El Consejo de Ministros ha acordado este martes interponer recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha tildado la normativa regional de “regresiva” al eliminar contenidos de protección de derechos y establecer nuevos requisitos para su ejercicio.
Redondo ha explicado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos “aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado”. En concreto, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
Asimismo, el Gobierno recurrirá la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”. Así, Redondo ha destacado que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas.
“Invade competencias”
El Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid “invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo” al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.
La decisión tomada por el Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional se adopta al no haber tenido éxito la vía de la negociación con al Comunidad de Madrid, según aclara Igualdad en un comunicado.
Además, el Defensor del Pueblo también llevó hace ya tres meses ante el Constitucional la ley trans impulsada por el Gobierno de Ayuso, al entender que exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo o pedir un informe favorable del médico que les trata “son requisitos patologizantes y desproporcionados”.
Declaración institucional por el Día del Orgullo
El Consejo de Ministros también ha aprobado, a propuesta de la ministra de Igualdad, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, por la que el Gobierno “renueva su compromiso con el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, así como la apuesta por la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad de género, expresión de género o características sexuales”.
Cabe recordar que este lunes el Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida ha recibido numerosas críticas por el nuevo cartel del Orgullo 2024 al mostrar únicamente tacones, preservativos y copas. La campaña ha creado una gran indignación en redes sociales, donde han acusado al consistorio de homofobia y de perpetrar unos estereotipos insultantes, por lo que la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI) y el Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de Madrid (COGAM) han mostrado su descontento y han exigido su retirada.