrían ser Airbnb o Booking, aunque ministerio no ha adelantado ningún nombre- para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, “pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos”, apuntan. Por esta razón, Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas.

En una nota de prensa, el ministerio ha recordado que la Dirección General de Consumo dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

En España hay 351.389 pisos destinados al alquiler turístico, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) extraídos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España. Andalucía va a la cabeza con más de 82.000 viviendas, ubicadas en su mayoría en Málaga (41.038 viviendas de alquiler turístico). Le siguen Comunidad Valenciana (59.413 pisos) y Cataluña, con más de 52.000. Por contra, Extremadura (1.759 pisos), Navarra (1.583) y La Rioja (1.263) son las que menos viviendas de alquiler turístico registran, por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no llegan a los 50 pisos.