El Gobierno deroga por decreto la cláusula exigida por Bruselas que, según Junts, podía paralizar la amnistía

El Gobierno ha utilizado el último real decreto de medidas anticrisis para cumplir su pacto con Junts y derogar un precepto legal que establecía que, cuando un juez presente una cuestión prejudicial a los tribunales europeos, quedaba paralizado el proceso en marcha. Un artículo que, en opinión de ese partido, iba a retrasar la aplicación de la amnistía.

En ese decreto, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se incluye una disposición derogatoria única que suprime el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido en diciembre en la legislación española por exigencia de Bruselas, según argumentó en su momento el Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la reforma se pactó con Junts, aunque ha querido restarle importancia, al considerar que la “práctica jurídica” no va a cambiar cuando se haga una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Hay una “costumbre jurídica que se mantendrá” con independencia de los últimos cambios, ha asegurado en alusión a que, antes incluso de que existiera el artículo, una cuestión prejudicial implica la suspensión del proceso, como marca la jurisprudencia del propio TJUE y del Supremo.

El controvertido artículo dejaba esa práctica en negro sobre blanco y se introdujo en el denominado decreto ley ‘omnibus’, que incluyó en diciembre importantes reformas en materia de Justicia y que se tramitó con gran celeridad. Según aseguró el Gobierno, era una exigencia de la Comisión Europea para recibir cuantiosos fondos europeos.

Pero Junts amenazó con votar en contra -lo que habría implicado el fracaso del decreto- al considerar que ese artículo ponía “en riesgo la aplicación de la amnistía”. En una intensa jornada de negociaciones en enero, el PSOE acabó pactando con Junts la eliminación de ese artículo, además de la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat y la publicación de las balances fiscales. El Gobierno cumple ahora lo pactado derogando el artículo a través del último real decreto de medidas anticrisis.

Noticia elaborada por EFE