La Fiscalía pide al Supremo amnistiar todos los delitos a Puigdemont y a Tsunami Democràtic y retirar la orden de arresto contra el expresident

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que amnistíe los delitos de terrorismo que se atribuyen al expresidente catalán Carles Puigdemont con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y a los imputados en la causa de Tsunami Democràtic, que organizaron las protestas, así como que se declare como amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados, entre los que se encuentra también el exvicepresident Oriol Junqueras y los prófugos, además de Puigdemont, los exconsellers -Toni Comín y Lluis Puigm y Marta Rovira, dirigente de ERC.

Así lo ha pedido el ministerio público a la sala segunda del alto tribunal este miércoles, 19 de junio, en varios escritos firmados por la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, al considerar que los actos investigados no reúnen la gravedad suficiente como para quedar fuera de la ley de amnistía. En un segundo escrito, Sánchez pide que también se retire la orden de arresto contra Puigdemont.

Esta noticia llega después de este martes se conociera que la cúpula fiscal respaldaba por la mínima a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que sí abogaba por aplicar la amnistía en contra de los cuatro fiscales del procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que fueron partidarios de no perdonar la malversación y se retirasen del caso tras chocar contra el criterio del fiscal.

Ahora, la Fiscalía defiende que todos los delitos de la causa, incluido el de malversación, pueden ser amnistiados porque no hubo enriquecimiento personal o afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Por esto mismo, han asegurado que los encausados “administraron de forma desleal los fondos públicos con el único propósito de celebrar la consulta independentista, sin que resulte posible apreciar en los condenados otros intereses” de carácter económico o patrimonial. Por tanto, esa conducta “debe ser amnistiada por imperativo legal”.

En respuesta a la pregunta del juez Pablo Llarena sobre si la malversación ocasionó un daño económico a la UE, lo que dejaría fuera del perdón esta conducta, la Fiscalía explica qye “no consta” que los intereses de la Unión se vieran afectados, ya que “los fondos desviados no eran fondos europeos” y “el presupuesto de la Unión no sufrió impacto alguno a causa del desvío de fondos para la celebración de la consulta”.

Por tanto, subraya que no existen razones para concluir que los recursos empleados no fueran recursos propios de la comunidad autónoma, al tiempo que defiende que “para entender que los intereses financieros de la Unión se ven afectados no basta con que la acción ejecutada suponga un perjuicio para el presupuesto nacional”. Y, además, la sentencia y los autos de procesamiento “no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la UE” ni tampoco la Fiscalía Europea ha pedido asumir la causa, lo que da a entender que no hay indicios de daños económicos a Europa.

* Con información de EFE