San Fernando de Henares se prepara para nuevos derribos de viviendas por la línea 7B de Metro: “¿Cuándo me tocará a mí?”

Si tuvieras que salir corriendo de casa, ¿qué es lo primero que cogerías? Adriana sabe muy bien su respuesta: desde hace un par de años, vive con una maleta preparada, en la que guarda los documentos más importantes (”la hipoteca, el pasaporte...”) en caso de que su vivienda sea la siguiente en caer a causa de las obras de la línea 7B de Metro Madrid.

Ella lleva 25 años en San Fernando de Henares y, desde su balcón, ha visto cómo desaparecían las casas de sus vecinos, una tras otra. En algún momento, asegura, era capaz de sacar la mano por la ventana y tocar la maquinaria utilizada para el derribo de las viviendas. “Lo tienes ahí, al límite. Piensas ‘¿cuándo me tocará a mí?’”, se pregunta. Su bloque de edificios llegó a ser desalojado “hace dos o tres Navidades”. Después de esa experiencia, empaquetó todo lo que tenía en el salón, hasta que terminó por sentirse incapaz de entrar en la estancia. “Era como si estuviera en un almacén, como si estuviera de paso siempre”. Antes del último invierno, decidió volver a colocarlo. “Si se cae, que se caiga todo. Mientras no me pille a mí y a mis gatas, lo demás me da igual”, dice.

En una situación similar viven cientos de vecinos de este municipio, que sufren desde hace quince años las consecuencias de la ampliación de la línea 7 de metro. “Esperanza Aguirre puso el epicentro del problema que se vive, 15 años después, de angustia de todas estas familias y pequeños comerciantes, decidiendo cambiar el trazado de la línea 7B de metro sin un informe técnico”, afirma desde la oposición Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, durante una visita al municipio. “Después de cinco años de Ayuso siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, sigue sin hacer nada”, asegura. Más Madrid señala que la información al respecto es “total y absolutamente opaca”. “No nos dan los datos, ya no solo de los gastos, sino de las mediciones, de los informes técnicos que hay, de los informes geológicos que se vienen haciendo desde hace una década”, critica la diputada María Acín.

Actualmente, hay más de 600 viviendas afectadas, 41 han sido derribadas y este mes de junio desaparecerán otras 32, según ha comunicado la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras. Los trabajos ya han comenzado en los edificios ubicados en la calle Pablo de Olavide y la calle Rafael Alberti. “En los próximos días traerán la maquinaria pesada y empezarán a demoler”, asegura Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro. “Es una negligencia que no tiene precedentes en España” que “ha hundido un municipio de 36.000 habitantes con una infraestructura pública, además haciendo uso de ella de forma absolutamente partidista”, asegura Escribano.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha abonado 63 indemnizaciones de los 79 expedientes de responsabilidad patrimonial, por un coste que ronda los 9 millones de euros. “Nos quedan ejecutar 32 familias que hay que iniciar los expedientes de responsabilidad patrimonial en base a tres edificios, en este caso Rafael Alberti y Paula Calonge, que hay que hacer tres derribos específicos. Y lo que queremos es hacerlo cuanto antes con el fin de intentar por todos los medios solventar esta situación”, informó el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, a finales de mayo. Igualmente, afirman haber mantenido y acondicionado la zona más afectada, y esperan poder empezar con la urbanización definitiva de las calles afectadas por las obras de inyección de mortero para el refuerzo de los muros.

No obstante, Escribano no considera suficientes las acciones por parte del ejecutivo madrileño. El joven ha tenido problemas en su vivienda desde el año 2008 y fue desalojado en abril de 2022, cuando le mandaron a “un apartahotel de 20 metros cuadrados en un polígono industrial”. “Al principio empiezas a ver cómo tu vivienda, poco a poco, se va desgastando, cómo las puertas no se abren, las ventanas no se cierran... Hasta que te desalojan una primera vez, para arreglártela. Te desalojan una segunda vez y a la tercera, te vas de tu casa sin ninguna solución”, critica.

Ahora, alquila una casa por 1.200 euros al mes, mientras espera el pago de las indemnizaciones, calculada a partir del precio medio de una vivienda en el municipio, pero esta se queda por debajo de las rentas que tiene pagar. “Si te tiran la casa y te tienes que pagar el alquiler mientras vas a juicio, ¿de qué sirve la indemnización?”, dice el vecino de San Fernando. Asimismo, ha recordado que no solo las viviendas “en la zona cero” han sufrido las consecuencias de las obras, sino que hay más vecinos “que no existen a los ojos de la Comunidad de Madrid, cuyas viviendas están agrietadas desde el año 2018 y ninguna administración ha ido a preocuparse por ellos”.

Desde la plataforma de afectados, piden que se cree un pacto de Estado similar al de la Cañada Real, que integre “a todas las administraciones” pertinentes y “permita devolver el parque urbanístico de nuestro municipio a las familias afectadas”. En conclusión, defiende Escribano, “un pacto de Estado que dé una solución técnica definitiva para esta pesadilla que nos ha generado la Comunidad de Madrid”.