Los policías que piden legalizar el cannabis y derogar la ‘ley mordaza’: “Nos tachan de extrema izquierda y sufrimos acoso”

Son unos rara avis en la Policía Nacional, un cuerpo de seguridad jerárquico, disciplinado y donde los trapos sucios se lavan de puertas para adentro. Pese al derecho de sindicación, no es habitual que existan voces demasiado disonantes sobre asuntos que atañen a su labor. El sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) es una excepción: está a favor de la legalización del cannabis en España y en contra de la actual ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley mordaza. En las últimas elecciones al Consejo de Policía, fueron la séptima organización más votada con el apoyo de 208 agentes.

Manuel Soler, uno de sus fundadores y portavoz nacional, explica en una conversación con Infobae España que su fin último es el de conseguir la “plena libertad sindical” en el seno de la Policía Nacional. Hasta la fecha, los agentes tienen reconocido este derecho, pero las organizaciones sindicales del Cuerpo no funcionan como un sindicato de clase al uso. Cuentan con representación en el Consejo de Policía, presidido por el ministro del Interior, y en el que también comparecen representantes de la Administración.

Una de las posturas más controvertidas del sindicato ARP es su oposición a la ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza, que, a juicio de su portavoz, “utiliza a los policías como represores”. De hecho, la entrada en vigor de la norma motivó la fundación de este sindicato. Por ejemplo, rechazan que “se pueda cachear a una persona por simples sospechas” y afirman que su aplicación “ha perjudicado la imagen de la Policía Nacional en la sociedad”.

Otro reciente pronunciamiento de ARP que ha sido criticado en el seno del Cuerpo es su posición a favor de la legalización del cannabis en España. Manuel Soler argumenta que “es la mejor forma de erradicar el narcotráfico” ya que, bajo su punto de vista, en la actualidad la Policía Nacional “no trabaja por erradicar” este fenómeno criminal y “utiliza” a sus agentes como “recaudadores”. “La Policía tiene que entender que en España hay 1.500 clubes de consumidores donde la gente va a conocerse y a compartir experiencias”, añade.

Soler alaba a los agentes destinados a la lucha antidroga, pero subraya que “no tienen medios para hacer frente a la entrada masiva de estupefacientes” y afirma que el levantamiento de actas por tenencia ilícita de sustancias “solo sirve para engordar las estadísticas”. Además, critica que las multas son “astronómicas” cuando “cada uno es libre de tener sus adicciones”.

Este tipo de manifestaciones han provocado numerosas represalias contra ARP y sus representantes: “Nos tachan de extrema izquierda y sufrimos acoso, tanto de algunos compañeros como de los mandos”. Desde su fundación, el sindicato ha llegado a contar con 1.600 afiliados, aunque su portavoz prefiere “no dar pistas” sobre la cifra actual. Su organización, al contrario que el resto de sindicatos, no es jerárquica, y no existe la figura de un secretario general, sino la de varios “coordinadores”. Uno de los primeros que ostentó ese cargo perdió temporalmente su puesto en el Cuerpo por una falta muy grave.

Soler relata que ha sido víctima de “investigaciones extraoficiales” y tiene “constancia” de haber estado bajo la lupa de la Unidad de Asuntos Internos. “Hemos sido perseguidos y lo seguimos siendo”, continúa. Pese a todo, este particular sindicato seguirá su lucha por “cambiar las cosas desde dentro”.