Qué consecuencias a nivel legal puede tener ser infiel a tu pareja

La infidelidad es un acto moralmente reprochable, que puede dejar graves consecuencias en la pareja, llevando incluso al divorcio. En el momento de conocer estos hechos, son muchos los que quieren llevarlo a los juzgados, para así recibir alguna retribución o mejores condiciones en la sentencia de separación, sin embargo ¿Es posible emprende acciones legales en caso de infidelidad?

Durante años el adulterio ha sido considerado delito con penas de cárcel de entre seis meses y un día hasta los seis años. No fue hasta 1978, cuando se derogaron varios artículos, entre los que se encontraba los referentes a la infidelidad que indicaba que “el adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio (…) No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud del marido agraviado (...) El marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte”.

Como se ve, la infidelidad ya no es delito en España y no puede ser condenado, pero otra de las preguntas es si que una de las partes de la pareja lo haya cometido puede afectar en el proceso de divorcio. La separación matrimonial está permitida en el país desde 1981 y en esta ley se indicaba que había que alegar razones específicas para llevarlo a cabo.

Entre ellas se indicaba que “el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales”, eran causa suficiente para el divorcio. Sin embargo, esto cambio con la nueva Ley de Divorcio de 2005, donde no hace falta aportar ninguna causa, facilitando así el proceso.

Aunque la infidelidad no tiene repercusiones procesales desde el punto de vista legal, sigue siendo bastante común que las personas incluyan episodios de infidelidad en sus demandas o contrademandas. En muchos casos, se presentan pruebas como fotografías, mensajes electrónicos e informes de detectives con la intención de respaldar sus reclamaciones.

Estos documentos, lo único que pueden generar son tensiones entre las partes involucradas y afectar el ambiente del procedimiento judicial, ya que desde una perspectiva estrictamente procesal, dichas pruebas carecen de relevancia en la resolución de casos de divorcio y separación.

Otro punto importante es el derecho de sucesiones, ya que los cónyuges forman parte de los herederos forzosos que reciben una parte de la herencia del fallecido. El Código Civil español establece que la violación de los deberes matrimoniales puede ser motivo para desheredar a un cónyuge, lo que a priori permitiría que la parte afectada pudiera proceder con la desheredación.

Sin embargo, en la práctica, este supuesto es poco frecuente. Generalmente, cuando uno de los cónyuges comete infidelidad, el otro suele iniciar un proceso de divorcio. Al decretarse el divorcio, el infiel pierde automáticamente sus derechos sucesorios.

Además, en caso de que el cónyuge infiel hubiera sido designado en el testamento para recibir una parte de la herencia, es común que tras conocerse la infidelidad, el testamento sea modificado para excluirlo de los beneficios testamentarios.

Otro supuesto muy recurrente es si existe la posibilidad de recibir una indemnización en caso de infidelidad. La legislación contempla dos escenarios para abordar este asunto: los acuerdos previos entre cónyuges y las reclamaciones por daños derivados de la infidelidad.

Uno de los enfoques es pactar una indemnización entre los futuros cónyuges a través de las capitulaciones matrimoniales. Aunque no es una práctica común en España, es legalmente posible establecer compensaciones en caso de infidelidad. Estos pactos también pueden incluir la atribución de la vivienda familiar o una pensión compensatoria al cónyuge afectado, pero están sujetos a ciertas restricciones legales, especialmente las que involucran a terceros, como la custodia de menores, la cual no puede ser alterada mediante dichos pactos.

Por otro lado, exigir una indemnización directa por infidelidad no es una práctica habitual debido a que esta conducta afecta principalmente la esfera personal de los cónyuges y no suele generar una obligación económica per se. No obstante, la situación cambia si la infidelidad ocasiona un daño específico al cónyuge afectado que se pueda traducir en una reclamación económica. Un ejemplo de esto es el caso del ocultamiento de la verdadera paternidad de un hijo, donde se podría reclamar por los perjuicios económicos derivados de la mentira.