PSOE y PP retoman los grandes pactos de Estado con la renovación del CGPJ y acercan un acuerdo para el Banco de España y RTVE

El día de la marmota ha llegado a su fin. Después del ultimátum de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo bajo la premisa de acabar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, PSOE y PP alcanzaron este martes un importante acuerdo en torno a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que devuelve a ambos partidos a la senda de los grandes pactos de Estado.

Las dos principales formaciones de ámbito nacional vuelven a explorar la “gran coalición” para desgracia de Podemos y Vox, como criticaron sus máximos líderes, pero consiguen desencallar una “anomalía constitucional” que se ha prolongado durante cinco años y medio y ha motivado varios tirones de oreja por parte de la Comisión Europea. Este contexto se sumó a un escenario despejado de citas electorales y la mediación del gobierno comunitario para propiciar un pacto que satisface a ambas partes.

Según apuntan en Moncloa, el desenlace positivo de esta negociación allana el camino para desatacar las renovaciones previstas en otros organismos relevantes, como el Banco de España (el Gobierno y la oposición suelen orientar al gobernador y subgobernador, respectivamente), una parte del consejo de RTVE, o las cúpulas de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que el clima tras el pacto “favorecía” otros acuerdos.

Como suele ocurrir en las grandes negociaciones, todos ganan. En el caso de las conversaciones para desbloquear la renovación del CGPJ, con mayoría conservadora desde que se constituyó en 2011 como fruto del último acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP defienden haber cumplido con sus objetivos fijados o “casi todos”, como resumió el líder del PP.

Feijóo celebró el pacto, pero mandó un mensaje al ala dura del PP que le ha susurrado todo este tiempo para no llegar a un acuerdo con “este PSOE” sobre el CGPJ. Es decir, el presidente popular reconoció haber recibido “presiones” durante este proceso, ante las cuales dice haberse “mantenido firme”. “Mi único fin ha sido preservar la separación de poderes en nuestro país. El Poder Judicial está a salvo. El PSOE no va a controlar el CGPJ y el PP tampoco, misión cumplida”, se felicitó.

En el PSOE se jactan de haber conseguido mover al PP para acabar con esta crisis constitucional: “El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado”, airean fuentes de Feraz. En este sentido, los socialistas arrancan la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la actual ley, la misma norma con la que se han constituido los anteriores mandatos.

También, los socialistas consiguen posponer del debate sobre un nuevo sistema de elección de los jueces. Esta reforma era una premisa del PP para acometer la renovación. Si bien, ambas partes decidieron encargar finalmente al nuevo CGPJ la elaboración de una propuesta en el plazo de seis meses. Eso sí, este informe deberá contar con el apoyo de tres quintos del consejo y, posteriormente, deberá ser refrendada en el Congreso y el Senado con la misma mayoría holgada.

No obstante, pese a la insistencia, en Génova admiten la dificultad para encontrar un consenso sobre el modelo de elección de los magistrados. “Ahí hay un problema sobre la propia naturaleza de la elección de los jueces”, reconoce una voz de la dirección nacional del PP. Cabe recordar que, frente a los planteamientos de que “los jueces elijan a los jueces”, como defiende la derecha, la Constitución mandata que “la justicia emana del pueblo”, por lo que hay sectores judiciales y políticos que defienden la potestad del Parlamento en esta materia.

En el PP creen que el pacto despierta el “aplauso generalizado” en sus filas. “Tenemos internamente paz”, celebran en Génova. Además, el PP ha justificado el acuerdo en que no hay ningún nombre en la lista que despierte “polémica”. El vicesecretario de Acción Institucional del PP encargado de las negociaciones, Esteban González Pons, defendió que 16 de los 20 vocales provienen de la carrera judicial o fiscal. La lista “equilibrada” la completan un letrado del Tribunal Supremo, una letrada de las Cortes Generales, una letrada del Tribunal Constitucional y un expresidente de consejo Jurídico consultivo autonómico. Asimismo, la presidencia del órgano de gobierno de los jueces será a propuesta de los propios vocales.

En cuanto a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que “se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día”, ambas formaciones se felicitan por el texto definido. La proposición de ley busca avanzar en la despolitización de la justicia y recoge algunas de las exigencias del PP para evitar las llamadas puertas giratorias. Entre sus medidas, el texto legislativo exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como sugirió Pedro Sánchez en su ultimátum, y refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. En esta norma se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado.

El acuerdo dará pie a una avalancha de nombramientos, ya que los nuevos vocales deberán cubrir casi 100 puestos vacantes, 25 de ellos solo del Tribunal Supremo (supone más del 30% de la platilla) y más de 70 entre tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Además, la solución de esta crisis constitucional pondrá fin al coste anual del bloqueo, que suponía 12,5 millones de euros para las arcas públicas, según las cifras apostadas por el Gobierno.

El pacto entre PSOE y PP llega en un momento de máxima tensión durante la legislatura más complicada para Pedro Sánchez. Los socialistas confían en que este hito ayude a “mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha”. Si bien, Feijóo desterró un “nuevo clima entre los dos grandes partidos” al alegar que este acuerdo llega por “obligación”.

Más allá del PSOE (su socio de coalición, Sumar, defiende que también ha formado parte de la selección de los vocales del bloque progresista) y del primer partido de la oposición, el resto de formaciones rechazarán o directamente no votarán los nombramientos en el momento de su votación al oponerse a ellos por varios motivos (no coinciden con el acuerdo o están en contra de la propia estructura del CGPJ). Si bien, los votos del PP, el PSOE y Sumar superan con holgura la mayoría de tres quintos exigida para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuya composición lleva en funciones más tiempo que la duración de su mandato.