La jueza aplaza la declaración del novio de Ayuso para investigar cinco nuevos supuestos delitos

La jueza Inmaculada Iglesias ha aplazado este lunes la declaración de Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento, han informado fuentes jurídicas.

El empresario tenía previsto comparecer por la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.

En un escrito registrado este mismo lunes, la acusación popular reclama la práctica de varias diligencias como que se investigue la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con Quirón; que se analicen sus cuentas de 2019 a 2022; y que aporte la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.

La suspensión se solicitaba al no haber podido esta parte analizar el informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, entregado a esta parte el pasado 12 de junio”. La magistrada tendrá que decidir ahora sobre el escrito presentado.

Esta acusación entiende que se deben de agravar los delitos fiscales que se le imputan a Alberto González por “la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos”.

Además, considera el PSOE y Más Madrid que la pareja de Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios, y delito contable.

Fuentes del entorno de Alberto González ven el escrito como “una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía”. “Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria”, señalan.

La jueza había citado también para este lunes al resto de investigados después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados en la causa. Aún no hay fecha de las nuevas declaraciones.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.

Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.

La pareja de Ayuso está inmersa en este procedimiento mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena tramita la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.

En cuanto a la causa relativa a la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.

“Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021″, recoge la denuncia del fiscal.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito”.

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar “un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, “se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación”.

(Información elaborada por Europa Press)