Àgueda Micó (Compromís): “Si abrimos el melón de reformar el sistema de financiación, tiene que haber una solución para el País Valencià”

Àgueda Micó (Ollería, 1978) es la secretaria general de Més Compromís y diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso. La portavoz adjunta de la coalición liderada por Yolanda Díaz en la Cámara Baja ha alzado la voz durante esta semana contra la intención del PSOE de acordar con ERC una financiación singular para Cataluña en el marco de la investidura de Salvador Illa. Aunque defiende que la reivindicación de saldar la deuda histórica con la Comunidad Valenciana no es incompatible con entender que Cataluña quiera solucionar sus problemas de financiación, la dirigente valenciana deja claro al PSOE que votará en contra de una financiación singular para este territorio si no tiene en cuenta al resto de comunidades y, concretamente, “la infrafinanciación del País Valenciano”.

Pregunta: La actualidad política nos obliga a hablar en primer lugar de la reapertura de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exdirigente de Compromís. ¿Cree que la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, en contra del criterio del juez instructor y la fiscalía, tiene alguna finalidad política?

Respuesta: Pensamos que este es un caso clarísimo de lawfare desde el minuto cero. Por tanto, apoyo absoluto a nuestra compañera Mónica Oltra. Y no solo a ella, sino a todas las personas de la Consellería de Igualdad que están investigadas en este caso (un total de 14 compañeros y compañeras), que están padeciendo este ensañamiento de la extrema derecha. Hay una cosa clarísima, y es que tanto el juez instructor como la Fiscalía tienen clarísimo que el caso no tiene nada, que el caso está totalmente cerrado. Por tanto, entendemos que es una maniobra más, tanto de la acusación particular como de la acusación popular, con la connivencia de la Sala Cuarta de la Audiencia de Valencia, para intentar ir un poco más allá en este tema.

Sabemos que esto es cuestión de tiempo que se cierre, porque no hay nada y, por tanto, apoyo absoluto a nuestra gente. Quiero denunciar una vez más que la persecución política a nuestras dirigentes, de la gente que ha trabajado para transformar, para mejorar la vida de la gente, sigue siendo un canal que utilizan la derecha y la extrema derecha para que no haya gobiernos progresistas.

P: A raíz del caso judicial que afecta a Begoña Gómez, Pedro Sánchez entonó recientemente el mea culpa por haber guardado silencio ante otras campañas de acoso contra otros políticos de su mismo espectro, entre ellos, su excompañera de Compromís. ¿Llega tarde el presidente?

R: Un poco sí, la verdad, porque este tema a nosotros nos afecta desde hace muchos años. Esta persecución la han padecido Mónica Oltra y nuestros compañeros y compañeras de la Consellería de Políticas Inclusivas. Pero no solo ellos y ellas, también otros miembros del Gobierno valenciano, del Ayuntamiento de Valencia, y gente de Compromís desde que hemos estado en el Gobierno. Y es verdad que parece que el Partido Socialista, hasta que no lo ha vivido en primera persona, no ha sido consciente de la magnitud de la tragedia que implica la utilización y la connivencia político-judicial en contra de los gobiernos de izquierda.

Es verdad que nosotras llevamos trabajando para acabar con este lawfare desde hace mucho tiempo. Lo primero que han hecho los gobiernos de derecha y de extrema derecha en las comunidades autónomas donde ahora gobiernan, como la nuestra (la Generalitat Valenciana), es acabar con los instrumentos que nosotros pusimos encima de la mesa para volver a la opacidad, para quitarle transparencia a la administración pública, para volver a las puertas giratorias, y controlar y manipular las instituciones públicas parlamentarias, la radiotelevisión pública valenciana. El Partido Socialista llega tarde.

P: La otra patata caliente de la semana es la financiación singular para Cataluña. Compromís, como fuerza valenciana, ha mostrado su enfado ante la posibilidad de que el Gobierno pacte de manera bilateral con ERC este asunto mientras relega al resto de comunidades a una mesa multilateral. ¿A qué se oponen exactamente?

R: Más que una oposición, lo que creemos o lo que queremos es una posición muy seria respecto a un tema que para nosotras es clave y esencial. La infrafinanciación del País Valenciano viene desde hace mucho tiempo. Nosotras tenemos representación parlamentaria desde el año 2011 en el Congreso y desde el minuto cero hemos puesto encima de la mesa soluciones, no solo para acabar con la infrafinanciación valenciana, sino para avanzar con un sistema de financiación que sea más responsable y que tenga en cuenta que las competencias más importantes del Estado de Bienestar (sanidad, educación, políticas inclusivas y políticas sociales) son competencias autonómicas.

Por tanto, la base principal de nuestra propuesta es que necesitamos más recursos económicos. Todas las comunidades autónomas, porque somos las que tenemos estas competencias asignadas constitucionalmente. En el caso valenciano, el tema es mucho más grave por dos motivos esenciales. Primero, porque hubo una transferencia competencial en los años 80 que no se adecuó económicamente a la transferencia competencial; y por otro lado, porque hemos tenido un incremento poblacional a lo largo de estos años que no se tiene en cuenta en el reparto del sistema de financiación. Esto provoca que, en estos momentos, el Estado tiene con los valencianos y valencianas una deuda histórica de más de 44.000 millones de euros provocada por esta situación de infrafinanciación.

Claro, cuando el Partido Socialista dijo el pasado fin de semana que Cataluña necesita una situación de financiación singular, nosotras lo entendemos porque somos conscientes de la problemática propia del País Valenciano y somos conscientes de que también Cataluña tiene esta problemática. Por tanto, esto no es una confrontación. La posición de Compromís, que quede claro, no es una confrontación entre territorios.

No queremos ser ni más ni menos que otros territorios, pero es verdad que no tiene ningún sentido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), hace mes y medio decía que no se podía acometer una reforma del sistema de financiación sin tener en cuenta a todas las comunidades autónomas, y ahora se pueda realizar una reforma de financiación singular porque al PSOE le interesa particularmente para investir a Salvador Illa en Cataluña.

Por tanto, si se pone encima de la mesa una reforma del sistema de financiación, sea la que sea, se tiene que tener en cuenta la situación de la infrafinanciación de las valencianas por una cuestión de legitimidad, por una cuestión de seriedad y por una cuestión de justicia con nosotras. Entonces, nuestra crítica al Partido Socialista va por ahí, teniendo en cuenta que queremos, obviamente, que Cataluña pueda solucionar sus problemas de financiación. Claro que sí. No son incompatibles nuestras posturas.

P: En caso de que haya una propuesta concreta sobre la financiación de Cataluña para investir a Illa y de que se vote en el Congreso sin el acuerdo de las comunidades, ¿qué votarán?

R: Tenemos un acuerdo de gobierno y queremos que el Partido Socialista cumpla su acuerdo de gobierno. Si efectivamente abrimos el melón de revisar y reformar el sistema de financiación, tiene que haber una solución para las comunidades infrafinanciadas y, concretamente, para la situación del País Valencià. Sin esa solución encima de la mesa, evidentemente, no podemos dar apoyo a una reforma del sistema de financiación porque sería una hipocresía por parte del PSOE, que solo quisiera reformar una situación concreta cuando nosotras llevamos desde el minuto cero poniendo encima de la mesa soluciones para nuestra situación y para la de todos y todas.

Entiendo que si el PSOE en algún momento pone encima de la mesa una posible solución, lo hará teniendo en cuenta todas las necesidades. Si no, sabe que los diferentes partidos políticos, los diferentes territorios, no van a dar apoyo en el Congreso de los Diputados a esa reforma. No es una cuestión concreta que se tenga que votar y aprobar en el Parlamento de Cataluña. Esto es otra cuestión. Esto depende de su capacidad negociadora, su capacidad de acción política e institucional en Cataluña. Estamos hablando de una cosa que se tiene que aprobar en el Congreso. Por tanto, de verdad, ojalá esto sirviera para que pudiéramos negociar de forma seria el sistema de financiación, porque lleva caducado desde el año 2014. Hay que recordar que el sistema que se aplica ahora es del año 2009 y estamos en el 2024.

P: Teniendo en cuenta la mayoría ajustada que invistió a Sánchez, y después de que el melón de la reforma de la financiación se ha abierto, ¿valoran supeditar su apoyo a Sánchez a este tema?

R: Claro, de hecho hay una cuestión básica. Como sabemos que la reforma del sistema de financiación necesita unos consensos amplios y que no es fácil que se realice porque llevamos negociándolo desde el 2011, nosotros establecimos en el acuerdo de Gobierno que hubiera una compensación específica por la infrafinanciación valenciana en todos los Presupuestos Generales del Estado hasta que se diera esta reforma. Tenemos el apoyo de los 27 diputados y diputadas del grupo plurinacional para que esto sea una realidad.

Si ahora recuperamos la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para aprobarlos para el año 2025, las transferencias específicas para el País Valencià, para solucionar la infrafinanciación, es una de las bases de esta negociación. Y no solo lo reivindicaremos y lo negociaremos los diputados de Compromís, sino que será una reivindicación de todo el grupo plurinacional, porque es un acuerdo de gobierno y los acuerdos de gobierno se cumplen.

P: En una eventual negociación sobre la reforma del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Govern de Carlos Mazón sería el encargado de defender la postura de la Comunidad Valenciana. Viendo su propuesta, basada en la bajada del IVA a las CCAA, ¿Compromís se sentiría representado? ¿Cuál sería la solución para poner de acuerdo a todas las CCAA?

R: No nos representa. Obviamente, la bajada de impuestos nunca va a ser una cuestión que Compromís y los partidos progresistas podamos apoyar. De hecho, es al contrario. Lo que hace falta es una reforma fiscal en profundidad que haga que los más ricos, sean de donde sean, de todo el Estado, paguen más. La base esencial de la financiación de las comunidades autónomas, como he dicho al principio, es poder desarrollar las competencias en educación, en sanidad, en políticas sociales, y esto necesita de financiación, necesita de ingresos económicos por parte del Estado en su conjunto, teniendo en cuenta que el Estado son instituciones municipales, autonómicas y el Gobierno central.

En el caso del País Valenciano, en 2017 creamos la Plataforma per un Finançament Just, una plataforma en la que estamos todos los movimientos sociales, todos los sindicatos, la patronal y los partidos políticos. Hemos liderado un espacio conjunto y colectivo con una propuesta conjunta para abordar la reforma del sistema de financiación desde el punto de vista de los valencianos y valencianas, pero acometiendo y proponiendo una reforma para el conjunto del Estado. Y en esta reforma no se habla de bajada de impuestos.

Por tanto, el Partido Popular y Carlos Mazón, cuando dicen esto, solo se representan a ellos mismos. De hecho, no representan ni a Vox, que no está de acuerdo en que haya una financiación autonómica porque quiere recentralizar el Estado. Por tanto, Carlos Mazón no representa al conjunto de valencianos y valencianas y la reforma de financiación tiene que acometerse a nivel estatal, con una reforma fiscal que haga que los que más tienen, más paguen. Creemos que la redistribución de los recursos es esencial, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Y esta cuestión para nosotras es esencial. Y la reforma del sistema de financiación, en último término, la aprueba el Congreso de los Diputados. Y, en estos momentos, hay una mayoría, que es la mayoría de investidura, que tiene una sensibilidad de redistribución de la riqueza que no tiene el Partido Popular.

P: Hablan del PSOE, pero ustedes forman parte del grupo parlamentario de Sumar, que es socio de Sánchez en el Gobierno. ¿Qué papel tendría que tener Yolanda Díaz en estas negociaciones como interlocutora de Sumar?

R: De hecho, Yolanda Díaz, tanto el día en que se firmó el acuerdo de gobierno como siempre que puede y se habla de la financiación, reconoce la situación particular de infrafinanciación, que es la más grave que vivimos los valencianos y valencianas. El grupo plurinacional es muy consciente de la necesidad de esa reforma, de la necesidad que se solucionen los casos más graves, como el nuestro, y de que haya un reparto que tenga más que ver con que haya una redistribución de recursos económicos que vayan del Estado al conjunto de todos los territorios, de todas las comunidades autónomas. Y esta es un poco la base en la que todos y todas estamos de acuerdo.

P: Hablando de Sumar, otro melón político es la reconstrucción de la izquierda alternativa después de los malos resultados cosechados en las últimas elecciones. Compromís siempre se ha desvinculado de la izquierda estatal más allá de las coaliciones electorales. En el marco de este debate, y desde fuera, ¿ve posible que se vuelvan a tender los puentes entre Sumar y Podemos en algún momento?

R: Efectivamente, desde fuera, porque nosotras no formamos parte de este espacio. Compromís, como sabéis, somos un partido político, un proyecto de estricta obediencia valenciana que sí que queremos y sabemos que es necesario colaborar de forma horizontal, de tú a tú, con otras formaciones políticas para que realmente todo aquello relativo a las políticas sociales de transformación y mejora de la vida de la gente, se lleve a cabo. Pensamos que sí, que es necesario que haya puentes y que haya relaciones, pero creo que son ellos y ellas los que tienen que establecer esas relaciones.

La fortaleza de la izquierda en este momento pasa por tener en cuenta la necesidad de que haya estructuras políticas arraigadas a los territorios y que podamos colaborar cada cada uno de nosotros, desde nuestra posición, desde la diversidad y desde la plurinacionalidad, que tiene mucho que ver con la cultura y el contexto en el Estado español.

P: Sobre la regeneración democrática que plantea el Gobierno, una de sus propuestas estrella será una ley anti-bulos. Aunque Sánchez habla de aplicar la ley europea de medios, ¿cree que el Ejecutivo debería regular la profesión sin tener en cuenta a los propios periodistas?

R: Evidentemente, ni esta ni ninguna. No se pueden regular así cuestiones tan complejas, como la libertad de información y la libertad de expresión, que están están estipuladas en la Constitución como un derecho fundamental. El derecho a la libre información se tiene que hacer de una forma muy respetuosa con esa libertad de los medios. Pero, de verdad, más allá de esta cuestión, y es verdad que a todos nos afectan los bulos de determinados pseudomedios, hoy el problema va mucho más allá. Lo acabamos de ver al principio de esta entrevista, cuando hablábamos del lawfare que estamos padeciendo muchos partidos políticos y, en nuestro caso concreto, Mónica Oltra. Tenemos que replantearnos realmente el papel del Poder Judicial y la fiscalización que se puede hacer si determinados jueces o magistrados no realizan bien su función judicial con objetividad.

Y para esto también tenemos que abordar, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Tendremos que realizar políticas activas a favor de la democratización del acceso al Poder Judicial. En estos momentos vemos que para poder prepararte unas oposiciones para ser juez, necesitas tener una capacidad económica concreta para poder prepararte bien estas oposiciones, y la gente de las capas sociales medias y bajas no tiene la misma capacidad de acceder al Poder Judicial que la gente de un estrato social más alto.

Esto es lo que realmente tenemos que abordar si queremos acabar con el lawfare, si queremos acabar con los bulos de determinados medios, con el discurso de la extrema derecha, tenemos que ser valientes.

P: Por tanto, ¿cree que la renovación del CGPJ tiene que venir aparejada de una reforma del sistema de elección de los jueces?

R: Es un tema delicado y es verdad que encontramos, a nivel de política comparada, diferentes modelos. Lo que sí que creo es que, si se aborda esta reforma del sistema de elección de los jueces, no se puede hacer sin tener en cuenta que la soberanía popular reside en el Congreso y en el Senado. En Compromís no estamos de acuerdo en que sean los jueces los que elijan la dirección de los jueces, porque eso es quitarle capacidad democrática, y de control democrático y parlamentario, a la sede donde reside la soberanía popular. Esta es una cuestión, por ejemplo, que tenemos clarísima.