Los empresarios piden al Gobierno que aligere la regulación a las empresas “intermedias” de 500 a 1.499 trabajadores

España tiene un tejido empresarial de tamaño reducido: casi el 53% del empleo se concentra en empresas de menos de 50 trabajadores y las microempresas (de menos de diez) son el 94,6% del parque total existente. El menor tamaño empresarial, junto con un déficit de productividad para el promedio de las empresas, resulta en un dinamismo inferior en comparación con la UE, algo que contribuye a la falta de convergencia en PIB per cápita. Aunque hay un conjunto amplio de motivos detrás de estos problemas, la regulación suele ser señalada como la gran culpable.

Así se recoge en el capítulo escrito por Antonio Oporto, secretario general del Círculo de Empresarios, en el informe El reto del tamaño empresarial de España publicado este martes por el Instituto Español de Analistas (IEA). El economista y empresario propone que se desarrolle una nueva taxonomía de tamaño empresarial en la UE, pero también en España, para fomentar el crecimiento empresarial y paliar las cargas administrativas. En concreto, plantea al Gobierno crear una nueva categoría de empresas entre las grandes y medianas, las “intermedias” (large mid cap) con un rango de empleo entre 500 y 1.499 empleados. Estas son minoría en España, menos del 1%.

“En líneas generales, se considera que el tamaño está muy afectado por la carga normativa y burocrática, así como por las regulaciones fiscales y laborales”, defendió Oporto durante las reuniones para elaborar el informe coordinado por Ángel Gavilán, director general de economía y estadística del Banco de España. Oporto señala específicamente dos trabas regulatorias al crecimiento. Por una parte, la conocida entre los empresarios como la “maldición del empleado 50″, que conlleva una serie de obligaciones en materia sindical, como la creación de un comité de empresa.

Por otra, las mayores obligaciones fiscales y de auditoría cuando una empresa sobrepasa los seis millones de euros de facturación. A partir de esta barrera, la Agencia Tributaria tiene una unidad especial de grandes contribuyentes que ejerce un control más exhaustivo. Según coincide en otro artículo del informe David López, economista del Banco de España, estas dos regulaciones terminan influyendo en una “mala reasignación de recursos hacia empresas menos productivas y de menor tamaño”.

“La tasa de crecimiento de las ventas y la probabilidad de aumentarlas cae cuando se aproximan al umbral de los 6 millones de euros, que determinan un mayor control tributario”, señala el economista. Esto se debe a que una mayor dimensión implica “operar con mayores tipos impositivos sobre beneficios y valor añadido” que si tuvieran un control menor. Es decir, las empresas prefieren, aplicando distintas estrategias, quedarse bajo el radar de esos límites a sobrepasarlos y por eso surge la propuesta de Oporto, que no parece que vaya a calar en el Gobierno.

La idea de Oporto está inspirada en el borrador publicado por la Comisión Europea en septiembre de 2023 para renovar las políticas dirigidas a las empresas en función de su tamaño. El Ejecutivo comunitario propuso a las demás instituciones europeas crear una categoría adicional entre la pequeña y mediana empresa, la pequeña empresa intermedia, aunque no sugirió lo mismo en un plazo inmediato para las empresas que se ubican entre las medianas y las grandes, como plantea el Círculo de Empresarios.

Por el momento el Gobierno ha implantado en los últimos años tipos reducidos en el Impuesto de Sociedades para pymes y para startups y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretende aprobar nuevas medidas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas con la “complejidad administrativa” a través de gestores inteligentes. Cuerpo espera tener “resultados prácticos” en este ámbito antes de final de año para que las pymes puedan acogerse y su desarrollo se hará en paralelo a la puesta en marcha del Consejo de la Productividad, foro en el que se tratarán las medidas para mejorar este indicador.

Uno de los asientos del futuro consejo, que previsiblemente verá la luz en julio, será para el Banco de España, que defiende precisamente que las cargas burocráticas suponen un freno al crecimiento empresarial. Según ha detallado Gavilán durante la presentación del informe del IEA en Madrid este martes, “no hay una única receta para reducir los obstáculos al crecimiento empresarial, pero algunas recomendaciones son bien conocidas”.

Entre ellas incide en que el volumen y la complejidad de la regulación de la actividad económica ha crecido “de forma muy significativa” en los últimos años y que en España hay “un número elevado de normas” entre regiones y municipios que “pueden incidir negativamente” en las decisiones de los agentes económicos. “Todo ello limita las posibilidades de las empresas para crecer y reduce sus incentivos para innovar y especializarse”, ha recalcado el supervisor bancario.

Otros factores a los que se está prestando menos atención, pero que también influyen en la baja productividad empresarial son al menos otros cuatro más detectados por López en su artículo: déficit de capital humano; falta de I+D+i; dificultades de acceso a financiación de las pymes y problemas de eficacia en el funcionamiento del sistema judicial.