El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de junio la subida salarial de los empleados públicos del 2,5% prevista para 2024. Se aplicará con carácter retroactivo desde enero, tal y como informaron los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General del Trabajo (UGT). Esta subida se enmarca en el incremento previsto para el sueldo de los funcionarios de este año, que contempla un incremento del 2%, más un 0,5% adicional dependiendo de la evolución del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado).
El acuerdo contempla un incremento fijo del 2%, al que se añadiría un porcentaje adicional dependiente de la evolución de los precios. Si la suma de la variación del IPCA entre 2022 y 2024 supera el incremento retributivo acumulado de esos mismos ejercicios (8%), se aplicará un aumento salarial adicional, del 0,5%. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPCA de 2022 fue del 5,5% y el de 2023 cercano al 3,3%, lo que suma un 8,8%, superando el límite establecido para aplicar esta subida adicional.
Cuánto subirán y cuándo se cobrarán
Este aumento de base no incluye la aplicación de los trienios. Por cada trienio, un funcionario de clase A1 recibe 49,83 euros adicionales y uno del Grupo C2, 15,76 euros. A modo de ejemplo, esto es lo que cobraría un funcionario del Grupo A, donde la subida se traduce en 0,99 euros más por cada trienio.
- Con 1 trienio: 1.371,31 € (26,88 € más).
- Con 2 trienios: 1.428,66 € (27,88 € más).
- Con 3 trienios: 1.479,50 € (28,88 € más).
- Con 4 trienios: 1.530,35 € (29,87 € más).
Según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta medida está incluida en el nuevo decreto para hacer frente a la crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania. La nómina se actualizará de forma inmediata, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.
El Gobierno trató de agilizarla a través de una enmienda
PSOE y Sumar ya intentaron adelantar la aplicación de la subida salarial prevista para los funcionarios en 2024 sin esperar a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales, mediante una enmienda en la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis, que incluía un incremento salarial del 2% con opción a medio punto adicional. Al no haberse dado aún ‘luz verde’ a este decreto en las Cortes Generales, y ante la aprobación el martes de la prórroga de algunas medidas del decreto anticrisis que expiraban a finales de este mes, el Gobierno habría decidido, según señalan los sindicatos, aprobar en Consejo de Ministro la subida salarial del 2,5%.
“Aunque tarde, se da un paso más en el cumplimiento del acuerdo”, destacaban mediante un comunicado los sindicatos CCOO y UGT. A pesar de este avance, las dos organizaciones sindicales continúan trabajando para el cumplimiento del acuerdo y negociando la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, con el objetivo de cerrar el acuerdo antes del verano. En 2022, los sueldos de los empleados públicos aumentaron un 3,5%, y otro 3,5% en 2023. En 2024, lo harán un 2,5%, lo que supone una subida acumulada en tres años del 9,5%.
El Gobierno aprobará una oferta de empleo público récord
La Oferta de Empleo Público (OEP) en 2024 ascenderá a 40.121 plazas, según informaron desde UGT el pasado miércoles. De ellas, 20.840 serán de turno libre, y al menos 10.600 corresponderán a promoción interna. A ellas hay que sumar la oferta de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna).
La nueva OEP mantendrá las medidas con las que se agilizan los procesos selectivos, se espera que se convoquen antes del 30 de noviembre de 2024. Además, promueve la convocatoria territorializada y diferenciada de plazas para cuerpos generales, sobre todo en los subgrupos C1 y C2, en áreas de difícil cobertura y alta temporalidad.
Según la información proporcionada por el sindicato, se reservarán al menos el 30% de las plazas del turno libre a la promoción interna, de acuerdo con el artículo 108.2 del Real Decreto-Ley 6/2023. El documento también reafirma el compromiso de reservar un 10% de las plazas para personas con discapacidad, dedicando un 2% de ellas a personas con discapacidad intelectual. En cuanto a los procesos de estabilización, se resalta la necesidad de completarlos antes del 31 de diciembre de 2024 para mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8%.