“Palcos infantiles” en ferias taurinas de Badajoz: la Fundación Franz Weber se queja ante el Defensor del Pueblo

La Fundación Franz Weber, que promueve la abolición de la tauromaquia, ha presentado una queja al Defensor del Pueblo en la que solicita a la institución que investigue el llamado “palco infantil” que se promociona para la feria taurina de Badajoz como “fórmula para buscar relevo generacional”.

La empresa promotora, explica la fundación en un comunicado, ofrece un acceso gratuito y sin acompañamiento directo a niñas y niños desde cinco años, que permanecen en un espacio reservado de la plaza “sin que estén en el mismo sus familiares o tutores y donde presencian un espectáculo de evidente maltrato animal”, denuncia. Esta iniciativa, añaden, es contraria a las recomendaciones que ha realizado en 2018 y 2023 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha pedido al Estado español evitar la participación o presencia de menores de 18 años en la tauromaquia “para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros”.

Por ello, la ONG pide al Alto Comisionado que revise el cumplimiento por parte de España de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Informes de Observaciones Finales que el Comité realiza tras valorar las explicaciones del Gobierno central después de sus periodos plurianuales de evaluación, situación extensible al Ayuntamiento de Badajoz, ya que su imagen corporativa aparece en el mismo cartel promocional.

Las actividades, explica Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia de esta ONG, “se venden con dibujos de carácter infantil, muy lejos de la realidad que rodea a la tauromaquia, donde los bóvidos son torturados de forma continuada y con el apoyo explícito del consistorio pacense”. “Se intenta acercar a niños de muy corta edad a una práctica donde pueden ver sangre, los bramidos de dolor de los animales y todo aderezado con los comentarios de refuerzo positivo de monitores o incluso profesionales taurinos.”

Este tipo de promociones, concluye Pérez, “no deberían estar disponibles” y de hecho, añade, ya son ilegales en tres comunidades: Galicia, Cataluña e Islas Baleares, “por lo que no tiene lógica que continúen sabiendo el efecto que causa la exposición a la violencia en infancia y adolescencia”.