El 25 de junio de 2021, España se convirtió en el séptimo país del mundo en despenalizar la eutanasia. Han pasado tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Regulación de la Eutanasia, pero aquellos que la solicitan todavía encuentran trabas que les dificulta acceder a este derecho: de hecho, uno de cada tres interesados (152 en el año 2022) muere mientras se tramita su caso.
En ello influyen los plazos del procedimiento, 75 días de media, que dobla lo establecido en la normativa vigente (no más de 30 o 35 días). Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha señalado en una rueda de prensa la falta de trasparencia en cuanto a las cifras, pues hay datos que “se pierden”. “Todavía hay comunidades que no han publicado ningún informe”, ha asegurado.
Dentro de las autonomías, se encuentran resoluciones contradictorias en los procesos “según los vocales de la comisión de garantía y evaluación, que son dos, que verifiquen el caso en concreto, pueden dar una respuesta afirmativa o negativa”, ha explicado Marín. Así, ha habido casos en los que aunque el solicitante cumplía todos los requisitos, se les denegó la eutanasia y murieron antes de tener respuesta judicial. “Aunque la justicia tiene que responder de una forma rápida las vulneraciones de derechos fundamentales, lleva sus tiempos y en menos de un año no te van a dar una respuesta”.
Las trabas ilegales que aparecen en el proceso
El vicepresidente ha denunciado la existencia de un “maltrato institucional” frente a los solicitantes, a quien se ofrecen respuestas “fuera de lugar” en el momento que se interesan por el derecho a una muerte digna. “Tienes una enfermedad degenerativa y te exigen que vayas a una unidad de referencia donde hay unos tratamientos fantásticos de los que no te habían hablado cuando es mentira”, ha ejemplificado Marín. En otros casos, las comisiones han llegado a inventarse requisitos que no están presentes en la ley, como el informe de un trabajador social, o incluso suspender la tramitación. “No es legal y se está haciendo”, ha denunciado Marín.
Algo similar le ocurrió a Ángel cuando quiso tramitar la eutanasia de su mujer, Fernanda. Ella era enfermera y había dejado escrito en su testamento vital cómo quería morir. “Era un caso de manual”, afirma el marido. Llegado el momento, fue su marido quien inició el proceso porque ella ya no era capaz, pero la comisión dudó del formulario de instrucciones previas, facilitado por la Comunidad de Madrid, que Fernanda había dejado preparado con sus deseos. “La administración contra la administración”, ha señalado Ángel, que ha considerado que fue “un maltrato evidente en su tarea”. “La ley da un plazo de siete días para hacer todas las investigaciones oportunas para salir más allá de toda duda razonable y tardaron un fin de semana”, ha recordado. “El lunes ya habían decidido, sin buscar más información, sin consumir todo el tiempo, que según su idea mi mujer no estaba en condiciones de poder realizar ese documento”. Ángel y Fernanda apelaron la decisión y pudieron culminar el proceso.
La falta de interés y el desconocimiento de los procesos está detrás de estas prácticas. Así le ocurrió a Gina cuando su padre, Carlos, quiso morir en sus términos. El hombre sufría una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable y deseaba “morir con autonomía, morir con la mayor cantidad de facultades mentales y físicas”, ha relatado su hija. Sin embargo, cuando acudió al especialista, su neurólogo se negó a tramitar su eutanasia. “La discusión estaba en si entraba o no dentro del contexto eutanásico y ahí es donde muchos médicos no entienden la ley”, ha explicado Gina. En este caso, el facultativo limitaba el derecho a una muerte digna con pacientes en cuidados paliativos o en situación terminal. La familia de Carlos apeló y logró que le concedieran la eutanasia. “Mi padre murió el 29 de junio del año pasado. Murió ya con las facultades muy mermadas, pero lúcido y como él quería”.
Un derecho que depende de dónde vivas: de Euskadi a Murcia
Loren Arseguet, representante internacional de DMD, ha hecho hincapié en la desigualdad entre los territorios. “Es inadmisible que el acceso a un derecho dependa del lugar de donde uno vive”. Si bien los datos son escasos y fragmentarios, la tasa de eutanasia sobre el total de fallecimientos en 2022 fue inferior a, 0,07% “con enormes desigualdades territoriales”. Navarra, Euskadi o Cataluña, fue superior al 0,15, pero en Murcia, Extremadura o Galicia fue diez veces menor.
Hasta la fecha, tan solo cinco comunidades (La Rioja, Aragón, Baleares, Andalucía y Euskadi) han publicado su informe de 2023 respecto a la eutanasia. El resto, a excepción de Cataluña, han comunicado sus datos a los medios. En total, en 2022 pudo haber 750 solicitudes y 350 eutanasias.
La organización calcula que se realizan dos solicitudes de muerte digna diarias en España pero “las comunidades autónomas no pueden garantizar que se va a hacer una tramitación adecuada”, ha afirmado Marín, algo que responde tanto a una falta de compromiso como de recursos humanos. El vicepresidente de DMD ha dicho que “hay solicitudes de las que no tienen conocimiento” y quedan “en tierra de nadie” por las negativas de los propios sanitarios a tramitarlas. “Todavía hoy una persona acude a su médico de cabecera en España a pedir la eutanasia, le dice que no tiene ni idea y ya le responderá y esa respuesta no llega nunca”.
La asociación ha mostrado su preocupación por territorios como Castilla y León, pues en su comisión hay miembros que han declarado su oposición a la eutanasia. “Nos parece que existe un conflicto personal y la mejor manera de solucionarlo es buscar otras personas que no estén en contra de la eutanasia”, ha expresado Marín, quien asegura que han registrado varios casos de personas que “han sufrido este maltrato institucional en Castilla y León”. Igualmente, les preocupa la situación en Murcia, donde un vocal médico y una jurista consideraron en un informe que “no se constataba de manera objetiva” el sufrimiento de una paciente con demencia severa para concederle la eutanasia. “El sufrimiento no se puede medir, se constata con lo que te cuenta la persona”, ha defendido Marín. Por otro lado, han destacado la situación en comunidades como Euskadi, Cataluña y Navarra, a la cabeza en el derecho a la muerte digna.
Pese a estos problemas, el vicepresidente ha asegurado que “no hay boicot institucional” a la ley, si bien “en algunas comunidades hay algunos elementos y algunas personas que nos preocupa la influencia negativa que puedan tener verificando casos. Lo que están haciendo es daño a otras personas”.