Han pasado tres años desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia que concedía a los españoles un nuevo derecho: el de muerte digna. La eutanasia ya es una realidad asentada, pero sus cimientos aún no son firmes. Pacientes, familiares y asociaciones denuncian que, después de todo este tiempo, el sistema falla, y reclaman mejoras para que sea un derecho real y accesible.
En una entrevista con la Agencia EFE, Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), denuncia que la duración media del procedimiento es de 75 días, el doble de lo que debería, ya que, sumados todos los plazos establecidos en la ley, el proceso de la eutanasia no debería durar más de 30 o 40 días. Sin embargo, las trabas de los médicos y la burocracia del sistema alargan el proceso cuando se consigue entrar en él.
Los últimos datos que se conocen, publicados en diciembre por el Ministerio de Sanidad, revelan que un total de 746 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en el primer año y medio en vigor de la ley, desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, y a 363 (el 48%) les fue concedida.
Uno de cada tres solicitantes mueren sin la prestación
Una de cada tres personas fallecieron antes de recibir la ayuda, detalla Velasco, que explica que “una de las hipótesis que explican por qué muchas personas mueren antes de recibir la prestación es que algunos solicitan la eutanasia muy tarde, estando ya muy graves. Se trata en su mayoría de enfermos oncológicos”.
Sin embargo, también influye la falta de respuesta rápida por parte de la administración. En este sentido, el presidente recuerda que la ley contempla la posibilidad de acortar los plazos de tramitación cuando el fallecimiento del enfermo sea inminente. “Es verdad que la mayoría de estos pacientes no mueren mal, se les seda en cuidados paliativos, pero ellos habían pedido una eutanasia”, subraya.
Falta de transparencia
Velasco habla de falta de transparencia en los datos que aportan algunas comunidades autónomas. De hecho, señala que las únicas que han hecho público el informe anual que contempla la ley han sido Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Del mismo modo, no todas las comunidades publican cuántos objetores de conciencia hay en sus hospitales, aunque Velasco asegura que “son una minoría respecto a la totalidad de médicos y médicas colegiados”. Sin embargo, sí que hay una “objeción encubierta o la objeción de conveniencia”, que se da sobre todo en Atención Primaria, donde la mayoría de los profesionales están saturados y cuando reciben una solicitud de eutanasia piensan: “Lo que me faltaba”.
Un derecho reñido
España fue el quinto país en el mundo que reguló la eutanasia, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, se aprobó la ley promovida por el PSOE, que tuvo que enfrentarse al Partido Popular y a Vox, que no solo votaron en contra, sino que también la llevaron ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de tumbarla. Los dos recursos fueron rechazados y la ley continuó vigente para garantizar este derecho.